Fuente: Un Medio en Morón
Luego de las elecciones el Gobierno se lanzó hacia una quita de subsidios a los servicios públicos que de no encontrar “sintonía fina”, como se asume, podría generar otras injusticias, más allá de las que se intentan así terminar. Un proceso parecido, abrupto pero trunco, ocurrió en 2008, y derivó en un mar de quejas hacia el Estado.
Aunque esta vez el recorte comenzó sobre empresas y barrios de Capital Federal y GBA sobre los cuáles no caben dudas que pueden absorber los incrementos sobre luz, gas o agua, apenas 15 mil usuarios renunciaron públicamente a los subsidios durante las dos primeras semanas de esa aplicación, sobre más de 5 millones de personas.
Tras reunirse con el ENRRE, Pedro Busetti, titular de DEUCO, aseguró que “la quita de subsidios implica un aumento de tarifas (en el servicio eléctrico), porque el kilovatio pasa de 4 centavos a 28. Hay que agregarle un 35 por ciento de incremento. El Kw. pasará a estar cerca de 40 centavos”. “Es más de 800% de aumento”, afirmó días atrás el dirigente de Haedo en diálogo con el programa Punto de Encuentro (FM Siglo XXI).
Por su parte, el defensor del Pueblo, Abraham Gak, economista cercano al kirchnerismo, dijo que le “parece bien que se reinicie el camino de una equidad en los beneficios, porque los subsidios están financiados por toda la población”. “La zona metropolitana de Buenos Aires está en mejores condiciones económicas que muchos otros lugares que no tienen subsidios”, sostuvo en el mismo ciclo. No obstante, reconoció que habrá “tensiones”.
“Hay que reorganizarlo porque el sistema universal instalado beneficiaba a sectores que no lo necesitaban. Ni siquiera les mejora la situación. Pero la metodología es muy compleja y creo que van a tener que ir corrigiendo los problemas que se vayan presentando. Porque si se elige por barrio van a convivir personas con menos ingresos y sectores acomodados”, consideró el ex rector de la escuela Nacional Carlos Pellegrini (CABA).
“No creo que resuelva el problema de la distribución equitativa - agregó en aquella entrevista radical - . Si uno quisiera mejorar los subsidios en transporte, a lo mejor el SUBE permite calificar mejor a los usuarios. Sería un poco más fácil. Luz y gas van a requerir ajustes finos que va a llevar un poco de tiempo y generar tensiones”.
Adónde dividir
Por su parte, Busetti cuestionó los cambios en la tarifa de electricidad. “Tuvimos una reunión con el ENRRE y se nos anticipó esta medida y se publicó la resolución 1301 – explicó -. Planteamos que la ley de marco regulatorio establece que cada vez que hay una modificación tarifaria debe haber audiencia pública, además de las revisiones anuales. Este debate no se hace desde 2004. Hace 7 años que no podemos discutir las tarifas y el desempeño de la empresa. Nos parece que los usuarios tenemos derecho a saber y discutir las razones”.
El defensor de los consumidores aclaró que la tarifa va por un carril diferente al de la “exhortación” que realizó el gobierno para la “la renuncia de los subsidios”. De todas formas, consideró que en las notificaciones que comenzarán a llegar a los hogares “hay una exigencia de demostrar la condición de pobreza”.
Habrá que ver hasta dónde llega el cuchillo. “En primer lugar, el Gobierno ha dispuesto que haya 600 mil usuarios que están eximidos del aumento de 2008, cuando tuvieron que dar marcha atrás. En esta oportunidad, según el ENRRE, van a seguir eximidas. Pero hay 5 millones de usuarios. Si el 20% tiene alto poder adquisitivo y 600 mil están eximidos, resta contemplar la situación de 3.5 millones de usuarios, que no están en la pobreza, ni tampoco tienen ingresos extraordinarios como para soportar un aumento de tarifas de este tipo”.
Gak considera que “los sectores que más necesitan el subsidio no deben pasar del 30%”. No obstante, cree que hay “trabajadores no registrados no necesitan el subsidio, aunque quitárselo es complejo porque no sabemos qué puede pasar un mes después o un año después”. Según datos del propio Gobierno, seguirían con los aporte del Estado los usuarios con ingresos menores a $5.200. Eso salvaría al 65 por ciento de los usuarios.
Luego de las elecciones el Gobierno se lanzó hacia una quita de subsidios a los servicios públicos que de no encontrar “sintonía fina”, como se asume, podría generar otras injusticias, más allá de las que se intentan así terminar. Un proceso parecido, abrupto pero trunco, ocurrió en 2008, y derivó en un mar de quejas hacia el Estado.
Aunque esta vez el recorte comenzó sobre empresas y barrios de Capital Federal y GBA sobre los cuáles no caben dudas que pueden absorber los incrementos sobre luz, gas o agua, apenas 15 mil usuarios renunciaron públicamente a los subsidios durante las dos primeras semanas de esa aplicación, sobre más de 5 millones de personas.
Tras reunirse con el ENRRE, Pedro Busetti, titular de DEUCO, aseguró que “la quita de subsidios implica un aumento de tarifas (en el servicio eléctrico), porque el kilovatio pasa de 4 centavos a 28. Hay que agregarle un 35 por ciento de incremento. El Kw. pasará a estar cerca de 40 centavos”. “Es más de 800% de aumento”, afirmó días atrás el dirigente de Haedo en diálogo con el programa Punto de Encuentro (FM Siglo XXI).
Por su parte, el defensor del Pueblo, Abraham Gak, economista cercano al kirchnerismo, dijo que le “parece bien que se reinicie el camino de una equidad en los beneficios, porque los subsidios están financiados por toda la población”. “La zona metropolitana de Buenos Aires está en mejores condiciones económicas que muchos otros lugares que no tienen subsidios”, sostuvo en el mismo ciclo. No obstante, reconoció que habrá “tensiones”.
“Hay que reorganizarlo porque el sistema universal instalado beneficiaba a sectores que no lo necesitaban. Ni siquiera les mejora la situación. Pero la metodología es muy compleja y creo que van a tener que ir corrigiendo los problemas que se vayan presentando. Porque si se elige por barrio van a convivir personas con menos ingresos y sectores acomodados”, consideró el ex rector de la escuela Nacional Carlos Pellegrini (CABA).
“No creo que resuelva el problema de la distribución equitativa - agregó en aquella entrevista radical - . Si uno quisiera mejorar los subsidios en transporte, a lo mejor el SUBE permite calificar mejor a los usuarios. Sería un poco más fácil. Luz y gas van a requerir ajustes finos que va a llevar un poco de tiempo y generar tensiones”.
Adónde dividir
Por su parte, Busetti cuestionó los cambios en la tarifa de electricidad. “Tuvimos una reunión con el ENRRE y se nos anticipó esta medida y se publicó la resolución 1301 – explicó -. Planteamos que la ley de marco regulatorio establece que cada vez que hay una modificación tarifaria debe haber audiencia pública, además de las revisiones anuales. Este debate no se hace desde 2004. Hace 7 años que no podemos discutir las tarifas y el desempeño de la empresa. Nos parece que los usuarios tenemos derecho a saber y discutir las razones”.
El defensor de los consumidores aclaró que la tarifa va por un carril diferente al de la “exhortación” que realizó el gobierno para la “la renuncia de los subsidios”. De todas formas, consideró que en las notificaciones que comenzarán a llegar a los hogares “hay una exigencia de demostrar la condición de pobreza”.
Habrá que ver hasta dónde llega el cuchillo. “En primer lugar, el Gobierno ha dispuesto que haya 600 mil usuarios que están eximidos del aumento de 2008, cuando tuvieron que dar marcha atrás. En esta oportunidad, según el ENRRE, van a seguir eximidas. Pero hay 5 millones de usuarios. Si el 20% tiene alto poder adquisitivo y 600 mil están eximidos, resta contemplar la situación de 3.5 millones de usuarios, que no están en la pobreza, ni tampoco tienen ingresos extraordinarios como para soportar un aumento de tarifas de este tipo”.
Gak considera que “los sectores que más necesitan el subsidio no deben pasar del 30%”. No obstante, cree que hay “trabajadores no registrados no necesitan el subsidio, aunque quitárselo es complejo porque no sabemos qué puede pasar un mes después o un año después”. Según datos del propio Gobierno, seguirían con los aporte del Estado los usuarios con ingresos menores a $5.200. Eso salvaría al 65 por ciento de los usuarios.
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