Un grupo de 82 jubilados que mantienen juicios contra el Estado por el pago de sus haberes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) incumple con el debido pago de las sentencias y, además, traba la gestión de las demandas en instancia judicial, al impedir que una de las salas de apelaciones dicte sentencias.
La presentación fue realizada en Washington el viernes pasado y tiene como abogado patrocinante a Fabián Bergenfeld. No se trata de la primera denuncia de este tipo ante esta instancia. Justamente, una de las quejas es por "violación y total incumplimiento por parte del Estado" de un acuerdo de solución amistosa firmado ante la OEA en noviembre de 2009, en el marco de una denuncia presentada por jubilados en 1994.
Según afirma el escrito elevado el viernes, entre los compromisos incumplidos se cuenta el de no apelar (por parte de la Anses) las sentencias favorables a los beneficiarios en casos análogos a los ya resueltos por la Corte Suprema. También se recuerda que en el acuerdo, firmado por funcionarios de la Anses y de la Cancillería, se había asumido el compromiso de desistir, en 60 días, de los recursos de apelación que estaban en trámite. Según se señala, eso no ocurrió.
Consultado por LA NACION, el abogado Sergio Bobrovsky -representante de los jubilados en aquella primera denuncia que originó el acuerdo amistoso- ratificó que lo pactado no se cumple, tal como ya se había advertido. Dijo que, por ejemplo, el compromiso de no apelar se llevó a cabo sólo en forma parcial, ya que no se cuestionan fallos en casos como el de Badaro (referido al reclamo por los ajustes de haberes de 2002 a 2006), pero sí hay apelaciones en causas sobre otros temas o en los expedientes de Badaro que agregan alguna otra cuestión, por más ínfima que sea.
También afirmó que se desistió sólo de algunas apelaciones y comentó que en enero pasado hubo una conversación informal con funcionarios de la OEA, en la que se plantearon temas como la falta de convocatoria, por parte del Estado, para reuniones de seguimiento del acuerdo. Esos encuentros eran parte del compromiso.
La denuncia señala que, además de la falta de cumplimiento del acuerdo, se sumaron en los últimos tiempos "nuevos hechos violatorios de los derechos de los jubilados".
El escrito califica como una "persecución sistemática a los magistrados que fallan con celeridad y ajustándose a derecho" una serie de hechos -denuncias, recusaciones, auditorías- que se vienen produciendo en la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. La situación por la que atraviesa esa sala y la recusación sin causa permanente de uno de los jueces por parte de la Anses mantienen al menos unos 4500 expedientes frenados, tal como informó LA NACION la semana pasada.
La denuncia señala que existe un "boicot a los magistrados que fallan conforme a derecho, generándose una auténtica fractura que divide a los jueces probos de algunos adictos al poder". También se cuestiona en duros términos que la presidenta Cristina Kirchner haya vetado una ley aprobada por el Congreso, que disponía que el haber mínimo fuera del 82% del salario básico y que lo dispuesto por el fallo Badaro se aplicara a todas las personas a quienes les correspondiera, sin necesidad de hacerlas ir a juicio.
487.560 en litigio es el número de jubilados con juicios en trámite, según la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos.
Fuente: La Nación
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