El gobierno de Cristina Kirchner decidió darle continuidad a la política que inauguró en los noventa Carlos Menem, de dejar el sistema ferroviario en manos de empresas privadas.
No cambió su orientación a pesar de recibir innumerables advertencias del deterioro que venía sufriendo dicho sistema por falta de inversiones. Esto era particularmente grave en el ramal interurbano del ferrocarril Sarmiento.
Así lo señalaba sin dejar lugar a dudas un informe del año 2008 de la Auditoría General de la Nación, que advertía al mismo tiempo que "cada una de esas situaciones constituyen riesgos que atentan contra la seguridad de los usuarios de los servicios". En el mismo sentido denunciaba esto la seccional de la Unión Ferroviaria del Sarmiento - denuncia que al delegado Rubén Sobrero le costó persecuciones de parte de Aníbal Fernández y, finalmente, su detención por una causa armada, que justificó y defendió públicamente este mismo funcionario-.
La concesionaria cuestionada, TBA, que está a cargo de dicho ramal desde su privatización, tiene como dueño al empresario Claudio Cirigliano. El mismo está procesado por las "dádivas" al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, para sus viajes de placer. A pesar de este proceso de Cirigliano por coimear al funcionario, el Gobierno le dio a TBA, hace poco más de un mes atrás la concesión -sin licitación alguna- del servicio al Noreste del país, que presta el tren Gran Capitán.
Pocas dudas caben entonces que este gobierno, que mantuvo la nefasta política de privatización ferroviaria, que desestimó todas las denuncias sobre lo que sucedía con los trenes, que tuvo 6 años un funcionario corrupto en la Secretaría de Transporte y que siguió confiando el Sarmiento y otros ramales al mismo empresario que coimeaba a sus funcionarios, debe explicarle a la sociedad la responsabilidad que le cabe en la horrible tragedia del día de ayer en la estación Once.
Esperemos, con todos esos antecedentes, que no reitere el cinismo de echarle la culpa al conductor del tren o, peor aún, a los pasajeros que "tienen la costumbre de ir amontonados en los primeros vagones", como dijo el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi. Funcionario que, si tuviera un mínimo de dignidad, ya debería haber presentado su renuncia.
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR - FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
La concesionaria cuestionada, TBA, que está a cargo de dicho ramal desde su privatización, tiene como dueño al empresario Claudio Cirigliano. El mismo está procesado por las "dádivas" al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, para sus viajes de placer. A pesar de este proceso de Cirigliano por coimear al funcionario, el Gobierno le dio a TBA, hace poco más de un mes atrás la concesión -sin licitación alguna- del servicio al Noreste del país, que presta el tren Gran Capitán.
Pocas dudas caben entonces que este gobierno, que mantuvo la nefasta política de privatización ferroviaria, que desestimó todas las denuncias sobre lo que sucedía con los trenes, que tuvo 6 años un funcionario corrupto en la Secretaría de Transporte y que siguió confiando el Sarmiento y otros ramales al mismo empresario que coimeaba a sus funcionarios, debe explicarle a la sociedad la responsabilidad que le cabe en la horrible tragedia del día de ayer en la estación Once.
Esperemos, con todos esos antecedentes, que no reitere el cinismo de echarle la culpa al conductor del tren o, peor aún, a los pasajeros que "tienen la costumbre de ir amontonados en los primeros vagones", como dijo el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi. Funcionario que, si tuviera un mínimo de dignidad, ya debería haber presentado su renuncia.
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