Desconcentrar el mercado de medios es como impartir justicia. Se debe hacer bien y sin mirar a quién. Hace algunos meses Martín Becerra, doctor en comunicación de la UBA y defensor de la ley de Servicios Audiovisuales, lanzó una frase inquietante: “la aplicación de la ley tiene tres obstáculos: los medios concentrados, la oposición y el gobierno”.
Por Reynaldo SietecaseEl mapa de medios audiovisuales de la Argentina tiene un alto nivel de concentración. Desde esa perspectiva, la nueva ley era una necesidad. Si bien fue sancionada a instancias del kirchnerismo, la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria tenían algún proyecto. Es decir que coincidían en el dato objetivo.
De hecho, tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem y Fernando De la Rúa intentaron aprobar normas parecidas. Cabe preguntarse por qué no pudieron hacerlo cuando el primero pudo juzgar a los comandantes de la dictadura y el segundo, logró vender empresas emblemáticas como YPF. Es decir que poder no les faltaba.
La ley procura evitar posiciones dominantes. Para eso fija topes a la cantidad de licencias a explotar. Un mismo concesionario solo podrá ser titular de una licencia audiovisual sobre soporte satelital, de hasta diez señales de televisión abierta o cable y de hasta veinticuatro licencias de radiodifusión por suscripción paga. Ningún operador de medios podrá dar servicio a más del 35 por ciento del total de la población del país, o de los abonados a la TV por cable. También establece que quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
Si la aplicación de la normativa tiene como único objetivo “enflaquecer” al grupo Clarín, el gobierno no sólo cometería una inequidad, también estaría traicionando a todos aquellos que de buena fe, defendieron la aprobación de una nueva ley que reemplazara la oprobiosa legislación nacida durante la dictadura y apostaron a un sistema plural.
Hasta ahora los planes presentados por algunos grupos mediáticos incluyen poner las empresas sobrantes en manos de socios y familiares. La pregunta es: ¿De esa manera se garantiza la desconcentración? Si ese mecanismo es válido: ¿Por qué Clarín no presenta una adecuación con ese criterio?
Más dudas: ¿La autoridad de aplicación tiene herramientas para controlar la aparición de testaferros oprestanombres? ¿Quién comprará los medios excedentes? ¿Será tan fácil mantener los puestos de trabajo?
El uso y abuso de la publicidad oficial a favor de empresas con discursos menos críticos durante los últimos años, obliga a poner especial atención a este tema. Si bien se trata de un medio gráfico, el fallo de la Corte Suprema que exige no discriminar a los medios del grupo Perfil en la distribución de publicidad es unareferencia fundamental. Es imprescindible legislar sobre el uso de la propaganda oficial. Y esto no sólo atañe al gobierno nacional. En la CABA y en las provincias la pauta se utiliza también como elemento disciplinador.
La ley tiene carencias y fallas. Los especialistas coinciden en que regula radiodifusión y telecomunicaciones por separado y esto es un error. Tampoco contempla internet, entre otras cuestiones, cuando los nuevos medios utilizan la web como principal canal de transmisión.
Más allá de estos apuntes, la Corte Suprema de Justicia, al poner plazo a la medida cautelar, dejó en claro que no se trata de una cuestión vinculada a la libertad de expresión; lo que se discute es una cuestión económica. El tema de fondo es si el Estado puede regular o no un mercado determinado. Y, en todo caso, cómo lo hace. Si es eficaz y no ejerce su poder de policía en beneficio propio.
Después de las chicanas de uno y otro lado, la discusión judicial entró en una etapa de definiciones. El juez de primera instancia Horacio Alfonso dictará sentencia sobre la constitucionalidad de los artículos que obligan a desinvertir (impugnados por Clarín) o antes o inmediatamente después de la feria judicial de enero próximo. La Cámara resolverá si extiende o no la medida cautelar impuesta por el grupo mediático.
Por un fallo de primera instancia, posible pero no probable; por la extensión de la cautelar o por la presentación de un plan de adecuación por parte de Clarín, el 7D podría dejar de tener una especial significación.
Tarde o temprano el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia que será la encargada de resolver la disputa en forma definitiva. Una ventaja: el Alto Tribunal está fuera de toda sospecha.
Por Reynaldo SietecaseEl mapa de medios audiovisuales de la Argentina tiene un alto nivel de concentración. Desde esa perspectiva, la nueva ley era una necesidad. Si bien fue sancionada a instancias del kirchnerismo, la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria tenían algún proyecto. Es decir que coincidían en el dato objetivo.
De hecho, tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem y Fernando De la Rúa intentaron aprobar normas parecidas. Cabe preguntarse por qué no pudieron hacerlo cuando el primero pudo juzgar a los comandantes de la dictadura y el segundo, logró vender empresas emblemáticas como YPF. Es decir que poder no les faltaba.
La ley procura evitar posiciones dominantes. Para eso fija topes a la cantidad de licencias a explotar. Un mismo concesionario solo podrá ser titular de una licencia audiovisual sobre soporte satelital, de hasta diez señales de televisión abierta o cable y de hasta veinticuatro licencias de radiodifusión por suscripción paga. Ningún operador de medios podrá dar servicio a más del 35 por ciento del total de la población del país, o de los abonados a la TV por cable. También establece que quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
Si la aplicación de la normativa tiene como único objetivo “enflaquecer” al grupo Clarín, el gobierno no sólo cometería una inequidad, también estaría traicionando a todos aquellos que de buena fe, defendieron la aprobación de una nueva ley que reemplazara la oprobiosa legislación nacida durante la dictadura y apostaron a un sistema plural.
Hasta ahora los planes presentados por algunos grupos mediáticos incluyen poner las empresas sobrantes en manos de socios y familiares. La pregunta es: ¿De esa manera se garantiza la desconcentración? Si ese mecanismo es válido: ¿Por qué Clarín no presenta una adecuación con ese criterio?
Más dudas: ¿La autoridad de aplicación tiene herramientas para controlar la aparición de testaferros oprestanombres? ¿Quién comprará los medios excedentes? ¿Será tan fácil mantener los puestos de trabajo?
El uso y abuso de la publicidad oficial a favor de empresas con discursos menos críticos durante los últimos años, obliga a poner especial atención a este tema. Si bien se trata de un medio gráfico, el fallo de la Corte Suprema que exige no discriminar a los medios del grupo Perfil en la distribución de publicidad es unareferencia fundamental. Es imprescindible legislar sobre el uso de la propaganda oficial. Y esto no sólo atañe al gobierno nacional. En la CABA y en las provincias la pauta se utiliza también como elemento disciplinador.
La ley tiene carencias y fallas. Los especialistas coinciden en que regula radiodifusión y telecomunicaciones por separado y esto es un error. Tampoco contempla internet, entre otras cuestiones, cuando los nuevos medios utilizan la web como principal canal de transmisión.
Más allá de estos apuntes, la Corte Suprema de Justicia, al poner plazo a la medida cautelar, dejó en claro que no se trata de una cuestión vinculada a la libertad de expresión; lo que se discute es una cuestión económica. El tema de fondo es si el Estado puede regular o no un mercado determinado. Y, en todo caso, cómo lo hace. Si es eficaz y no ejerce su poder de policía en beneficio propio.
Después de las chicanas de uno y otro lado, la discusión judicial entró en una etapa de definiciones. El juez de primera instancia Horacio Alfonso dictará sentencia sobre la constitucionalidad de los artículos que obligan a desinvertir (impugnados por Clarín) o antes o inmediatamente después de la feria judicial de enero próximo. La Cámara resolverá si extiende o no la medida cautelar impuesta por el grupo mediático.
Por un fallo de primera instancia, posible pero no probable; por la extensión de la cautelar o por la presentación de un plan de adecuación por parte de Clarín, el 7D podría dejar de tener una especial significación.
Tarde o temprano el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia que será la encargada de resolver la disputa en forma definitiva. Una ventaja: el Alto Tribunal está fuera de toda sospecha.
0 comentarios :
Publicar un comentario