La Corte Suprema de Justicia se encuentra a las puertas de un fallo histórico. Debe decidir sobre la constitucionalidad o no de cuatro artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales.
por Reynaldo Sietecase
Alfonsín logró sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de crímenes de lesa humanidad. A pesar de las amenazas del poder militar, los comandantes de la más cruel dictadura argentina fueron condenados. Sin embargo, el líder radical no logró aprobar una ley de medios.
Carlos Menem impuso una lógica impiadosa a la hora de conducir el país. Malvendió las empresas de servicios públicos y remató YPF, la emblemática petrolera nacional. Sin embargo, no logró aprobar su proyecto de ley de medios.
El gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa a la cabeza, un presidente mucho más débil que sus antecesores, consiguió una proeza: su proyecto de ley de medios llegó al Congreso. Claro que nunca se discutió. A la hora del debate, salvo un par de radicales que bajaron al recinto, la gran mayoría de los diputados prefirieron quedarse en sus despachos.
En sus primeros años, el kirchnerismo siguió la tradición. No cambió nada. Todo lo contrario. Prorrogó por diez años las licencias de los canales privados. Y, pocos días antes de concluir su mandato, Néstor Kirchner aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal, dos operadoras de televisión paga, facilitando la concentración del mercado. El presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, José Sbatella, votó en contra de la operación que fue avalada por los vocales Humberto Guardia Mendonça y Diego Póvolo. Tiempo después Sbatella fue desplazado del cargo.
Pocos imaginaban que Cristina Fernández, en su momento de mayor debilidad política —después del rechazo a las retenciones móviles, producto de un desgastante conflicto con las entidades gremiales del campo y de sufrir la primera derrota electoral en los comicios legislativos de 2009—, elevaría al Congreso un proyecto de ley de medios. La oportunidad elegida despertó todas las sospechas. Lo hacía en la segunda mitad de su mandato y en el marco de una feroz pelea con el Grupo Clarín. Hasta el conflicto con el campo, el gobierno había mantenido una buena relación con el multimedios más poderoso del país. Los motivos de la ruptura no están del todo claros. Van desde la disputa de poder a la pretensión del grupo comunicacional de controlar parte de la empresa Telecom.
Se trata de los más polémicos, los que refieren a la desconcentración del mercado de medios y que afectan al jugador más importante del sector: el grupo Clarín. Quiero sumar al debate haciendo un poco de historia. Primero una observación: los que plantean este tema como una batalla del gobierno kirchnerista contra un grupo empresario, con el que está enfrentado desde 2008, se equivocan. La “necesidad” de regular el mercado de medios electrónicos tiene 30 años de antigüedad. Nació con el retorno de la democracia y siempre con el argumento de reemplazar la ley de la dictadura.
Como apunté en mi libro Kamikazes: con todos sus defectos de origen e intencionalidad, la ley creada por los militares no era tan mala en cuanto a los límites que establecía respecto a la concentración —solo se permitían la titularidad de cuatro licencias—. Los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983 la empeoraron. Las distintas modificaciones que fueron haciéndose a pedido de los grandes empresarios del sector, consolidaron oligopolios que, a su vez, les abrieron las puertas a nuevos negocios —por ejemplo: Carlos Menem extendió el límite de licencias a veinticuatro—.
La primera vez que viajé a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión —así se la denominaba entonces— fue en 1985. Fuimos convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia, una instancia creada por el gobierno radical para generar consenso sobre algunas políticas de Estado. El periodista Washington Uranga, coordinador de las jornadas, nos contó que todas las disposiciones sobre medios de comunicación realizadas en Argentina habían sido aprobadas durante gobiernos militares o en el último año de gobiernos populares, es decir, cuando son más débiles. “Hay que cambiar esta historia”, dijo. Recuerdo que volví a Rosario, dónde vivía y trabajaba, con la certeza de que Raúl Alfonsín podría hacerlo. Un cuarto de siglo después de aquella reunión, todavía no rige una nueva norma. No es difícil adivinar por qué. Es evidente que las fuerzas que se resisten al cambio son muy poderosas.
Como apunté en mi libro Kamikazes: con todos sus defectos de origen e intencionalidad, la ley creada por los militares no era tan mala en cuanto a los límites que establecía respecto a la concentración —solo se permitían la titularidad de cuatro licencias—. Los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983 la empeoraron. Las distintas modificaciones que fueron haciéndose a pedido de los grandes empresarios del sector, consolidaron oligopolios que, a su vez, les abrieron las puertas a nuevos negocios —por ejemplo: Carlos Menem extendió el límite de licencias a veinticuatro—.
La primera vez que viajé a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión —así se la denominaba entonces— fue en 1985. Fuimos convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia, una instancia creada por el gobierno radical para generar consenso sobre algunas políticas de Estado. El periodista Washington Uranga, coordinador de las jornadas, nos contó que todas las disposiciones sobre medios de comunicación realizadas en Argentina habían sido aprobadas durante gobiernos militares o en el último año de gobiernos populares, es decir, cuando son más débiles. “Hay que cambiar esta historia”, dijo. Recuerdo que volví a Rosario, dónde vivía y trabajaba, con la certeza de que Raúl Alfonsín podría hacerlo. Un cuarto de siglo después de aquella reunión, todavía no rige una nueva norma. No es difícil adivinar por qué. Es evidente que las fuerzas que se resisten al cambio son muy poderosas.
Alfonsín logró sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de crímenes de lesa humanidad. A pesar de las amenazas del poder militar, los comandantes de la más cruel dictadura argentina fueron condenados. Sin embargo, el líder radical no logró aprobar una ley de medios.
Carlos Menem impuso una lógica impiadosa a la hora de conducir el país. Malvendió las empresas de servicios públicos y remató YPF, la emblemática petrolera nacional. Sin embargo, no logró aprobar su proyecto de ley de medios.
El gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa a la cabeza, un presidente mucho más débil que sus antecesores, consiguió una proeza: su proyecto de ley de medios llegó al Congreso. Claro que nunca se discutió. A la hora del debate, salvo un par de radicales que bajaron al recinto, la gran mayoría de los diputados prefirieron quedarse en sus despachos.
En sus primeros años, el kirchnerismo siguió la tradición. No cambió nada. Todo lo contrario. Prorrogó por diez años las licencias de los canales privados. Y, pocos días antes de concluir su mandato, Néstor Kirchner aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal, dos operadoras de televisión paga, facilitando la concentración del mercado. El presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, José Sbatella, votó en contra de la operación que fue avalada por los vocales Humberto Guardia Mendonça y Diego Póvolo. Tiempo después Sbatella fue desplazado del cargo.
Pocos imaginaban que Cristina Fernández, en su momento de mayor debilidad política —después del rechazo a las retenciones móviles, producto de un desgastante conflicto con las entidades gremiales del campo y de sufrir la primera derrota electoral en los comicios legislativos de 2009—, elevaría al Congreso un proyecto de ley de medios. La oportunidad elegida despertó todas las sospechas. Lo hacía en la segunda mitad de su mandato y en el marco de una feroz pelea con el Grupo Clarín. Hasta el conflicto con el campo, el gobierno había mantenido una buena relación con el multimedios más poderoso del país. Los motivos de la ruptura no están del todo claros. Van desde la disputa de poder a la pretensión del grupo comunicacional de controlar parte de la empresa Telecom.
La política comunicacional del gobierno se caracterizó por la bajísima tolerancia a las críticas, el rechazo a las entrevistas, la ausencia de conferencias de prensa y el apoyo a los medios amigos con publicidad oficial. También se instó desde el gobierno a empresarios afines a comprar medios de comunicación. Eso no cambió hasta hoy.
El gran interrogante que muchos comunicadores y dirigentes políticos no kirchneristas tuvieron que resolver –en especial antes de votar la ley en el Congreso– fue justamente decidir si acompañaban la iniciativa a pesar de los pésimos antecedentes que exhibía el gobierno. Allí se partieron las aguas. Con todo la ley fue respaldada por una amplia mayoría. El resto es historia conocida. Tanto en relación a las chicanas judiciales como a la laxa aplicación de la ley para los grupos que se adecuaron.
Ahora que el gobierno de Cristina Kirchner está a dos años del final, queda más claro que la decisión de la Corte Suprema de Justicia trasciende a esta gestión. Ya lo señaló el Alto Tribunal: se discute patrimonio, no libertad de prensa. La pregunta de fondo es si el Estado puede o no dictar normas de regulación sobre un mercado determinado. En este caso uno tan importante para la democracia como el de la comunicación audiovisual.
He aquí la cuestión.
El gran interrogante que muchos comunicadores y dirigentes políticos no kirchneristas tuvieron que resolver –en especial antes de votar la ley en el Congreso– fue justamente decidir si acompañaban la iniciativa a pesar de los pésimos antecedentes que exhibía el gobierno. Allí se partieron las aguas. Con todo la ley fue respaldada por una amplia mayoría. El resto es historia conocida. Tanto en relación a las chicanas judiciales como a la laxa aplicación de la ley para los grupos que se adecuaron.
Ahora que el gobierno de Cristina Kirchner está a dos años del final, queda más claro que la decisión de la Corte Suprema de Justicia trasciende a esta gestión. Ya lo señaló el Alto Tribunal: se discute patrimonio, no libertad de prensa. La pregunta de fondo es si el Estado puede o no dictar normas de regulación sobre un mercado determinado. En este caso uno tan importante para la democracia como el de la comunicación audiovisual.
He aquí la cuestión.
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