Ocurrió lo que casi todos estaban esperando. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura e incorporaba la elección popular de los consejeros.
por Reynaldo Sietecase
La estrategia seguida para la aprobación de la reforma judicial fue contradictoria con el proceso seguido, por ejemplo, para la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. La norma que regula el mercado de medios electrónicos nació de la discusión de base en ONGs y universidades de todo el país durante más de un año. Luego pasó por un intenso debate en el Congreso y logró la aprobación con amplias mayorías. La validez de una norma no cambia según la cantidad de votos obtenidos para su sanción. Pero hay que señalar que el mayor grado de consenso le otorga un certificado de perdurabilidad. Los miembros de la Corte Suprema no podrán detener la desmonopolización del mercado de medios sin deslegitimarse. Hay que apuntar sí, que para esa ley no hubo per saltum y su aplicación lleva cuatro años de suspensión.
Con todo, de nada sirve enojarse con los cortesanos por el ejercicio del llamado control de constitucionalidad. Fue la CS la que revocó las llamadas leyes del Perdón que beneficiaban a losrepresores de la última dictadura militar. Además, la actual integración del Alto Tribunal es uno de los logros indiscutidos del primer gobierno kirchnerista. Patalear por sus fallos menoscaba esa decisión notable.
La antigua Corte Suprema, designada por Carlos Menem, era una vergüenza. El actual senador riojanoarmó un tribunal a su medida que fuese funcional al desguace del Estado. En esos años, no había ninguna duda: los intereses de las corporaciones coincidían con los objetivos de la Casa Rosada. Los poderososse cansaron de hacer negocios a costa del patrimonio nacional.
Meses después de asumir Néstor Kirchner logró forzar la renuncia de los miembros más impresentablesde ese tribunal. Y luego, a instancias de su Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, rubricó el decreto 222 deautolimitación en la designación de jueces.
En las nuevas designaciones, Kirchner convocó a juristas de buen nivel y que no estuvieran ligados a grandes estudios jurídicos. Fueron designados Zaffaroni, Argibay, Higthon de Nolasco y Lorenzetti. Subsisten del viejo tribunal Maqueda, Petracchi y el anciano Carlos Fayt. Con sus más y sus menos, hay una distancia cualitativa enorme con las anteriores formaciones.
Sobre el fallo habrá una catarata de lecturas políticas. En el gobierno aseguran que se vulneró la soberanía del pueblo al negar la posibilidad de votar a los consejeros que deben elegir a los jueces. El flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que “no es bueno para la democracia que el Poder Judicial le dé la espalda a la voluntad popular”. Los opositores celebraron “la defensa de la Constitución”. “¡Viva la República y la división de poderes!”, escribió un eufórico Ricardo Alfonsín. A todo esto, el actual Consejo de la Magistratura está paralizado.
Unos critican a los cortesanos y otros los elogian. Aquí tampoco hubo grandes sorpresas. Ojalá recuerden sus dichos ante un fallo de distinto signo. De hecho, el Alto Tribunal debe decidir antes de octubre sobre la ley de medios. Con su rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura quedó demostrada suindependencia política y esa es una buena noticia. Ahora deberá demostrar su independencia del poder económico. Una cosa es defender la división de poderes y otra muy distinta es preservar privilegios de los poderosos.
Se trata de la más relevante de las seis leyes aprobadas por el Congreso de la Nación destinadas, según planteó la presidenta Cristina Kirchner, a “democratizar” el Poder Judicial.
El fallo, que contó con el voto favorable de seis de los siete miembros del tribunal (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay y en disidencia, por Raúl Zaffaroni), es una dura derrota política que el gobierno podría haberse evitado. En la génesis del fracaso se contabilizan errores de fondo y forma que sorprenden.
Entre las consideraciones expresadas por los cortesanos en las 67 páginas del fallo señalan: “La ley resultainconstitucional en cuanto: a) rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso” y agrega: “Directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político-partidario”.
El contundente rechazo podría frenar cambios imprescindibles en la administración de justicia. Y en esto hay responsabilidad oficial. El planteo de reformas al Poder Judicial no debería tener ateos. La mayoría de los argentinos saben que la justicia sólo ampara a los poderosos. Ya se trate de funcionarios políticos o de grandes empresarios. Basta revisar las estadísticas judiciales. El porcentaje de condenas por corrupciónes bajísimo y encontrar a un empresario sancionado es más difícil que cabalgar en el unicornio azul de Silvio Rodríguez.
Los representantes del poder económico sólo concurren a los tribunales para frenar alguna medida que afecte sus intereses. Casi siempre encuentra eco favorable. A pesar de estas certezas generalizadas, el gobierno nacional puso el carro delante del caballo: planteó una reforma exprés, sin debate ni discusión profunda. Ni siquiera habilitó la discusión entre juristas afines.
Vale un ejemplo: la intervención, a último momento, del Centro de Estudios Legales y Sociales hizo que labancada oficialista hiciera cambios de último momento en el proyecto de regulación de las cautelares para que no naciera condenado a la inconstitucionalidad. Las otras propuestas: sobre trasparencia para la elección de personal, publicidad de declaraciones juradas o seguimiento de causas quedarán firmes y son un avance evidente y serán instrumentadas.
Entre las consideraciones expresadas por los cortesanos en las 67 páginas del fallo señalan: “La ley resultainconstitucional en cuanto: a) rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso” y agrega: “Directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político-partidario”.
El contundente rechazo podría frenar cambios imprescindibles en la administración de justicia. Y en esto hay responsabilidad oficial. El planteo de reformas al Poder Judicial no debería tener ateos. La mayoría de los argentinos saben que la justicia sólo ampara a los poderosos. Ya se trate de funcionarios políticos o de grandes empresarios. Basta revisar las estadísticas judiciales. El porcentaje de condenas por corrupciónes bajísimo y encontrar a un empresario sancionado es más difícil que cabalgar en el unicornio azul de Silvio Rodríguez.
Los representantes del poder económico sólo concurren a los tribunales para frenar alguna medida que afecte sus intereses. Casi siempre encuentra eco favorable. A pesar de estas certezas generalizadas, el gobierno nacional puso el carro delante del caballo: planteó una reforma exprés, sin debate ni discusión profunda. Ni siquiera habilitó la discusión entre juristas afines.
Vale un ejemplo: la intervención, a último momento, del Centro de Estudios Legales y Sociales hizo que labancada oficialista hiciera cambios de último momento en el proyecto de regulación de las cautelares para que no naciera condenado a la inconstitucionalidad. Las otras propuestas: sobre trasparencia para la elección de personal, publicidad de declaraciones juradas o seguimiento de causas quedarán firmes y son un avance evidente y serán instrumentadas.
La estrategia seguida para la aprobación de la reforma judicial fue contradictoria con el proceso seguido, por ejemplo, para la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. La norma que regula el mercado de medios electrónicos nació de la discusión de base en ONGs y universidades de todo el país durante más de un año. Luego pasó por un intenso debate en el Congreso y logró la aprobación con amplias mayorías. La validez de una norma no cambia según la cantidad de votos obtenidos para su sanción. Pero hay que señalar que el mayor grado de consenso le otorga un certificado de perdurabilidad. Los miembros de la Corte Suprema no podrán detener la desmonopolización del mercado de medios sin deslegitimarse. Hay que apuntar sí, que para esa ley no hubo per saltum y su aplicación lleva cuatro años de suspensión.
Con todo, de nada sirve enojarse con los cortesanos por el ejercicio del llamado control de constitucionalidad. Fue la CS la que revocó las llamadas leyes del Perdón que beneficiaban a losrepresores de la última dictadura militar. Además, la actual integración del Alto Tribunal es uno de los logros indiscutidos del primer gobierno kirchnerista. Patalear por sus fallos menoscaba esa decisión notable.
La antigua Corte Suprema, designada por Carlos Menem, era una vergüenza. El actual senador riojanoarmó un tribunal a su medida que fuese funcional al desguace del Estado. En esos años, no había ninguna duda: los intereses de las corporaciones coincidían con los objetivos de la Casa Rosada. Los poderososse cansaron de hacer negocios a costa del patrimonio nacional.
Meses después de asumir Néstor Kirchner logró forzar la renuncia de los miembros más impresentablesde ese tribunal. Y luego, a instancias de su Ministro de Justicia, Gustavo Beliz, rubricó el decreto 222 deautolimitación en la designación de jueces.
En las nuevas designaciones, Kirchner convocó a juristas de buen nivel y que no estuvieran ligados a grandes estudios jurídicos. Fueron designados Zaffaroni, Argibay, Higthon de Nolasco y Lorenzetti. Subsisten del viejo tribunal Maqueda, Petracchi y el anciano Carlos Fayt. Con sus más y sus menos, hay una distancia cualitativa enorme con las anteriores formaciones.
Sobre el fallo habrá una catarata de lecturas políticas. En el gobierno aseguran que se vulneró la soberanía del pueblo al negar la posibilidad de votar a los consejeros que deben elegir a los jueces. El flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que “no es bueno para la democracia que el Poder Judicial le dé la espalda a la voluntad popular”. Los opositores celebraron “la defensa de la Constitución”. “¡Viva la República y la división de poderes!”, escribió un eufórico Ricardo Alfonsín. A todo esto, el actual Consejo de la Magistratura está paralizado.
Unos critican a los cortesanos y otros los elogian. Aquí tampoco hubo grandes sorpresas. Ojalá recuerden sus dichos ante un fallo de distinto signo. De hecho, el Alto Tribunal debe decidir antes de octubre sobre la ley de medios. Con su rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura quedó demostrada suindependencia política y esa es una buena noticia. Ahora deberá demostrar su independencia del poder económico. Una cosa es defender la división de poderes y otra muy distinta es preservar privilegios de los poderosos.
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