La pelea entre los gobiernos uruguayo y argentino es patética. Se produce a medida de las necesidades de una multinacional, UPM (ex Botnia), cuyo único interés es obtener grandes beneficios sin preocuparse por eldaño ambiental que provoca con su producción.
La ex Botnia nunca debió construirse en su actual emplazamiento. La debilidad del gobierno uruguayo ante los planteos de la empresa y la impericia de la cancillería argentina, permitieron que un emprendimiento de tal magnitud se instalara frente a un enclave turístico.
La historia reciente es conocida. Meses de corte en el puente y luego el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya a la que se volverá a recurrir ahora. Argentina argumenta que con la autorización para producir diez por ciento más, otorgado a la empresa por Mujica, se violó nuevamente el tratado del Río Uruguay.
La decisión oriental motivó al gobierno argentino a difundir parte de los informes ambientales que, hasta esta semana, estaban bajo diez candados: “Violaciones de UPM al medio ambiente del río Uruguay, altas temperaturas del efluente, alto contenido de fósforo, presencia de pesticidas en el efluente y en los pluviales, presencia de cromo, presencia de fenoles en el efluente”.
Denuncias que, según Timerman, fueron presentadas oportunamente en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Mujica, que en charlas privadas dice cosas que no revela en público, minimizó las denuncias: “genera más fósforo el dique de mi chacra que la planta de UPM”, dijo y aseguró que “del lado de Gualeguaychú” hay más pesticida que del lado uruguayo. También relacionó la falta de acuerdo con elclima electoral que vive la Argentina. “Esto es inaceptable y ofensivo”, le respondió el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.
Lo cierto es que el monitoreo conjunto era una orden decidida por la Corte de La Haya, después de no encontrar motivos suficientes para ordenar el desmantelamiento de la pastera pero reconociendo laviolación uruguaya al Tratado del Río Uruguay al permitir su instalación sin avisarle al gobierno argentino. Nunca se pudo implementar un sistema de controles de manera eficaz.
La Corte internacional no se expresó sobre el impacto negativo al turismo entrerriano. Este es uno de los aspectos más absurdos de la decisión uruguaya. Con sólo haber construido la planta 30 o 40 kilómetros río abajo, el impacto al turismo no hubiese existido. La decisión de no cambiar el emplazamiento es asimilable a permitir la construcción de una pastera en Punta del Este.
Ante el hecho consumado, la contaminación ambiental de un emprendimiento de esta naturaleza esinevitable. El tema es cómo morigerar su impacto. Cómo mantenerlo en los valores menos nocivos para animales y personas.
Los antecedentes no ayudan. Argentina no tiene un historial para enorgullecerse en esta materia. La minería a cielo abierto, la utilización extensiva e intensiva de pesticidas, la deforestación, la contaminación de las grandes empresas sobre el río Paraná y en el Riachuelo, son ejemplos vergonzosos de la falta de control estatal.
Sólo la acción conjunta de los gobiernos podría imponer condiciones a una megaempresa como UPM. En otros sitios del mundo existe experiencia de este tipo. En general para controlar emprendimientos hidroeléctricos ejecutados por multinacionales.
Compartimos el río, la historia y un destino. Aunque después de escuchar a Pepe Mujica y al canciller argentino, no lo parezca.
por Reynaldo Sietecase
Los últimos cruces de declaraciones entre el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y el canciller argentino,Héctor Timerman, expresan el peor momento de la relación entre ambos países desde 2006, cuando los vecinos y ambientalistas de Gualeguaychú cortaron el puente binacional como rechazo a la instalación de la pastera de origen finlandés.Horas antes del aluvión de chicanas y acusaciones, el presidente uruguayo había compartido un acto junto a su par argentina, Cristina Kirchner, donde hablaron de unidad, integración y amistad.
Los últimos cruces de declaraciones entre el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y el canciller argentino,Héctor Timerman, expresan el peor momento de la relación entre ambos países desde 2006, cuando los vecinos y ambientalistas de Gualeguaychú cortaron el puente binacional como rechazo a la instalación de la pastera de origen finlandés.Horas antes del aluvión de chicanas y acusaciones, el presidente uruguayo había compartido un acto junto a su par argentina, Cristina Kirchner, donde hablaron de unidad, integración y amistad.
La ex Botnia nunca debió construirse en su actual emplazamiento. La debilidad del gobierno uruguayo ante los planteos de la empresa y la impericia de la cancillería argentina, permitieron que un emprendimiento de tal magnitud se instalara frente a un enclave turístico.
La historia reciente es conocida. Meses de corte en el puente y luego el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya a la que se volverá a recurrir ahora. Argentina argumenta que con la autorización para producir diez por ciento más, otorgado a la empresa por Mujica, se violó nuevamente el tratado del Río Uruguay.
La decisión oriental motivó al gobierno argentino a difundir parte de los informes ambientales que, hasta esta semana, estaban bajo diez candados: “Violaciones de UPM al medio ambiente del río Uruguay, altas temperaturas del efluente, alto contenido de fósforo, presencia de pesticidas en el efluente y en los pluviales, presencia de cromo, presencia de fenoles en el efluente”.
Denuncias que, según Timerman, fueron presentadas oportunamente en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Mujica, que en charlas privadas dice cosas que no revela en público, minimizó las denuncias: “genera más fósforo el dique de mi chacra que la planta de UPM”, dijo y aseguró que “del lado de Gualeguaychú” hay más pesticida que del lado uruguayo. También relacionó la falta de acuerdo con elclima electoral que vive la Argentina. “Esto es inaceptable y ofensivo”, le respondió el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.
Lo cierto es que el monitoreo conjunto era una orden decidida por la Corte de La Haya, después de no encontrar motivos suficientes para ordenar el desmantelamiento de la pastera pero reconociendo laviolación uruguaya al Tratado del Río Uruguay al permitir su instalación sin avisarle al gobierno argentino. Nunca se pudo implementar un sistema de controles de manera eficaz.
La Corte internacional no se expresó sobre el impacto negativo al turismo entrerriano. Este es uno de los aspectos más absurdos de la decisión uruguaya. Con sólo haber construido la planta 30 o 40 kilómetros río abajo, el impacto al turismo no hubiese existido. La decisión de no cambiar el emplazamiento es asimilable a permitir la construcción de una pastera en Punta del Este.
Ante el hecho consumado, la contaminación ambiental de un emprendimiento de esta naturaleza esinevitable. El tema es cómo morigerar su impacto. Cómo mantenerlo en los valores menos nocivos para animales y personas.
Los antecedentes no ayudan. Argentina no tiene un historial para enorgullecerse en esta materia. La minería a cielo abierto, la utilización extensiva e intensiva de pesticidas, la deforestación, la contaminación de las grandes empresas sobre el río Paraná y en el Riachuelo, son ejemplos vergonzosos de la falta de control estatal.
Sólo la acción conjunta de los gobiernos podría imponer condiciones a una megaempresa como UPM. En otros sitios del mundo existe experiencia de este tipo. En general para controlar emprendimientos hidroeléctricos ejecutados por multinacionales.
Compartimos el río, la historia y un destino. Aunque después de escuchar a Pepe Mujica y al canciller argentino, no lo parezca.
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