Los límites del acuerdo de precios

Gobierno y empresas están definiendo los últimos detalles sobre la integración de la lista de precios. Por ejemplo, discuten si en tiempos de escasez de divisas tiene sentido incluir naranja y banana, que si bien forman parte de la canasta de consumo popular, su oferta disponible en esta época es mayormente importada. 
POR MARCELO ZLOTOGWIAZDA
Aunque faltan las puntadas finales no hay duda de que el año 2014 comenzará con un nuevo acuerdo de precios que abarcará unos doscientos productos. 

Hay varios motivos para ser escépticos acerca de la efectividad antiinflacionaria de la medida. En primer lugar, se trata de una lista muy acotada de productos, que puede ser útil para quienes los compren intensamente pero que no incidirá en el gasto agregado de la población. Se podrá argumentar que los bienes incluidos representan un alto porcentaje del consumo de alimentos y otros productos básicos, pero es prácticamente imposible que un alto porcentaje del consumo de alimentos y otros productos básicos se concentre en los artículos específicos de la lista. Seguramente habrá en la lista una marca determinada de harina de cierta calidad y peso, pero su fabricante jamás podría abastecer más que una pequeña porción del mercado. Lo mismo vale para cada ítem de la lista.

Los antecedentes tampoco alientan demasiado optimismo. Durante el kirchnerismo ha habido acuerdos de precios de variado tipo. Los hubo con publicación de listados como en 2006 y 2013; en 2008 y 2009 se pegaban cartelitos en las góndolas para los “Productos acordados con el gobierno” que abarcaban trece cortes de carne, y alguna marca de artículos de consumo muy masivo como leche entera en sachet, aceite (el precio estaba impreso en la etiqueta), harina, etc.; e incluso hubo acuerdos puntuales como cuando en 2007 Néstor Kirchner intervino directamente para fijar el precio del kilo de papa en 1,40 pesos.

La historia transcurrida con su inflación acumulada muestra un balance muy poco satisfactorio sobre la efectividad de los acuerdos. El simple hecho de que se esté intentando con un nuevo acuerdo habla mal sobre los anteriores. Que los actuales ejecutantes no exhiban la torpeza de Guillermo Moreno es un dato a tener en cuenta, pero lejos está de compensar las razones para el escepticismo.

Desde su blog Propuestas Viables, el ex titular del INTI y miembro del Movimiento Evita, Enrique Martínez, es particularmente crítico: “Resulta especialmente frustrante e irritante la aplicación durante el pasado reciente de una política superficial de acuerdos de precios, que abarcó a un pequeño grupo de corporaciones minoristas, con fijación de precios por boca de expendio. Estos intentos no sólo fracasan de modo predecible sino que –mucho más grave – bastardean instrumentos de aplicación imprescindibles, dando argumentos livianos pero contundentes a quienes se oponen a la administración de precios”.

Martínez le abre crédito a esta nueva iniciativa y opina que “el intento por colocar el tema en el centro de la mesa y recuperarlo de un tratamiento casi caricaturesco es altamente valorable”. Sin embargo no deja de señalar las debilidades del modo en que se está encarando el tema: “La medida no tiene efecto estructural alguno, ni por sí, ni por otras que la complementen. La administración de precios se hace sobre una estructura que se considera inadecuada, pero que al menos por el momento no se busca modificar”. Puntualmente destaca en forma negativa que se mantenga la inercia concentradora, que no se potencie al sector de pequeños productores, y que no haya coordinación entre los acuerdos de precios y salarios.

Precisamente, el contexto de política económica en el que debuta este nuevo acuerdo tampoco favorece a la moderación de precios. Básicamente, porque hay tres variables clave que ya están o van a estar muy pronto en una dinámica contraria a la desaceleración: salarios, dólar y tarifas. La sorpresiva paritaria policial que se definió en condiciones extorsivas elevó el parámetro con el que se van a desarrollar la próxima tanda de convenciones colectivas, con el agregado de que el Gobierno ha perdido parte de los aliados con que contó durante largos años en la vereda sindical. Cualquiera sea la influencia que tenga la puja distributiva en el nivel de inflación, el panorama de paritarias que se avizora induce a pensar que la pulseada entre el capital y el trabajo no jugará un rol moderador.

Lo mismo puede señalarse respecto del dólar. La gestión de Axel Kicillof en Economía aumentó considerablemente el ritmo devaluatorio, elevando el tipo de cambio oficial un 7,5 por ciento en apenas cinco semanas. Nada asegura que ese aumento se trasladará ni siquiera parcialmente a precios, pero no hay duda de que en nada contribuye a aplacar tendencia.

En tercer lugar, a pesar de que los saqueos detonados por el conflicto policial y los masivos cortes de luz de las últimas dos semanas obligaron al Gobierno a postergar la readecuación tarifaria que ya había sido anticipada oficialmente y que estaba prevista para estos días, la urgente necesidad de desahogar las cuentas fiscales y de acabar con el descomunal despilfarro que implica la gruesa porción de subsidios que beneficia a sectores no necesitados, hace prever que la medida se concretará más temprano que tarde.

Lo más novedoso en materia de política antiinflacionaria es la declaración del nuevo titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, anticipando que “vamos a procurar como objetivo para el año 2014 que la expansión monetaria esté un poquito por debajo del 25 por ciento del año 2013”.

Muchos kirchneristas empecinados en negar dogmáticamente cualquier relación entre déficit fiscal, emisión monetaria y aumento de precios, seguramente considerarán herética la frase de Fábrega. Deberían releer que hubo quien enunció que para alcanzar los objetivos de crecimiento y redistribución del ingreso “respetaremos principios fundamentales que ayuden a consolidar lo alcanzado y permitan los avances necesarios. La sabia regla de no gastar más de lo que entre debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficit por vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menores ingresos”.

Lo dijo Néstor Kirchner en el discurso de asunción el 25 de mayo de 2003.
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