POR PRIMERA VEZ CITAN A INDAGATORIA AL DUEÑO DE UNA IMPORTANTE FIRMA DE INDUMENTARIA
El dueño de la firma Kosiuko está acusado de “reducción a la servidumbre”. Para el juez federal Julián Ercolini, habría pruebas de que la firma tercerizaba la producción de prendas en talleres clandestinos.
El dueño de la firma Kosiuko está acusado de “reducción a la servidumbre”. Para el juez federal Julián Ercolini, habría pruebas de que la firma tercerizaba la producción de prendas en talleres clandestinos.
Por Emilio Ruchansky
Por primera vez, el dueño de una importante marca de
ropa prestará declaración indagatoria ante la Justicia, en una causa en
la que se lo investiga por “reducción a la servidumbre” en al menos un
taller textil.
Se trata de Federico Bonomi, titular de la firma Kosiuko,
quien fue citado por el juez federal Julián Ercolini, al igual que dos
directivos de la empresa: Aníbal Terra y Marcelo Gallardo. La
indagatoria será el próximo 13 de octubre y los empresarios deberán
explicar qué relación tenían con el taller en cuestión y otros, donde al
parecer se tercerizaba la producción de prendas para esta marca.
“El
pedido para que declaren fue hecho por la Cámara Federal porteña”,
informó una fuente judicial a este diario. La causa comenzó en octubre
de 2005 y con los años se le fueron sumando nuevas denuncias.
En un principio, las denuncias contra la empresa Kowsef SA,
propietaria de la marca Kosiuko, fueron formuladas por la cooperativa La
Alameda y recayeron en el juzgado de Norberto Oyarbide.
El magistrado
se excusó de atenderla y la derivó a su colega Jorge Urso, quien tomó la
misma determinación. Finalmente el expediente, que incluía acusaciones
graves como la situación de semiesclavitud y trata de personas, llegó a
manos de Ercolini.
En el camino, según afirmó Rodolfo Yanzón, abogado querellante, hubo amenazas de muerte contra testigos de identidad reservada.
En el camino, según afirmó Rodolfo Yanzón, abogado querellante, hubo amenazas de muerte contra testigos de identidad reservada.
“Es una decisión afortunada que pedimos desde un principio, cuando
denunciamos las condiciones a las que se sometía a los costureros. De
todas formas, va a ser difícil avanzar si no se les da una protección a
las personas que se animaron a denunciar”, dijo ayer Yanzón, quien junto
a La Alameda y la Defensoría del Pueblo porteño fueron sumando
denuncias a esta causa. La más fuerte fue en 2009, luego de que el
propio Bonomi le pidió a la ONG que hiciera un monitoreo de los talleres
que le proveían ropa para detectar si había irregularidades.
En ese contexto, desde La Alameda le presentaron a Bonomi el caso de
una pareja de costureros bolivianos que trabajaba en un taller que
confeccionaba prendas para Kosiuko y denunciaba las condiciones de
insalubridad y explotación en que trabajaban, así como un despido sin
indemnización.
En esa reunión, en la que también participó Marcelo
Gallardo, gerente general de Kowsef SA, los costureros Oscar Mamani y
Concepción Pajarita Marca demostraron, con etiquetas de la marca
Kosiuko, que el taller trabajaba para la firma. Los empresarios se
comprometieron a pagar una indemnización, que nunca se hizo efectiva.
Los costureros volvieron al taller a sacar sus pertenencias y con
una cámara oculta lo filmaron. Ahora, ese video es parte probatoria del
expediente. ¿Cómo eran las condiciones contractuales? Según los dos
costureros, que durante un año trabajaron en el taller de Crisóstomo
Alvarez al 3900, en el barrio de Parque Avellaneda, les pagaban entre
600 y 900 pesos al mes; el horario era de 7 a 22 y sólo podían salir los
sábados, después del mediodía, y los domingos.
De la declaración de ambos surgió el procesamiento, sin prisión
preventiva, de Andrea Reparaz Fiori, responsable de la firma Miyagawa
SA, que sería intermediaria entre Kosiuko y una serie de talleres. La
mujer declaró en 2010 que sólo pasaba por el taller a dejar “retazos que
le sobraban” y fue liberada.
Un año después, tras la apelación del
fiscal Jorge Di Lello y del abogado Yanzón, la Cámara Federal porteña
dispuso su procesamiento. El encargado del taller de Parque Avellaneda,
Walter Moya, también fue citado a declarar. “Pero no apareció más, está
prófugo”, comentó una fuente judicial.
Con este panorama, al que debe agregarse un allanamiento a la sede
central de Kosiuko en 2009, el próximo 13 de octubre deberán declarar
los tres empresarios, a quienes se acusa de un delito que prevé de tres a
quince años de prisión. Según informó Yanzón, hay fotos, documentos y
también material impositivo del que podrían surgir las relaciones entre
el taller y la empresa textil. “Es difícil que se les aplique la prisión
efectiva, pero es importante que se reconozca la responsabilidad penal a
este nivel de gente en el tema textil”, comentó anoche Yanzón.
Por otra parte, según afirmó el abogado, muchos de los posibles
testigos se esfumaron a lo largo de los años. Conseguir que declaren
será uno de los desafíos de la querella. “Tienen miedo de quedar fuera
del mercado y son desconfiados porque no se los asiste como dice la Ley
de Trata”, afirmó Yanzón.
En un futuro fallo, agregó, sería importante
que se les den a los costureros las máquinas secuestradas en los
talleres clandestinos y se les brinde el asesoramiento del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, como ocurrió en otra sentencia
judicial que apuntó a recomponer la situación laboral de los
damnificados.
Pajarita Marca está en el país y sigue trabajando en el rubro
textil. Su pareja volvió a Bolivia. La presencia de al menos uno de
ellos será determinante, reconocieron ayer fuentes judiciales.
Los tres
empresarios serán indagados porque se considera, entre otras cosas, que
la firma tenía la obligación de controlar la situación de trabajo de
quienes eran contratados como mano de obra para confeccionar sus prendas
en un taller, donde al parecer tercerizaba la producción. Como quedó
claro tras las denuncias sobre trabajo semiesclavo en el ámbito rural,
deslindar tareas no equivale a deslindar responsabilidades.
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