Hay un origen y existen responsabilidades concretas en los sucesos que se vivieron en Córdoba y que ya dejaron un saldo de dos personas muertas y un centenar de heridos.
Por Reynaldo Sietecase
Todo comenzó con un reclamo salarial de los policías de la provincia. Como la mayoría de los agentes de seguridad del país, los cordobeses están mal pagos y hacen sus tareas en condiciones lamentables. Tampoco cuentan con equipos adecuados ni tienen buena capacitación.
Desde esa perspectiva, el planteo tiene razonabilidad. Habría que preguntarse si está bien que ante un planteo gremial retiren a todos los agentes de las calles y dejen a los ciudadanos que deben proteger, indefensos. No lo hacen los médicos municipales y cobran tan mal como ellos. ¿No tendrían que haber dejado una suerte de guardia mínima como hacen los empleados del sector sanitario? Vale la pena explorar también si no ha llegado el momento de discutir en profundidad alguna forma de agremiación de los policías.
Un dato que suministran algunos colegas de Córdoba es más grave. Un sector de la policía cordobesa, vinculado al narcotráfico, tiene ahora la necesidad de compensar con un aumento lo que perdieron de caja con los procedimientos antidrogas y, según esta teoría, por esa razón los reclamos fueron tan radicales.
Otro dato: las banditas de motoqueros que atacaban los negocios en forma sincronizada fueron identificadas por fuentes de Seguridad de Córdoba como “soldaditos del narcotráfico”. Jóvenes acostumbrados a delinquir y bien organizados. Esa noche tuvieron zona liberada para atacar casas y negocios. Algo similar pasó en Santa Fe. El gobernador José Manuel de la Sota dijo que no quedarán impunes estos ataques. Para lograr ese objetivo la Justicia debe hacer su trabajo de manera eficaz. Nadie duda sobre que no se trató de un estallido social.
Luego, está claro que hay graves responsabilidades políticas. En sus primeras declaraciones a Canal 8 de su provincia, a su regreso del exterior, el gobernador señaló: “no hay ninguna posibilidad de otorgar un aumento como el que piden”. Y agregó que había pedido a los fiscales que actúen sobre los amotinados. Cinco o seis horas después, otorgaba un aumento. ¿No pudo evitar el conflicto? Y una vez iniciado ¿No pudo encauzarlo? Con todo, su reclamo de apoyo a las fuerzas nacionales fue legítimo.
Aquí comienza la responsabilidad del gobierno nacional. Primer paso en falso del ministro Jorge Capitanich. Lo único importante que tenía que decir el Jefe de Gabinete en la conferencia de prensa improvisada en el Aeroparque era que el Estado Nacional enviaría a la Gendarmería a Córdoba y, justamente, fue lo que no dijo. Aún señalando la competencia de De la Sota en la solución del conflicto, lo que esperaban los cordobeses era el amparo del Estado en esas horas aciagas. La excusa burocrática del pedido formal y los teléfonos descompuestos es inadmisible. Minutos después, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunciaba el envío de gendarmería a la provincia.
La pelea política entre De la Sota y el kirchnerismo, la mezquindad y la impericia de la dirigencia dejaron desguarnecidos a los ciudadanos de Córdoba que, en algunas situaciones, decidieron armarse para defenderse.
Estas también son postales de una grieta que hay que tratar de cerrar antes de que sea demasiado tarde.
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