Nunca antes el narcotráfico había plantado cara tan abiertamente a las instituciones políticas del país. A los escándalos que terminaron con el descabezamiento de las policías de Santa Fe y Córdoba por su vinculación con el delito, se sumaron esta última semana la masacre de cinco personas en un bar de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores y el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti. Este último hecho no tiene antecedentes en los últimos 30 años de democracia.
Una veintena de estos homicidios fueron ejecuciones protagonizadas por sicarios. Sí, como en las películas. Matadores que operan con frialdad y precisión.
El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policíael control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos.
Pero decir que se trata de un problema santafesino es una estupidez. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. En esa provincia apenas se vislumbró la punta del iceberg.
En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones. La laxitud de las fronteras argentinas no es secreto para nadie. La falta de radares y controles terrestres serios fueron denunciados hasta el cansancio por distintos dirigentes políticos de la oposición. El lavado de dinero encontró en Buenos Aires un punto de destino.
Cualquier lista de hechos vinculados a la actividad del narcotráfico parece mezquina. Pero no hay duda de que el atentado contra la vivienda de Antonio Bonfatti es el hecho más grave ocurrido desde 1983 y debería operar como un punto de inflexión. El gobernador o alguno de sus familiares pudieron perder la vida en el ataque del viernes 11 de octubre. Catorce casquillos de bala quedaron regados en su casa. Hubo inteligencia previa –sabían que no estaba la custodia– y una organización precisa.
El mensaje fue claro: si podemos con el gobernador podemos con cualquiera que intente impedir nuestros negocios. Policías honestos, fiscales, jueces, funcionarios, ciudadanos que puedan denunciar, eventuales testigos. Todos quedaron advertidos de manera brutal. Un colega de Rosario lo definió así: “fue una declaración de guerra”.
El gobernador hizo una conferencia de prensa ratificando su decisión de “ir a fondo en la lucha contra los narcos”. A su lado estaban el Ministro de Defensa Agustín Rossi y autoridades de todas las fuerzas políticas. Hermes Binner y Jorge Obeid, ex gobernadores y candidatos a diputados nacionales, enfrentados por la política, se sentaron juntos.
La reacción solidaria, la imagen de unidad, duró poco. Un día después Rossi cuestionó a Binner y lo responsabilizó por el crecimiento del narcotráfico. Los socialistas lo tildaron de oportunista y denunciaron la falta de apoyo de las autoridades federales. Puede que los dos tengan algo de razón, pero la pelea pública provoca más alarma. Mientras se pasan facturas diversas, muchos pibes pierden la vida en los barrios más pobres de las grandes ciudades.
La lucha contra el crimen organizado, porque de eso se trata, requiere de consensos mínimos. El enemigo es demasiado grande y su capacidad para corromper es ilimitada. Valen algunas preguntas: ¿Es muy difícil imaginar una agencia federal de lucha contra el narcotráfico creada como cuerpo de elite con el acuerdo del Estado nacional y las provincias? ¿Por qué la Jefa de los Fiscales no dispone instrucciones claras para que los funcionarios puedan actuar con un claro respaldo a la hora de investigar delitos complejos? ¿No ha llegado la hora de debatir en profundidad la despenalización del consumo como una manera de coartar los negocios del tráfico?
Si la clase política no enfrenta con unidad, decisión e inteligencia los desafíos que plantea el narcotráfico, la pelea estará perdida antes de comenzar. Y sobran los espejos donde mirar los resultados.
por Reynaldo SietecaseEn lo que va de 2013, sólo en el departamento Rosario hubo 175 homicidios. En la mayoría de los casos las víctimas son menores de 24 años. Según fuentes judiciales, gran parte de esos crímenes tuvo relación con la pelea entre bandas de narcos que se diputan el territorio de venta de drogas. Hay víctimas que también son victimarios. Los llamados soldaditos de los narcos y los consumidores de pasta base, convertidos en “muertos vivos” aptos para todo servicio.
Una veintena de estos homicidios fueron ejecuciones protagonizadas por sicarios. Sí, como en las películas. Matadores que operan con frialdad y precisión.
El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policíael control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos.
Pero decir que se trata de un problema santafesino es una estupidez. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. En esa provincia apenas se vislumbró la punta del iceberg.
En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones. La laxitud de las fronteras argentinas no es secreto para nadie. La falta de radares y controles terrestres serios fueron denunciados hasta el cansancio por distintos dirigentes políticos de la oposición. El lavado de dinero encontró en Buenos Aires un punto de destino.
Cualquier lista de hechos vinculados a la actividad del narcotráfico parece mezquina. Pero no hay duda de que el atentado contra la vivienda de Antonio Bonfatti es el hecho más grave ocurrido desde 1983 y debería operar como un punto de inflexión. El gobernador o alguno de sus familiares pudieron perder la vida en el ataque del viernes 11 de octubre. Catorce casquillos de bala quedaron regados en su casa. Hubo inteligencia previa –sabían que no estaba la custodia– y una organización precisa.
El mensaje fue claro: si podemos con el gobernador podemos con cualquiera que intente impedir nuestros negocios. Policías honestos, fiscales, jueces, funcionarios, ciudadanos que puedan denunciar, eventuales testigos. Todos quedaron advertidos de manera brutal. Un colega de Rosario lo definió así: “fue una declaración de guerra”.
El gobernador hizo una conferencia de prensa ratificando su decisión de “ir a fondo en la lucha contra los narcos”. A su lado estaban el Ministro de Defensa Agustín Rossi y autoridades de todas las fuerzas políticas. Hermes Binner y Jorge Obeid, ex gobernadores y candidatos a diputados nacionales, enfrentados por la política, se sentaron juntos.
La reacción solidaria, la imagen de unidad, duró poco. Un día después Rossi cuestionó a Binner y lo responsabilizó por el crecimiento del narcotráfico. Los socialistas lo tildaron de oportunista y denunciaron la falta de apoyo de las autoridades federales. Puede que los dos tengan algo de razón, pero la pelea pública provoca más alarma. Mientras se pasan facturas diversas, muchos pibes pierden la vida en los barrios más pobres de las grandes ciudades.
La lucha contra el crimen organizado, porque de eso se trata, requiere de consensos mínimos. El enemigo es demasiado grande y su capacidad para corromper es ilimitada. Valen algunas preguntas: ¿Es muy difícil imaginar una agencia federal de lucha contra el narcotráfico creada como cuerpo de elite con el acuerdo del Estado nacional y las provincias? ¿Por qué la Jefa de los Fiscales no dispone instrucciones claras para que los funcionarios puedan actuar con un claro respaldo a la hora de investigar delitos complejos? ¿No ha llegado la hora de debatir en profundidad la despenalización del consumo como una manera de coartar los negocios del tráfico?
Si la clase política no enfrenta con unidad, decisión e inteligencia los desafíos que plantea el narcotráfico, la pelea estará perdida antes de comenzar. Y sobran los espejos donde mirar los resultados.
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