Por Ernesto Tenembaum
Hace exactamente un año, a la una y veinte.
Durante casi tres horas, la agencia oficial Télam no distribuyó ninguna información sobre el tema. Ni una sola palabra. A eso de las cuatro de la tarde, la primera información que dio fue el comunicado de la empresa Ugofe, que sigue a cargo del Roca. Es decir que si alguien hubiera seguido la cobertura sin ningún otro medio que ese, se habría enterado de la existencia de un comunicado acerca de un hecho que, para la agencia, no había ocurrido. La lectura de la primera noticia que publicó Télam sobre el asesinato es, realmente, escalofriante: las víctimas son victimarios y viceversa.
Esto sostenía la agencia oficial para todo el país:
“La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria S.A. (Ugofe), operadora de la Línea Roca, lamentó las consecuencias sufridas hoy en los disturbios producidos en la zona de Barracas y deslindó responsabilidades respecto de tales acontecimientos de violencia.
Indicó que agrupaciones políticas hostiles intentaron ocupar las vías en la estación Avellaneda con el objetivo de interrumpir el servicio de trenes, propósito del que fueron disuadidos por empleados y la fuerza policial, luego de lo cual ocurrieron incidentes fuera del ámbito y de la jurisdicción ferroviaria.
En otro orden, la empresa también remarcó que algunos empleados de la Línea Roca resultaron heridos al intentar impedir el corte de vía que se proponían estas agrupaciones políticas.
A pesar de tales circunstancias, desde la mañana el servicio de transporte de la Línea Roca se presta con normalidad en todos sus ramales. Asimismo, la Ugofe llamó a la reflexión a los grupos que permanentemente pretenden manifestarse cortando los servicios ferroviarios, sin ponderar que con ello afectan el derecho de traslado de miles de usuarios de la Línea solicitándoles que utilicen una forma de expresión que no lastime los derechos de los semejantes”.
La mejor cobertura del hecho, en cambio, fue realizada por el canal de noticias privado C5N, que logró tomar el desplazamiento de la patota asesina. De la misma manera que, meses antes, América había tomado la represión de la Policía Federal contra los chicos que estaban en la entrada del recital de Viejas Locas, y que terminó con la muerte de Rubén Carballo.
Lo segundo que hizo Télam fue difundir una declaración de un grupo de legisladores porteños, encabezados por Juan Cabandié, donde se vinculaba a Eduardo Duhalde con el asesinato. Esa intención no fue un hecho aislado.
Por las mismas horas, Hebe de Bonafini pedía en una carta pública a la Presidenta que se pusiera a Duhalde entre rejas y, por la noche, el programa oficialista por excelencia ponía al aire un informe –criticado un día después por la más periodista de sus columnistas– donde apuntaba contra el ex presidente.
Lo mismo habían hecho otros integrantes del multimedios oficialista. Al día siguiente, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández defendía la actuación de los policías que hoy están presos por haber sido cómplices del asesinato.
Un año después, la Justicia llegó a conclusiones completamente distintas de las que en esas horas pretendió instalar un sector de la prensa oficialista, y el número dos del gobierno nacional.
En el persistente debate que existe en la Argentina acerca del rol que deberíamos tener los periodistas, este no es un episodio menor.
El asesinato de Ferreyra es una reedición de los de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, que se produjeron en junio del 2002, poco más de ocho años antes. Al día siguiente de aquellos crímenes, el diario Clarín publicó una tapa indefendible cuyo título central decía: “La crisis se cobró dos muertos”.
El debate sobre esa cobertura, en todo nuestro gremio, en las facultades y escuelas de periodismo, fue tan importante que existe incluso un muy buen documental al respecto. Y no sólo eso: cuando recién comenzaba la guerra entre el Gobierno y el Grupo Clarín, Néstor Kirchner recordó esa tapa.
Es decir que en la memoria del periodismo –y sobre todo en la del autodenominado periodismo militante– había quedado marcado a fuego que, ante un asesinato político, lo que corresponde es investigar quiénes son sus asesinos en lugar de enredarse en miserables maniobras de encubrimiento.
Es realmente estremecedor que, con esos antecedentes, un sector del periodismo oficialista haya reeditado esa experiencia.
“Fue Duhalde”, es el título con que debería producirse la remake de “La crisis se cobró dos muertos”, y con un agregado: a diferencia de la versión original, que sólo atribuía la autoría política a una difusa “crisis”, esta vez se acusaba a un dirigente opositor. La prensa ha intentado encubrir crímenes durante la dictadura militar, pero también en democracia. El último episodio de esta cadena de infamia se produjo tras el crimen de Mariano Ferreyra. “Fue Duhalde”, es el nombre que debe llevar.
Vale como contraejemplo la muy respetable cobertura que hizo el diario Página 12.
El debate sobre quién es quién en el periodismo argentino debería girar alrededor de coberturas concretas y no de conceptos académicos.
Cómo cubrió cada uno el asesinato de Mariano Ferreyra es un caso clave al que se podrían agregar la represión en Formosa, Jujuy y Río Negro, la aparición de declaraciones juradas injustificables, la detención ilegal de Rubén Sobrero con respaldo del jefe de Gabinete, la manera en que opera la Barrick Gold en la Cordillera, el asesinato de Rubén Carballo, las patoteadas en el Indec, la huelga en la empresa Kraft, el estado de los ferrocarriles urbanos, la connivencia entre poder y muerte en el fútbol, los mails de Ricardo Jaime y, también –obviamente–, el caso Herrera Noble. Difícilmente, el así llamado periodismo militante –a diferencia de los profesionales que, circunstancialmente, simpatizan con uno u otro gobierno– pueda dar cuenta de lo que hizo en estos años.
Ni la operación para encubrir el crimen, ni las declaraciones para defender a la policía cómplice generaron ninguna indignación en el más alto nivel del poder. La conducción de Télam sigue siendo la misma, de la misma manera que los legisladores y productores televisivos que se complicaron en la maniobra continúan ocupando cargos de relevancia en el universo oficialista, algunos de ellos pontificando a diario sobre conductas ajenas como si tal cosa.
El jefe de Gabinete que defendió a la policía que comandaba –como ya lo había hecho luego de la represión contra los jóvenes que esperaban entrar a un recital y lo haría luego durante la represión a las tomas del Indoamericano– es hoy uno de los principales candidatos del Frente para la Victoria.
La actuación posterior de la Justicia, con los encarcelamientos de la conducción de la Unión Ferroviaria y de media docena de autoridades de la Policía Federal, compensa en parte esos desvaríos, así como en su momento ocurrió lo mismo tras los asesinatos de Kosteki y Santillán, cuando se apresó y condenó al comisario y los policías que actuaron en la estación Avellaneda, y también en el de Carlos Fuentealba en Neuquén. Los mismos gobiernos que contienen en su seno a las estructuras que matan han permitido luego el accionar de la Justicia.
Una y otra vez, los autores materiales terminaron presos, pero los políticos que los conducen salieron indemnes del brete.
En todos los casos, fue clave la actuación de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que registraron los hechos, y a sus autores, contra la voluntad y los intereses del poder político.
Es que, muchas veces, el trabajo del periodismo es muy útil, aunque suele suceder que no se trata del periodismo ligado al poder político.
Quizás esto sea sólo una casualidad.
Pero así son las cosas.
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