Al cumplirse once meses de la tragedia de Once y en los momentos previos al juicio oral, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito en el que acusa a los dos ex secretarios de Transporte (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi) de ser “cómplices” del accidente ferroviario que terminó con la vida de 51 personas.
por Reynaldo Sietecase
La presentación del fiscal en la que los acusa de estrago culposo y administración fraudulenta también están mencionados los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro y sobre Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte ferroviario.
Desde que llegó al poder, el kirchnerismo se presentó siempre como lo opuesto al menemismo. Larecuperación del Estado frente a su destrucción; una apuesta firme a un modelo productivo frente a la apertura indiscriminada de la economía; el desendeudamiento frente al maridaje con los organismos financieros internacionales; cambios en la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de amigos y la defensa de los derechos humanos frente a los indultos, entre otras iniciativas. Sin embargo, en algunas áreas lacontinuidad política con los noventa estuvo muy lejos de romperse. La gestión del transporte público es el ejemplo más doloroso por sus consecuencias.
Si bien en algún momento se habló, en 2003, de una posible estatización de los servicios, el kirchnerismomantuvo en las mismas manos un servicio que no sólo estaba en malas condiciones sino que empeorabadía a día. Argumentando un fin noble: evitar aumentos tarifarios que impactaran en los pasajeros de menos recursos, siguió transfiriendo cifras millonarias a los concesionarios sin ningún tipo de control.
La tarifa pasó a ser testimonial, casi nadie la paga y los empresarios ni se preocupan en cobrarla. Solo TBA, de los hermanos Cirigliano —concesionaria del Mitre y el Sarmiento— recibió mil novecientos veinticinco millones de pesos entre 2003 y 2010. A pesar de esas transferencias fenomenales de fondos públicos los empresarios no invirtieron ni mejoraron el servicio.
Los informes de los distintos entes reguladores eran lapidarios pero nadie en el gobierno los tuvo en cuenta para cambiar la historia. Mientras tanto, un importante sector del sindicalismo era parte de los negocios y se mantenía en silencio. Sólo los delegados de base y las organizaciones de usuarios señalaban la falta de inversiones y la inseguridad.
Recién después de la tragedia de Once el gobierno nacional rescindió el contrato de concesión a TBA. Tuvieron que morir cincuenta y una personas para que el Estado reaccionara. En ningún país dónde los ferrocarriles funcionan bien, el Estado se desentiende de la gestión operativa. O directamente tiene el servicio a su cargo o ejerce un control estricto de la actividad. La alianza estratégica con el camionero Hugo Moyano también conspiró contra cualquier cambio que mejorara el servicio ferroviario.
El kirchnerismo hizo todo lo contrario a lo que venía pregonando. Puso al lobo a cuidar a los corderos: designó a Ricardo Jaime. El ahora acusado por el fiscal Delgado logró un récord. Como detallo en el libro Kamikazes: en sus seis años de gestión al frente de la Secretaría de Transporte acumuló veintiocho denuncias judiciales en su contra. Diez están ligadas al manejo de los subsidios: van desde malversación de fondos públicos hasta la distribución arbitraria de los subsidios para el gasoil. Pero los cuestionamientos judiciales más odiosos dan cuenta de las prebendas que recibió de parte de losempresarios a los que debía controlar.
Se comprobó que la Terminal de Buenos Aires (TEBA), la empresa que explota la Estación de Ómnibus de Retiro —su titular es Néstor Otero— pagaba el alquiler de los departamentos donde vivió Jaime en sus años de funcionario: Cerrito 1318 y Libertador 654. Como secretario de Transporte, Jaime prorrogó la concesión de TEBA hasta 2015. Mientras se desarrollaba esa renegociación, el cuñado de Otero compró una casa en un country de San Isidro y la puso a nombre de la madre de Silvia Reyss, pareja de Jaime. El ex secretario pasaba ahí sus fines de semana. El juez federal Norberto Oyarbide lo procesó y la Cámara Federal ratificó su decisión.
En la otra causa por dádivas está acusado por haber utilizado vuelos privados y de Aerolíneas Argentinas,pagados por empresarios a los que debía controlar. En 2009, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido —hoy diputado nacional de la UCR—, abrió un sumario por los viajes de Jaime entre 2006 y 2008 a Brasil, Uruguay y Córdoba en taxis aéreos y aviones de empresas concesionarias del Estado como EMEPA de Gabriel Romero; Grupo Plaza de Cirigliano; Metrovías de Benito Roggio y Aeropuertos Argentina 2000 de Eduardo Eurnekian. El juez federal Claudio Bonadío comprobó que el dueño de TBA, Claudio Cirigliano, pagó al menos ocho viajes de Jaime a destinos turísticos mientras era secretario y repartía millonarios subsidios a empresas como TBA.
A pocos días de la tragedia, Jaime fue convocado por la Justicia. Sin inmutarse declaró que no tenía ninguna responsabilidad ya que él había renunciado en junio de 2009. Y agregó que nunca se realizaron tantas inversiones como durante su gestión.
La responsabilidad política de los funcionarios del gobierno nacional sobre lo que pasó en Once esinnegable. Los seis años de Jaime en la función pública son una señal inequívoca. Resta ver qué dice la justicia en cuanto a la responsabilidad penal.
En tanto, la nueva gestión que encabeza Florencio Randazzo tiene que superar la etapa de los anuncios. Los expertos hablan de la necesidad de cambiar 10 mil kilómetros de vías y de una inversión cercana a los 50 mil millones de dólares. Para eso hacen falta recursos, funcionarios honestos y eficaces y, fundamentalmente, voluntad política. Después de diez años de mantener el status quo, el que no cambia todo no cambia nada.
La presentación del fiscal en la que los acusa de estrago culposo y administración fraudulenta también están mencionados los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro y sobre Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte ferroviario.
Desde que llegó al poder, el kirchnerismo se presentó siempre como lo opuesto al menemismo. Larecuperación del Estado frente a su destrucción; una apuesta firme a un modelo productivo frente a la apertura indiscriminada de la economía; el desendeudamiento frente al maridaje con los organismos financieros internacionales; cambios en la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de amigos y la defensa de los derechos humanos frente a los indultos, entre otras iniciativas. Sin embargo, en algunas áreas lacontinuidad política con los noventa estuvo muy lejos de romperse. La gestión del transporte público es el ejemplo más doloroso por sus consecuencias.
Si bien en algún momento se habló, en 2003, de una posible estatización de los servicios, el kirchnerismomantuvo en las mismas manos un servicio que no sólo estaba en malas condiciones sino que empeorabadía a día. Argumentando un fin noble: evitar aumentos tarifarios que impactaran en los pasajeros de menos recursos, siguió transfiriendo cifras millonarias a los concesionarios sin ningún tipo de control.
La tarifa pasó a ser testimonial, casi nadie la paga y los empresarios ni se preocupan en cobrarla. Solo TBA, de los hermanos Cirigliano —concesionaria del Mitre y el Sarmiento— recibió mil novecientos veinticinco millones de pesos entre 2003 y 2010. A pesar de esas transferencias fenomenales de fondos públicos los empresarios no invirtieron ni mejoraron el servicio.
Los informes de los distintos entes reguladores eran lapidarios pero nadie en el gobierno los tuvo en cuenta para cambiar la historia. Mientras tanto, un importante sector del sindicalismo era parte de los negocios y se mantenía en silencio. Sólo los delegados de base y las organizaciones de usuarios señalaban la falta de inversiones y la inseguridad.
Recién después de la tragedia de Once el gobierno nacional rescindió el contrato de concesión a TBA. Tuvieron que morir cincuenta y una personas para que el Estado reaccionara. En ningún país dónde los ferrocarriles funcionan bien, el Estado se desentiende de la gestión operativa. O directamente tiene el servicio a su cargo o ejerce un control estricto de la actividad. La alianza estratégica con el camionero Hugo Moyano también conspiró contra cualquier cambio que mejorara el servicio ferroviario.
El kirchnerismo hizo todo lo contrario a lo que venía pregonando. Puso al lobo a cuidar a los corderos: designó a Ricardo Jaime. El ahora acusado por el fiscal Delgado logró un récord. Como detallo en el libro Kamikazes: en sus seis años de gestión al frente de la Secretaría de Transporte acumuló veintiocho denuncias judiciales en su contra. Diez están ligadas al manejo de los subsidios: van desde malversación de fondos públicos hasta la distribución arbitraria de los subsidios para el gasoil. Pero los cuestionamientos judiciales más odiosos dan cuenta de las prebendas que recibió de parte de losempresarios a los que debía controlar.
Se comprobó que la Terminal de Buenos Aires (TEBA), la empresa que explota la Estación de Ómnibus de Retiro —su titular es Néstor Otero— pagaba el alquiler de los departamentos donde vivió Jaime en sus años de funcionario: Cerrito 1318 y Libertador 654. Como secretario de Transporte, Jaime prorrogó la concesión de TEBA hasta 2015. Mientras se desarrollaba esa renegociación, el cuñado de Otero compró una casa en un country de San Isidro y la puso a nombre de la madre de Silvia Reyss, pareja de Jaime. El ex secretario pasaba ahí sus fines de semana. El juez federal Norberto Oyarbide lo procesó y la Cámara Federal ratificó su decisión.
En la otra causa por dádivas está acusado por haber utilizado vuelos privados y de Aerolíneas Argentinas,pagados por empresarios a los que debía controlar. En 2009, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido —hoy diputado nacional de la UCR—, abrió un sumario por los viajes de Jaime entre 2006 y 2008 a Brasil, Uruguay y Córdoba en taxis aéreos y aviones de empresas concesionarias del Estado como EMEPA de Gabriel Romero; Grupo Plaza de Cirigliano; Metrovías de Benito Roggio y Aeropuertos Argentina 2000 de Eduardo Eurnekian. El juez federal Claudio Bonadío comprobó que el dueño de TBA, Claudio Cirigliano, pagó al menos ocho viajes de Jaime a destinos turísticos mientras era secretario y repartía millonarios subsidios a empresas como TBA.
A pocos días de la tragedia, Jaime fue convocado por la Justicia. Sin inmutarse declaró que no tenía ninguna responsabilidad ya que él había renunciado en junio de 2009. Y agregó que nunca se realizaron tantas inversiones como durante su gestión.
La responsabilidad política de los funcionarios del gobierno nacional sobre lo que pasó en Once esinnegable. Los seis años de Jaime en la función pública son una señal inequívoca. Resta ver qué dice la justicia en cuanto a la responsabilidad penal.
En tanto, la nueva gestión que encabeza Florencio Randazzo tiene que superar la etapa de los anuncios. Los expertos hablan de la necesidad de cambiar 10 mil kilómetros de vías y de una inversión cercana a los 50 mil millones de dólares. Para eso hacen falta recursos, funcionarios honestos y eficaces y, fundamentalmente, voluntad política. Después de diez años de mantener el status quo, el que no cambia todo no cambia nada.
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