Publicado por Reynaldo Sietecase
Mauricio Macri irá a juicio oral por la causa de las escuchas ilegales sobre opositores. El vicepresidente Amado Boudou imputado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era Ministro de Economía; el juez Ariel Lijo debe resolver la continuidad del fiscal Carlos Rívolo en la causa donde se investiga el posible tráfico de influencias en la venta de la imprenta Ciccone; Sergio y Pablo Schoklender quedaron detenidos acusados de integrar una Asociación Ilícita para desviar fondos del Estado destinados a la construcción de casas populares bajo el sello de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Todo esto ocurrió en tres días. La justicia se transformó en el escenario de la política. Si no existieran tantas sospechas sobre la independencia y honestidad de los magistrados habría motivos para celebrar.
Tanto Boudou como el Jefe de Gobierno porteño hablaron de conspiración. El vice apuntó al grupo Clarín y a la empresa de juego Boldt. También cruzó al juez Rafecas y al Procurador Esteban Righi. Uno tuvo que alejarse de la investigación al ser recusado y el otro renunció, muy enojado por las denuncias, reivindicando su actuación y pertenencia al kirchnerismo. Cuando tomó conocimiento del juicio oral, Macri no dudó:
“Las escuchas son una maniobra del kirchnerismo para complicar mi gestión”. Más allá de las eventuales consecuencias penales de cada caso. No hay nada mejor, para cimentar el futuro de un político que la claridad de su pasado. Tanto Macri como Boudou deberían ser los primeros interesados en que la justicia despeje cualquier duda.
El caso Schoklender parece inscripto en el realismo mágico. Un parricida va a prisión, estudia, se recibe de abogado y sociólogo, sale en libertad y se relaciona con la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Traba con ella, emblema de los derechos humanos, un vínculo difícil de explicar sin los recursos del psicoanálisis. Con los años pasa a administrar una Fundación que se dedica a construir casas con plata del Estado. Se abre una investigación por desvío de fondos (unos 280 millones de pesos). Las pruebas son abrumadoras. Compraron terrenos, autos de lujo, aviones, barcos. La falta de control de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no es parte de esta causa. Tampoco hay certeza que se conviertan en parte de alguna.
La falta de credibilidad en la Justicia alimenta a todos los fantasmas. Abruma y enfurece a los funcionarios. Irrita a los opositores. Desconcierta al ciudadano común. Una de las medidas más ponderadas del primer mandato kirchnerista fue la renovación de la Corte Suprema y el decreto de autolimitación en la designación de sus miembros. A los cómplices del menemismo los suplantaron juristas respetados y probos. Fue bueno pero insuficiente. Los poderosos siguen corriendo con ventaja tanto cuando denuncian como cuando son denunciados. Cambiar ese status quo debería estar entre las prioridades de la política.
PREGUNTAS
Preguntar está en la esencia misma del oficio del periodista. Desde su construcción más básica: la noticia, el edificio periodístico se construye sobre esos cimientos. Las famosas cinco W como se las denomina en inglés (Qué, Quién, Cuándo, Cómo y Por qué). Preguntar permite develar y entender. Para contar un accidente, una elección, un hecho policial o para desarrollar una investigación hay que preguntar.
“¿Hay un fusilado que vive?”, “¿Quién es?”, desde esos interrogantes partió Rodolfo Walsh para elaborar su notable Operación Masacre, la formidable investigación sobre el fusilamiento de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. Preguntó y después fue detrás de una verdad que se quería ocultar. El domingo pasado un grupo de periodistas realizó una suerte de protesta en televisión (en el programa Periodismo Para Todos) reclamando por “el derecho a preguntar”.
La movida mediática avivó la polémica sobre la manera en que se ejerce el periodismo en Argentina, el rol de los grandes medios de comunicación y los límites que trata de imponer el gobierno.
Pedir por la existencia de conferencias de prensa es razonable y lo comparto. No se entiende por qué el gobierno nacional las eliminó de plano. Participé hace unos años de una iniciativa promovida por la Fundación Konrad Adenauer denominada “Preguntas al poder” en la cual un grupo de periodistas convocábamos -en base a un modelo alemán de postguerra- a conferencias de prensa.
Asistieron políticos de todos los partidos, miembros de la Corte Suprema, empresarios, sindicalistas, gobernadores y ministros de Poder Ejecutivo nacional. Hasta Cristina Kirchner utilizó ese método en una conferencia que brindó en Olivos. Sólo la bajísima tolerancia oficial a las críticas explica la reticencia a contestar preguntas. El gobierno ve al periodismo en su conjunto, no sólo a los grandes medios, como una amenaza.
Dicho esto, es necesario señalar que una cosa es reclamar por más y mejores ruedas de prensa y otra distinta es esgrimir que en Argentina no se puede preguntar o incluso argumentar que por esa cerrazón oficial tienen problemas para hacer buen periodismo. Eso es falso.
Muchos de los que reclamaron en la tele, el domingo pasado, consultan a diario a los dirigentes políticos del oficialismo en sus programas. Y si de interpelar a los políticos y funcionarios se trata, habría que recordarles a los colegas que en una democracia como la argentina, el Poder Económico suele tener tanto o más peso que quien llega por el voto popular a la Casa Rosada. Y que, por esa simple razón, los periodistas tenemos la obligación ética de interpelarlo.
Nota publicada en Diario Z edición 17.05.2012
Mauricio Macri irá a juicio oral por la causa de las escuchas ilegales sobre opositores. El vicepresidente Amado Boudou imputado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era Ministro de Economía; el juez Ariel Lijo debe resolver la continuidad del fiscal Carlos Rívolo en la causa donde se investiga el posible tráfico de influencias en la venta de la imprenta Ciccone; Sergio y Pablo Schoklender quedaron detenidos acusados de integrar una Asociación Ilícita para desviar fondos del Estado destinados a la construcción de casas populares bajo el sello de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Tanto Boudou como el Jefe de Gobierno porteño hablaron de conspiración. El vice apuntó al grupo Clarín y a la empresa de juego Boldt. También cruzó al juez Rafecas y al Procurador Esteban Righi. Uno tuvo que alejarse de la investigación al ser recusado y el otro renunció, muy enojado por las denuncias, reivindicando su actuación y pertenencia al kirchnerismo. Cuando tomó conocimiento del juicio oral, Macri no dudó:
“Las escuchas son una maniobra del kirchnerismo para complicar mi gestión”. Más allá de las eventuales consecuencias penales de cada caso. No hay nada mejor, para cimentar el futuro de un político que la claridad de su pasado. Tanto Macri como Boudou deberían ser los primeros interesados en que la justicia despeje cualquier duda.
El caso Schoklender parece inscripto en el realismo mágico. Un parricida va a prisión, estudia, se recibe de abogado y sociólogo, sale en libertad y se relaciona con la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Traba con ella, emblema de los derechos humanos, un vínculo difícil de explicar sin los recursos del psicoanálisis. Con los años pasa a administrar una Fundación que se dedica a construir casas con plata del Estado. Se abre una investigación por desvío de fondos (unos 280 millones de pesos). Las pruebas son abrumadoras. Compraron terrenos, autos de lujo, aviones, barcos. La falta de control de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no es parte de esta causa. Tampoco hay certeza que se conviertan en parte de alguna.
La falta de credibilidad en la Justicia alimenta a todos los fantasmas. Abruma y enfurece a los funcionarios. Irrita a los opositores. Desconcierta al ciudadano común. Una de las medidas más ponderadas del primer mandato kirchnerista fue la renovación de la Corte Suprema y el decreto de autolimitación en la designación de sus miembros. A los cómplices del menemismo los suplantaron juristas respetados y probos. Fue bueno pero insuficiente. Los poderosos siguen corriendo con ventaja tanto cuando denuncian como cuando son denunciados. Cambiar ese status quo debería estar entre las prioridades de la política.
PREGUNTAS
Preguntar está en la esencia misma del oficio del periodista. Desde su construcción más básica: la noticia, el edificio periodístico se construye sobre esos cimientos. Las famosas cinco W como se las denomina en inglés (Qué, Quién, Cuándo, Cómo y Por qué). Preguntar permite develar y entender. Para contar un accidente, una elección, un hecho policial o para desarrollar una investigación hay que preguntar.
“¿Hay un fusilado que vive?”, “¿Quién es?”, desde esos interrogantes partió Rodolfo Walsh para elaborar su notable Operación Masacre, la formidable investigación sobre el fusilamiento de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. Preguntó y después fue detrás de una verdad que se quería ocultar. El domingo pasado un grupo de periodistas realizó una suerte de protesta en televisión (en el programa Periodismo Para Todos) reclamando por “el derecho a preguntar”.
La movida mediática avivó la polémica sobre la manera en que se ejerce el periodismo en Argentina, el rol de los grandes medios de comunicación y los límites que trata de imponer el gobierno.
Pedir por la existencia de conferencias de prensa es razonable y lo comparto. No se entiende por qué el gobierno nacional las eliminó de plano. Participé hace unos años de una iniciativa promovida por la Fundación Konrad Adenauer denominada “Preguntas al poder” en la cual un grupo de periodistas convocábamos -en base a un modelo alemán de postguerra- a conferencias de prensa.
Asistieron políticos de todos los partidos, miembros de la Corte Suprema, empresarios, sindicalistas, gobernadores y ministros de Poder Ejecutivo nacional. Hasta Cristina Kirchner utilizó ese método en una conferencia que brindó en Olivos. Sólo la bajísima tolerancia oficial a las críticas explica la reticencia a contestar preguntas. El gobierno ve al periodismo en su conjunto, no sólo a los grandes medios, como una amenaza.
Dicho esto, es necesario señalar que una cosa es reclamar por más y mejores ruedas de prensa y otra distinta es esgrimir que en Argentina no se puede preguntar o incluso argumentar que por esa cerrazón oficial tienen problemas para hacer buen periodismo. Eso es falso.
Muchos de los que reclamaron en la tele, el domingo pasado, consultan a diario a los dirigentes políticos del oficialismo en sus programas. Y si de interpelar a los políticos y funcionarios se trata, habría que recordarles a los colegas que en una democracia como la argentina, el Poder Económico suele tener tanto o más peso que quien llega por el voto popular a la Casa Rosada. Y que, por esa simple razón, los periodistas tenemos la obligación ética de interpelarlo.
Nota publicada en Diario Z edición 17.05.2012
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