A casi una semana de iniciada la protesta de prefectos y gendarmes por el recorte sufrido en sus salarios, el panorama se mantiene incierto. El pase a disponibilidad de siete efectivos de Gendarmería provocó broncas, pero también preocupación ante cómo seguir.
Aquí, algunos ejes claves del conflicto que fue abordado por algunos como “un atentado a la democracia”.Las protestas de ambas fuerzas en la última semana son el resultado de la política implementada durante más de veinte años. Apelando a la inseguridad, se buscó transformar a gendarmería y prefectura en fuerzas de represión interna que neutralizaran altos niveles de conflictividad social.
Al llegar el martes pasado al edificio Centinela, en Retiro, el clima que se vivía era tenso. A pesar de la diferencias evidentes que tienen los gendarmes y prefectos que iniciaron la protesta con los trabajadores de cualquier rubro en general, este conflicto tuvo un componente masivo, nacionalmente extendido y proyectado a otras fuerzas, debido a un hecho básico, pero indiscutible: por el decreto 1307 las liquidaciones salariales afectaban los ingresos de la suboficialidad recortando sus sueldos y agrandando la brecha de ingresos con sus superiores. Un problema de larga data, que acumuló disgustos silenciosos los últimos meses, y que estalló ante los recibos de sueldo del personal del mes de octubre.
Los necesarios análisis respecto de los intereses montados sobre la protesta, muchos de ellos fundamentados, que alertan sobre riesgos desestabilizantes, operaciones al interior de las fuerzas o internas ministeriales, resultarán sobredimensionados si no se reconoce el motivo de origen de la protesta, que es el que le dio masividad y notoriedad pública.
El primer día de protesta los periodistas que trabajaron cubriendo las manifestaciones presenciaron fuera de micrófono cientos de historias: hombres y mujeres que fueron trasladados de un día para otro por ejemplo de Salta a Buenos Aires, sin el acompañamiento de su familia y sin recursos o días otorgados para ir a visitarlos.
Quien pisa por primera vez Buenos Aires y busca alquiler sabe que un salario de cuatro mil pesos no alcanza a nadie para pagar un techo, comida y transporte. A prefectos y gendarmes tampoco les alcanza.
Ahora bien, los reclamos de suboficiales, último orejón de una fuerza de seguridad jerárquica, no son como los reclamos reivindicativos de un trabajador de cualquier tipo. Es personal armado, que pertenece a una fuerza con una férrea cadena de mandos, sin derecho a sindicalizarse.
En las manifestaciones sobresalían otras dos cuestiones. La primera tiene que ver con el enojo contenido desde larga data de los suboficiales hacia sus superiores. ¿Quién no sentiría bronca si su superior cobra un salario que quintuplica o sextuplica el propio? Las condiciones laborales precarias (especialmente en Gendarmería, en donde se dio el traspaso de efectivos de distintas provincias hacia Buenos Aires por el operativo Cinturón Sur) y las diferencias salariales fueron generando un malestar creciente que desembocó en un conflicto que aún tiene un final abierto.
En segundo lugar, la extensión de la medida. ¿Por qué continúan las protestas si ya cobraron su salario en iguales montos al mes anterior? Sobre este hecho el oficialismo montó las máximas descalificaciones a quienes mantienen la protesta, buscando afanosamente argumentos que le permitan caracterizar la protesta como golpista o destituyente. Efectivamente, fantasmas rondan la asonada: la inefable Cecilia Pando, el abogado de genocidas Bécar Varela y fascistas de distinta calaña se arriman a los manifestantes uniformados, agitando con consignas que sí resultarían destituyentes, si tuvieran una fuerza social, o real, que hoy no tienen.
Aún así, en el reclamo persiste una lógica atada al reclamo de origen, salarial. Los gendarmes y prefectos del llano, que siguen apoyando la continuidad de la protesta, manifiestan que esta protesta es histórica y es la única chance de lograr mejoras concretas, que superan sostener el salario que ya tenían e incluyen el blanqueo de las sumas en negro y un aumento del salario mínimo a 7000 pesos. Aclarando, una vez más, que es pertinente mantener el alerta respecto a otros elementos de agitación de pretensiones desestabilizantes, sería un error no registrar que la lógica de reivindicación salarial de los rangos más bajos de las fuerzas en conflicto, tiene alguna similitud con otras tantas protestas sindicales.
Ahora bien, estos mismos "manifestantes" que se concentran en el Edificio Centinela o en el Guardacostas, son quienes suelen protagonizar represiones graves y tareas de inteligencia a otros "manifestantes" incluso causando muertes, por lo que, más allá del reclamo actual y la agenda salarial, erraría el diagnóstico quien propusiera una valoración del reclamo por considerar el carácter de "trabajadores" subestimando el rol que estas fuerzas tienen asignadas en la mantención del orden y en la represión a los reclamos populares y de los trabajadores.
El debate sobre una posible sindicalización de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad se renovó frente a este reclamo y ante la ilegalidad de que gendarmes y prefectos realicen protestas de este tipo.
En este sentido, el subsecretario de Seguridad Sergio Berni fue el encargado de negociar con los representantes de Prefectura y Gendarmería. Luego de firmar como “visto” el petitorio presentado por ambas fuerzas nacionales, se definió el pase a disponibilidad de siete efectivos, entre ellos varias de las caras visibles durante el conflicto.
La decisión genera, al menos, dos reacciones: por un lado, un malestar mayor de quienes como primer punto del petitorio pidieron “que no se castigue a los que reclamaron”. Por el otro, acrecienta el temor de suboficiales que temen ser pasados a disponibilidad y expulsados de la fuerza.
Ante el conflicto de prefectos y gendarmes que lleva una semana la respuesta “política” del gobierno nacional fue exacerbar la interna entre la ministra Garré y el secretario Berni y enviar a este último a exigirle a quienes protestan que despejen las calles.
Sin claridad en el diseño de una política de seguridad y con siete de ellos pasados a disponibilidad, prefectos y gendarmes anunciaron que se reunirán nuevamente el próximo martes para definir cómo seguir.
Fuente: Periódico Marcha
Al llegar el martes pasado al edificio Centinela, en Retiro, el clima que se vivía era tenso. A pesar de la diferencias evidentes que tienen los gendarmes y prefectos que iniciaron la protesta con los trabajadores de cualquier rubro en general, este conflicto tuvo un componente masivo, nacionalmente extendido y proyectado a otras fuerzas, debido a un hecho básico, pero indiscutible: por el decreto 1307 las liquidaciones salariales afectaban los ingresos de la suboficialidad recortando sus sueldos y agrandando la brecha de ingresos con sus superiores. Un problema de larga data, que acumuló disgustos silenciosos los últimos meses, y que estalló ante los recibos de sueldo del personal del mes de octubre.
Los necesarios análisis respecto de los intereses montados sobre la protesta, muchos de ellos fundamentados, que alertan sobre riesgos desestabilizantes, operaciones al interior de las fuerzas o internas ministeriales, resultarán sobredimensionados si no se reconoce el motivo de origen de la protesta, que es el que le dio masividad y notoriedad pública.
El primer día de protesta los periodistas que trabajaron cubriendo las manifestaciones presenciaron fuera de micrófono cientos de historias: hombres y mujeres que fueron trasladados de un día para otro por ejemplo de Salta a Buenos Aires, sin el acompañamiento de su familia y sin recursos o días otorgados para ir a visitarlos.
Quien pisa por primera vez Buenos Aires y busca alquiler sabe que un salario de cuatro mil pesos no alcanza a nadie para pagar un techo, comida y transporte. A prefectos y gendarmes tampoco les alcanza.
Ahora bien, los reclamos de suboficiales, último orejón de una fuerza de seguridad jerárquica, no son como los reclamos reivindicativos de un trabajador de cualquier tipo. Es personal armado, que pertenece a una fuerza con una férrea cadena de mandos, sin derecho a sindicalizarse.
En las manifestaciones sobresalían otras dos cuestiones. La primera tiene que ver con el enojo contenido desde larga data de los suboficiales hacia sus superiores. ¿Quién no sentiría bronca si su superior cobra un salario que quintuplica o sextuplica el propio? Las condiciones laborales precarias (especialmente en Gendarmería, en donde se dio el traspaso de efectivos de distintas provincias hacia Buenos Aires por el operativo Cinturón Sur) y las diferencias salariales fueron generando un malestar creciente que desembocó en un conflicto que aún tiene un final abierto.
En segundo lugar, la extensión de la medida. ¿Por qué continúan las protestas si ya cobraron su salario en iguales montos al mes anterior? Sobre este hecho el oficialismo montó las máximas descalificaciones a quienes mantienen la protesta, buscando afanosamente argumentos que le permitan caracterizar la protesta como golpista o destituyente. Efectivamente, fantasmas rondan la asonada: la inefable Cecilia Pando, el abogado de genocidas Bécar Varela y fascistas de distinta calaña se arriman a los manifestantes uniformados, agitando con consignas que sí resultarían destituyentes, si tuvieran una fuerza social, o real, que hoy no tienen.
Aún así, en el reclamo persiste una lógica atada al reclamo de origen, salarial. Los gendarmes y prefectos del llano, que siguen apoyando la continuidad de la protesta, manifiestan que esta protesta es histórica y es la única chance de lograr mejoras concretas, que superan sostener el salario que ya tenían e incluyen el blanqueo de las sumas en negro y un aumento del salario mínimo a 7000 pesos. Aclarando, una vez más, que es pertinente mantener el alerta respecto a otros elementos de agitación de pretensiones desestabilizantes, sería un error no registrar que la lógica de reivindicación salarial de los rangos más bajos de las fuerzas en conflicto, tiene alguna similitud con otras tantas protestas sindicales.
Ahora bien, estos mismos "manifestantes" que se concentran en el Edificio Centinela o en el Guardacostas, son quienes suelen protagonizar represiones graves y tareas de inteligencia a otros "manifestantes" incluso causando muertes, por lo que, más allá del reclamo actual y la agenda salarial, erraría el diagnóstico quien propusiera una valoración del reclamo por considerar el carácter de "trabajadores" subestimando el rol que estas fuerzas tienen asignadas en la mantención del orden y en la represión a los reclamos populares y de los trabajadores.
El debate sobre una posible sindicalización de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad se renovó frente a este reclamo y ante la ilegalidad de que gendarmes y prefectos realicen protestas de este tipo.
En este sentido, el subsecretario de Seguridad Sergio Berni fue el encargado de negociar con los representantes de Prefectura y Gendarmería. Luego de firmar como “visto” el petitorio presentado por ambas fuerzas nacionales, se definió el pase a disponibilidad de siete efectivos, entre ellos varias de las caras visibles durante el conflicto.
La decisión genera, al menos, dos reacciones: por un lado, un malestar mayor de quienes como primer punto del petitorio pidieron “que no se castigue a los que reclamaron”. Por el otro, acrecienta el temor de suboficiales que temen ser pasados a disponibilidad y expulsados de la fuerza.
Ante el conflicto de prefectos y gendarmes que lleva una semana la respuesta “política” del gobierno nacional fue exacerbar la interna entre la ministra Garré y el secretario Berni y enviar a este último a exigirle a quienes protestan que despejen las calles.
Sin claridad en el diseño de una política de seguridad y con siete de ellos pasados a disponibilidad, prefectos y gendarmes anunciaron que se reunirán nuevamente el próximo martes para definir cómo seguir.
Fuente: Periódico Marcha
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