Me equivoqué otra vez –y ya es costumbre. Pero en ésta me equivoqué durante años, entusiasta. Siempre pensé que uno de los grandes frenos que trababan al estado argentino era la insistente ilegalidad con que la mayoría de los ciudadanos nos relacionamos con él.
Por: Martín Caparrós
Todos sabemos que casi todos lo hacemos. Aunque hay, por supuesto, grados y maneras.
Una cosa es ese tercio largo de los trabajadores que debe resignarse a vivir en negro: que no puede gozar de las garantías y seguridades de trabajar legalmente porque su necesidad y el poder de sus patrones –privados, públicos– consiguen que así sea.
Otra, la costumbre perfectamente generalizada –que muy pocos argentinos desdeñan– de esquivar ciertas cargas: no declarar ingresos, no hacer una factura, coimear a un policía en lugar de pagar una multa. Lo que alguna vez, hace muchos años, llamamos “la corrupción de todos”.
Y otra más, muy distinta, es el complejo sistema de disfraces, desvíos, argucias leguleyas y corruptelas de funcionarios que practican las empresas más o menos grandes para no cumplir con las reglas fiscales.
Son formas muy diversas pero todas responden a esa palabra tan argenta: trucho, trucha. Bien exacta, bien nuestra: no hay, en otros castellanos, términos que definan tan precisos lo que trucho sí. Trucho es como quien dice falso con cariño, te engaño pero con buena onda, no es lo que debería ser pero igual sirve. Trucho incluye, claro, ese resto de aprecio, casi admiración, por los que consiguen truchar bien esto o aquello.
Pero nunca más que en los tratos con el estado. Nos parece lógico “engañarlo”, y tiene alguna lógica: ¿por qué habría que pagarle a un estado manejado por un gobierno que se gasta buena parte de lo que le pagamos en agarrarse al poder y beneficiar a sus amigos? ¿Por qué, a un estado que le sirve a los miembros de ese mismo –y cualquier otro– gobierno para llevársela con pala? ¿Por qué, a un estado que no ofrece a cambio aquello que supuestamente le pagamos: educación, salud, transportes, seguridad, justicia? El estado, con su funcionamiento, justifica el engaño al estado.
El estado pierde, es obvio, por este sistema fortunas –que, últimamente, sin cambiar el mecanismo, está recuperando al incrementar la presión fiscal. Lo que no había entendido es cuánto gana.
El estado se beneficia del sistema truchil tanto como los que supuestamente lo engañan. Un ejemplo reciente: cuando, medio desesperado, el gobierno cambió de táctica en su batalla –la madre tan adoptiva de todas sus batallas– contra el grupo Clarín y, pasado y pisado el 7D, decidió acogotarlo sacándole los avisos de los supermercados.
Fue un caso sorprendente, casi ejemplar: el gobierno nunca emitió un decreto o disposición oficial en ese sentido. Tenía sentido: la orden era tan ilegal que parecía un chiste. Sin la menor chance de legalidad, la opción estaba clara: Cacho, vas a tener que dejar de publicar esos avisos de los fines de semana. No, pero cómo, los publico hace años, me funcionan, tengo un compromiso. Te digo que tenés que cortarla. No, no podés decirme eso. ¿No puedo? No, no podés, yo puedo sacar avisos donde quiero. Ajá, capaz que no puedo. Pero sí puedo revisar tus declaraciones de ganancias del año pasado, ¿no? O chequear cómo y dónde empaquetás ese azúcar tan rara que vendés con tu marca. O si no podemos ver qué pasó con aquella cuenta en las Bahamas…
Y así de seguido, y así con cada uno: el Estado aprovecha la ilegalidad establecida para imponer su voluntad. Si no fuera por esa ilegalidad, todo le resultaría tanto más complicado. Un empresario que tiene “todo en blanco” podría negarse a ciertas cosas, un actor no necesitaría romperse las palmas aplaudiendo, un periodista podría escribir sin esos miedos. Al currarle al estado se entregan a la discrecionalidad del estado; al engañarlo juegan su juego de engaños: se ponen en sus manos.
La ilegalidad media argentina es tan funcional al gobierno del estado argentino como la pobreza de millones de argentinos al mantenimiento de un sistema político clientelar y dependiente. O, dicho de un modo paranoico: somos corruptitos porque al Estado le conviene.
O, incluso: va a ser muy difícil sacudirse la carga de este Estado corrompido, del peronismo que tan bien lo aprovecha, mientras sigamos coimeando al policía del semáforo.
No por nada moral: pura mecánica.
Por: Martín Caparrós
Todos sabemos que casi todos lo hacemos. Aunque hay, por supuesto, grados y maneras.
Una cosa es ese tercio largo de los trabajadores que debe resignarse a vivir en negro: que no puede gozar de las garantías y seguridades de trabajar legalmente porque su necesidad y el poder de sus patrones –privados, públicos– consiguen que así sea.
Otra, la costumbre perfectamente generalizada –que muy pocos argentinos desdeñan– de esquivar ciertas cargas: no declarar ingresos, no hacer una factura, coimear a un policía en lugar de pagar una multa. Lo que alguna vez, hace muchos años, llamamos “la corrupción de todos”.
Y otra más, muy distinta, es el complejo sistema de disfraces, desvíos, argucias leguleyas y corruptelas de funcionarios que practican las empresas más o menos grandes para no cumplir con las reglas fiscales.
Son formas muy diversas pero todas responden a esa palabra tan argenta: trucho, trucha. Bien exacta, bien nuestra: no hay, en otros castellanos, términos que definan tan precisos lo que trucho sí. Trucho es como quien dice falso con cariño, te engaño pero con buena onda, no es lo que debería ser pero igual sirve. Trucho incluye, claro, ese resto de aprecio, casi admiración, por los que consiguen truchar bien esto o aquello.
Pero nunca más que en los tratos con el estado. Nos parece lógico “engañarlo”, y tiene alguna lógica: ¿por qué habría que pagarle a un estado manejado por un gobierno que se gasta buena parte de lo que le pagamos en agarrarse al poder y beneficiar a sus amigos? ¿Por qué, a un estado que le sirve a los miembros de ese mismo –y cualquier otro– gobierno para llevársela con pala? ¿Por qué, a un estado que no ofrece a cambio aquello que supuestamente le pagamos: educación, salud, transportes, seguridad, justicia? El estado, con su funcionamiento, justifica el engaño al estado.
El estado pierde, es obvio, por este sistema fortunas –que, últimamente, sin cambiar el mecanismo, está recuperando al incrementar la presión fiscal. Lo que no había entendido es cuánto gana.
El estado se beneficia del sistema truchil tanto como los que supuestamente lo engañan. Un ejemplo reciente: cuando, medio desesperado, el gobierno cambió de táctica en su batalla –la madre tan adoptiva de todas sus batallas– contra el grupo Clarín y, pasado y pisado el 7D, decidió acogotarlo sacándole los avisos de los supermercados.
Fue un caso sorprendente, casi ejemplar: el gobierno nunca emitió un decreto o disposición oficial en ese sentido. Tenía sentido: la orden era tan ilegal que parecía un chiste. Sin la menor chance de legalidad, la opción estaba clara: Cacho, vas a tener que dejar de publicar esos avisos de los fines de semana. No, pero cómo, los publico hace años, me funcionan, tengo un compromiso. Te digo que tenés que cortarla. No, no podés decirme eso. ¿No puedo? No, no podés, yo puedo sacar avisos donde quiero. Ajá, capaz que no puedo. Pero sí puedo revisar tus declaraciones de ganancias del año pasado, ¿no? O chequear cómo y dónde empaquetás ese azúcar tan rara que vendés con tu marca. O si no podemos ver qué pasó con aquella cuenta en las Bahamas…
Y así de seguido, y así con cada uno: el Estado aprovecha la ilegalidad establecida para imponer su voluntad. Si no fuera por esa ilegalidad, todo le resultaría tanto más complicado. Un empresario que tiene “todo en blanco” podría negarse a ciertas cosas, un actor no necesitaría romperse las palmas aplaudiendo, un periodista podría escribir sin esos miedos. Al currarle al estado se entregan a la discrecionalidad del estado; al engañarlo juegan su juego de engaños: se ponen en sus manos.
La ilegalidad media argentina es tan funcional al gobierno del estado argentino como la pobreza de millones de argentinos al mantenimiento de un sistema político clientelar y dependiente. O, dicho de un modo paranoico: somos corruptitos porque al Estado le conviene.
O, incluso: va a ser muy difícil sacudirse la carga de este Estado corrompido, del peronismo que tan bien lo aprovecha, mientras sigamos coimeando al policía del semáforo.
No por nada moral: pura mecánica.
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