Por casi cualquier camino llegamos a la necesidad de contar con un Estado confiable, que se cargue en la mochila administrar los conflictos sociales y buena parte de la responsabilidad de construir un futuro mejor.
por Enrique Mario Martinez
Hasta administraciones que segmentan su responsabilidad de un modo categórico, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconocen la importancia de gestionar de manera eficiente el pedazo de realidad que eligieron.
Sin embargo, de manera notable, casi no existen discusiones sobre cómo se consigue contar con un aparato adecuado del Estado.Es casi inevitable concluir que hay una lógica común a las distintas propuestas políticas, cruzando horizontalmente las diversas ideologías, incluso las antagónicas. Esa lógica supone – postula – que las instituciones son de naturaleza y estructura bastante rígida y los resultados que se obtienen en su gestión dependen esencialmente de la conducción que tienen.
En mi largo camino por la vida de la burocracia estatal he transitado por numerosas anécdotas que van en esa dirección.
Según la mirada política, la planta estable de un organismo público cualquiera, sea un Ministerio, un ámbito de ciencia y técnica o un ferrocarril, está allí para trabajar, en un contexto sin mayores diferencias con el de una empresa privada. La conducción da las instrucciones y los empleados las ejecutan. Así de simple.
Pero no es así de simple. En realidad, asumir ese planteo es aceptar una derrota grave en la puja de valores que determina la utilidad social del Estado e ignora algunas diferencias elementales entre la gestión privada y la pública.
Hay dos diferencias muy primarias entre ambos espacios:
1 – La empresa privada tiene un objetivo superior que es el lucro y tiene definido un medio para ello, con precisión, sea producir zapatillas o vender tantos cubiertos promedio en un restaurante.
2 – Quienes conducen la empresa privada han recorrido un camino de gestión, sea en esa empresa o en similares, que los habilita para buscar el fin superior, que se reitera es el lucro. Si esa condición se viola, la empresa se expone al fracaso, como cuando se concreta la transferencia generacional en las pymes, que coloca hijos poco aptos en lugar de los padres que se jubilan.
Los ámbitos públicos, en cambio, es normal que sean conducidos por personas y grupos designados desde la autoridad política elegida por elecciones o desde los Ministros que aquella ha elegido. Los funcionarios “políticos” son aceptados como transitorios, vinculados a un tiempo político, y no están incorporados a ningún tratamiento colectivo de la Institución ni nadie reclama que lo estén. Hasta sus salarios son fijados por mecanismos independientes del resto del colectivo laboral. Esa forma de designación no solo no prevé una historia de vínculo con las personas a las que se conducirá, sino que no establece condiciones de idoneidad alguna para la gestión. Ante el eventual – y bastante frecuente – fracaso, la responsabilidad se imputa a las personas designadas y las instituciones, en tanto cumplen funciones sociales permanentes, inician un nuevo ciclo.
Las dos facetas combinadas han generado hace décadas un escenario muy preocupante en la administración del interés público.
Los casos son muchos y con matices. Elijo dos arquetípicos.
1 – La administración central.
La brecha entre conducción y conducidos hace que las regulaciones de aplicación general sean decididas por un puñado de personas e interpretadas y gestionadas por el pleno burocrático, con mecanismos de control interno manejados por los mismos que gestionan.
En casi todas las oficinas, entonces, las normas se definen de modo muy centralizado y se aplican de modo casi enteramente descentralizado. La ausencia previsible de unidad de concepción y la falta de intercambios de cualquier tipo entre las cúpulas y las bases abren un enorme espacio a la corrupción y a la ineficiencia, que terminan siendo la conducta normal.
2 – La prestación de servicios
Eligiendo como ejemplo central los ferrocarriles, el modelo de concesión es el peor imaginable. En efecto, el Estado mantiene la propiedad y encarga la gestión a una empresa con fines de lucro, que pasa a operar un servicio público, con claras contradicciones entre la ganancia de corto plazo y la calidad de prestación del servicio.
Los trabajadores, en tal caso, tienen una doble brecha de vinculación: con el concesionario, para quienes son un costo, y con el Estado, que no asume la función social del servicio.
En el proceso de recuperación de la administración ferroviaria, que aún no se ha concretado, porque se anularon las concesiones previas pero la gestión está a cargo de un ente mixto con protagonismo privado relevante, el Estado se encuentra con un colectivo laboral desmotivado y con las prácticas internas típicas de gremios grandes acostumbrados a lidiar con empresarios desaprensivos.
NUEVOS CAMINOS
En uno y en otro de los casos descritos y en varios más que he conocido – el de ciencia y técnica con detalle, por ejemplo – una conducción progresista del Estado no puede hacerse la desentendida, imaginando que lo que no funcionó con ningún gobierno anterior funcionará con éste por el simple hecho de modificar el discurso.
Hay que modificar estructuras.
Esto empieza por destacar y explicitar hasta sus límites más minuciosos las diferencias entre lo público y lo privado que se esbozaron más arriba y el rosario de los efectos que ello acarrea.
Desde ese momento y en las imprescindibles correcciones de estructura y de gestión que se necesitan, se debe apelar a la herramienta central: la participación del colectivo laboral en el análisis de los problemas y el diseño de las soluciones.
No es un instrumento mágico. No se trata de llamar a asambleas de trabajadores y esperar que de allí salga la democracia ateniense revivida. Por varias razones, la más importante de las cuales es que el descreimiento y la falta de respeto de las cúpulas sindicales por sus representados son atributos que se encuentran a la vuelta de cada esquina.
Pero el Estado necesita ser fortalecido. Es una condición cada día más acuciante si es que queremos que nuestra comunidad acceda a horizontes más promisorios. Ante tal necesidad la dirigencia política debe asumir la participación de los trabajadores públicos en la gestión con total urgencia; debe estudiar y hacer docencia; debe construir puentes; escuchar y opinar abiertamente; dignificar relaciones laborales degradadas de vieja data.
En tal caso, hoy por hoy dolorosamente hipotético, muchas cosas cambiarían. Incluyendo la desaparición de los accidentes ferroviarios absurdos.
Hasta administraciones que segmentan su responsabilidad de un modo categórico, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconocen la importancia de gestionar de manera eficiente el pedazo de realidad que eligieron.
Sin embargo, de manera notable, casi no existen discusiones sobre cómo se consigue contar con un aparato adecuado del Estado.Es casi inevitable concluir que hay una lógica común a las distintas propuestas políticas, cruzando horizontalmente las diversas ideologías, incluso las antagónicas. Esa lógica supone – postula – que las instituciones son de naturaleza y estructura bastante rígida y los resultados que se obtienen en su gestión dependen esencialmente de la conducción que tienen.
En mi largo camino por la vida de la burocracia estatal he transitado por numerosas anécdotas que van en esa dirección.
Según la mirada política, la planta estable de un organismo público cualquiera, sea un Ministerio, un ámbito de ciencia y técnica o un ferrocarril, está allí para trabajar, en un contexto sin mayores diferencias con el de una empresa privada. La conducción da las instrucciones y los empleados las ejecutan. Así de simple.
Pero no es así de simple. En realidad, asumir ese planteo es aceptar una derrota grave en la puja de valores que determina la utilidad social del Estado e ignora algunas diferencias elementales entre la gestión privada y la pública.
Hay dos diferencias muy primarias entre ambos espacios:
1 – La empresa privada tiene un objetivo superior que es el lucro y tiene definido un medio para ello, con precisión, sea producir zapatillas o vender tantos cubiertos promedio en un restaurante.
La función pública es un servicio de administración o promoción social que nada tiene que ver con la búsqueda del lucro en cada organización. Aún en los casos en que el Estado se involucra en la producción o prestación de un servicio, como el caso ferroviario, es – debe ser – porque la búsqueda del lucro es parcial o totalmente contradictoria con el sentido y la calidad del servicio a brindar. Sin extender demasiado este párrafo, hasta al tomar el control de YPF, empresa productora típica, no se va detrás del lucro, sino detrás de un objetivo social, en este caso: recuperar el autoabastecimiento de energía.
2 – Quienes conducen la empresa privada han recorrido un camino de gestión, sea en esa empresa o en similares, que los habilita para buscar el fin superior, que se reitera es el lucro. Si esa condición se viola, la empresa se expone al fracaso, como cuando se concreta la transferencia generacional en las pymes, que coloca hijos poco aptos en lugar de los padres que se jubilan.
Los ámbitos públicos, en cambio, es normal que sean conducidos por personas y grupos designados desde la autoridad política elegida por elecciones o desde los Ministros que aquella ha elegido. Los funcionarios “políticos” son aceptados como transitorios, vinculados a un tiempo político, y no están incorporados a ningún tratamiento colectivo de la Institución ni nadie reclama que lo estén. Hasta sus salarios son fijados por mecanismos independientes del resto del colectivo laboral. Esa forma de designación no solo no prevé una historia de vínculo con las personas a las que se conducirá, sino que no establece condiciones de idoneidad alguna para la gestión. Ante el eventual – y bastante frecuente – fracaso, la responsabilidad se imputa a las personas designadas y las instituciones, en tanto cumplen funciones sociales permanentes, inician un nuevo ciclo.
Las dos facetas combinadas han generado hace décadas un escenario muy preocupante en la administración del interés público.
Los casos son muchos y con matices. Elijo dos arquetípicos.
1 – La administración central.
La brecha entre conducción y conducidos hace que las regulaciones de aplicación general sean decididas por un puñado de personas e interpretadas y gestionadas por el pleno burocrático, con mecanismos de control interno manejados por los mismos que gestionan.
En casi todas las oficinas, entonces, las normas se definen de modo muy centralizado y se aplican de modo casi enteramente descentralizado. La ausencia previsible de unidad de concepción y la falta de intercambios de cualquier tipo entre las cúpulas y las bases abren un enorme espacio a la corrupción y a la ineficiencia, que terminan siendo la conducta normal.
2 – La prestación de servicios
Eligiendo como ejemplo central los ferrocarriles, el modelo de concesión es el peor imaginable. En efecto, el Estado mantiene la propiedad y encarga la gestión a una empresa con fines de lucro, que pasa a operar un servicio público, con claras contradicciones entre la ganancia de corto plazo y la calidad de prestación del servicio.
Los trabajadores, en tal caso, tienen una doble brecha de vinculación: con el concesionario, para quienes son un costo, y con el Estado, que no asume la función social del servicio.
En el proceso de recuperación de la administración ferroviaria, que aún no se ha concretado, porque se anularon las concesiones previas pero la gestión está a cargo de un ente mixto con protagonismo privado relevante, el Estado se encuentra con un colectivo laboral desmotivado y con las prácticas internas típicas de gremios grandes acostumbrados a lidiar con empresarios desaprensivos.
NUEVOS CAMINOS
En uno y en otro de los casos descritos y en varios más que he conocido – el de ciencia y técnica con detalle, por ejemplo – una conducción progresista del Estado no puede hacerse la desentendida, imaginando que lo que no funcionó con ningún gobierno anterior funcionará con éste por el simple hecho de modificar el discurso.
Hay que modificar estructuras.
Esto empieza por destacar y explicitar hasta sus límites más minuciosos las diferencias entre lo público y lo privado que se esbozaron más arriba y el rosario de los efectos que ello acarrea.
Desde ese momento y en las imprescindibles correcciones de estructura y de gestión que se necesitan, se debe apelar a la herramienta central: la participación del colectivo laboral en el análisis de los problemas y el diseño de las soluciones.
No es un instrumento mágico. No se trata de llamar a asambleas de trabajadores y esperar que de allí salga la democracia ateniense revivida. Por varias razones, la más importante de las cuales es que el descreimiento y la falta de respeto de las cúpulas sindicales por sus representados son atributos que se encuentran a la vuelta de cada esquina.
Pero el Estado necesita ser fortalecido. Es una condición cada día más acuciante si es que queremos que nuestra comunidad acceda a horizontes más promisorios. Ante tal necesidad la dirigencia política debe asumir la participación de los trabajadores públicos en la gestión con total urgencia; debe estudiar y hacer docencia; debe construir puentes; escuchar y opinar abiertamente; dignificar relaciones laborales degradadas de vieja data.
En tal caso, hoy por hoy dolorosamente hipotético, muchas cosas cambiarían. Incluyendo la desaparición de los accidentes ferroviarios absurdos.
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