Análisis sobre el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales, tanto el fracking como la megaminería y los transgénicos. Qué otras alternativas tienen los países en desarrollo como Argentina.
Hay otras alternativas
Por Valeria Arza, Anabel Marin y Patrick van Zwanenberg *Es común escuchar argumentos que defienden el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales (RN) –fracking, megaminería, transgénicos– como único camino para impulsar un proceso de desarrollo.
Se argumenta que los países como el nuestro no han llegado a un estadio de desarrollo que haga relevante la preocupación ambiental porque existen otros problemas más urgentes (por ejemplo, la generación de divisas). Si bien se concede que estas actividades no son inocuas para el medio ambiente y pueden estar asociadas a los intereses de grandes corporaciones, se piensa que será posible generar impactos positivos para el desarrollo con buena intervención y regulación pública.
Con una economía altamente dependiente de los RN, no sorprenden estos argumentos pragmáticos: la soja transgénica representa más del 50 por ciento del área cultivada y es imposible ignorar cómo se verían afectadas las cuentas fiscales si se cambiaran las prácticas tecnológicas actuales; de igual manera, corresponde aspirar a mejorar la balanza energética. Pero pragmatismo no justifica dogmatismo. Existen diversas alternativas tecnológicas que podrían promoverse. Tres cuestiones deberían tomarse en consideración.
Primero, el modelo de explotación de RN dominante genera graves problemas económicos, ambientales y sociales de efectos evidentes en la calidad de vida de las poblaciones que conviven con estas prácticas y vaticina un futuro menos auspicioso para el empleo rural, la diversificación productiva, para agregar valor en origen, la soberanía alimentaria, la salud, la disponibilidad de agua potable, etcétera. No es antitecnológico criticar algunas tecnologías específicas.
Segundo, existen tecnologías alternativas de producción de RN que superan social y ecológicamente a las establecidas (por ejemplo, energía eólica o producción agropecuaria para mercados diferenciados como la orgánica o agroecológica). Muchas también son viables económicamente o podrían serlo si se apoya su desarrollo. Sin embargo, como muchas veces entran en tensión con las prácticas dominantes (por ejemplo, por el uso de la tierra), no cuentan con el apoyo político y económico necesario para su expansión.
Tercero, la tecnología no puede separarse de las relaciones sociales en las que se inserta, ni de las normativas que regulan su funcionamiento: no es exógena al sistema. Por ejemplo, el modelo de producción de agricultura intensiva no se difundió solamente por las virtudes de las semillas transgénicas, los agroquímicos o los equipos de siembra directa. Su difusión tuvo que ver también con las redes existentes de empresas proveedoras de diversas tecnologías, con su capacidad de lobby, con las leyes de propiedad intelectual, con las regulaciones para la liberación de eventos transgénicos, con los intereses políticos que se crean alrededor de prácticas establecidas, etcétera. Se trata de sistemas que combinan elementos técnicos, políticos y socio-económicos que se alinean para producir y reproducir un sistema productivo que funciona bien al menos en algunas dimensiones (es competitivo a nivel internacional, ofrece rentas sustantivas a los agricultores comerciales, genera divisas e ingresos fiscales, etcétera).
Las tecnologías alternativas pueden no “encajar” con facilidad dentro de este sistema establecido. En buena medida dependerá de hasta qué punto se aparten de las prácticas dominantes. Cuanto más se aparten, mayores tensiones se originarán y más resistida será su expansión. Por ejemplo, algunas medidas que podrían favorecer alternativas (como la agricultura orgánica) pueden ser resistidas si desfavorecen a las prácticas establecidas: pensemos el caso de medidas que restrinjan la fumigación aérea, una práctica extendida en la agricultura intensiva. Cabe resaltar que quienes se favorecen de las prácticas dominantes pueden ejercer una influencia mucho más efectiva incluso que las prácticas de representación democrática. Valga como ejemplo el modo en que el gobierno del Chaco reglamentó la ley de uso de agroquímicos, haciendo caso omiso de las distancias mínimas de fumigación allí establecidas.
En suma, resulta ingenuo pensar que la tecnología es neutral e independiente de las relaciones sociales (y de poder), tanto como que será siempre posible regular su funcionamiento en pos del bien común. Algunos impactos negativos no se pueden disminuir o controlar con regulación e incluso las regulaciones viables serán intensamente resistidas por quienes vean amenazados sus intereses. Finalmente, el argumento de que existe una única tecnología capaz de impulsar el desarrollo –lo que nos obligaría a estar dispuestos a soportar sus consecuencias negativas– es falaz. Existen múltiples opciones tecnológicas con diversas relaciones sociales, económicas y ambientales asociadas. Algunas son superadoras de las establecidas en varias dimensiones, pero no podrán expandirse sin un esfuerzo colectivo de promoción y difusión desde la política pública y la sociedad civil.
* Investigadores de Cenit/Untref.
Por Valeria Arza, Anabel Marin y Patrick van Zwanenberg *Es común escuchar argumentos que defienden el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales (RN) –fracking, megaminería, transgénicos– como único camino para impulsar un proceso de desarrollo.
Se argumenta que los países como el nuestro no han llegado a un estadio de desarrollo que haga relevante la preocupación ambiental porque existen otros problemas más urgentes (por ejemplo, la generación de divisas). Si bien se concede que estas actividades no son inocuas para el medio ambiente y pueden estar asociadas a los intereses de grandes corporaciones, se piensa que será posible generar impactos positivos para el desarrollo con buena intervención y regulación pública.
Con una economía altamente dependiente de los RN, no sorprenden estos argumentos pragmáticos: la soja transgénica representa más del 50 por ciento del área cultivada y es imposible ignorar cómo se verían afectadas las cuentas fiscales si se cambiaran las prácticas tecnológicas actuales; de igual manera, corresponde aspirar a mejorar la balanza energética. Pero pragmatismo no justifica dogmatismo. Existen diversas alternativas tecnológicas que podrían promoverse. Tres cuestiones deberían tomarse en consideración.
Primero, el modelo de explotación de RN dominante genera graves problemas económicos, ambientales y sociales de efectos evidentes en la calidad de vida de las poblaciones que conviven con estas prácticas y vaticina un futuro menos auspicioso para el empleo rural, la diversificación productiva, para agregar valor en origen, la soberanía alimentaria, la salud, la disponibilidad de agua potable, etcétera. No es antitecnológico criticar algunas tecnologías específicas.
Segundo, existen tecnologías alternativas de producción de RN que superan social y ecológicamente a las establecidas (por ejemplo, energía eólica o producción agropecuaria para mercados diferenciados como la orgánica o agroecológica). Muchas también son viables económicamente o podrían serlo si se apoya su desarrollo. Sin embargo, como muchas veces entran en tensión con las prácticas dominantes (por ejemplo, por el uso de la tierra), no cuentan con el apoyo político y económico necesario para su expansión.
Tercero, la tecnología no puede separarse de las relaciones sociales en las que se inserta, ni de las normativas que regulan su funcionamiento: no es exógena al sistema. Por ejemplo, el modelo de producción de agricultura intensiva no se difundió solamente por las virtudes de las semillas transgénicas, los agroquímicos o los equipos de siembra directa. Su difusión tuvo que ver también con las redes existentes de empresas proveedoras de diversas tecnologías, con su capacidad de lobby, con las leyes de propiedad intelectual, con las regulaciones para la liberación de eventos transgénicos, con los intereses políticos que se crean alrededor de prácticas establecidas, etcétera. Se trata de sistemas que combinan elementos técnicos, políticos y socio-económicos que se alinean para producir y reproducir un sistema productivo que funciona bien al menos en algunas dimensiones (es competitivo a nivel internacional, ofrece rentas sustantivas a los agricultores comerciales, genera divisas e ingresos fiscales, etcétera).
Las tecnologías alternativas pueden no “encajar” con facilidad dentro de este sistema establecido. En buena medida dependerá de hasta qué punto se aparten de las prácticas dominantes. Cuanto más se aparten, mayores tensiones se originarán y más resistida será su expansión. Por ejemplo, algunas medidas que podrían favorecer alternativas (como la agricultura orgánica) pueden ser resistidas si desfavorecen a las prácticas establecidas: pensemos el caso de medidas que restrinjan la fumigación aérea, una práctica extendida en la agricultura intensiva. Cabe resaltar que quienes se favorecen de las prácticas dominantes pueden ejercer una influencia mucho más efectiva incluso que las prácticas de representación democrática. Valga como ejemplo el modo en que el gobierno del Chaco reglamentó la ley de uso de agroquímicos, haciendo caso omiso de las distancias mínimas de fumigación allí establecidas.
En suma, resulta ingenuo pensar que la tecnología es neutral e independiente de las relaciones sociales (y de poder), tanto como que será siempre posible regular su funcionamiento en pos del bien común. Algunos impactos negativos no se pueden disminuir o controlar con regulación e incluso las regulaciones viables serán intensamente resistidas por quienes vean amenazados sus intereses. Finalmente, el argumento de que existe una única tecnología capaz de impulsar el desarrollo –lo que nos obligaría a estar dispuestos a soportar sus consecuencias negativas– es falaz. Existen múltiples opciones tecnológicas con diversas relaciones sociales, económicas y ambientales asociadas. Algunas son superadoras de las establecidas en varias dimensiones, pero no podrán expandirse sin un esfuerzo colectivo de promoción y difusión desde la política pública y la sociedad civil.
* Investigadores de Cenit/Untref.
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