Un ejemplar de las nuevas prendas que se presentaron en el desfile realizado en pleno Palermo Hollywood el sábado pasado lucía en una foto enmarcada que colgaba en una punta de la pasarela, y en la que se apreciaban dos detalles especiales: la remera es sostenida por el Papa Francisco
y tiene escrito de su puño y letra una dedicatoria que dice “Al amigo de la Alameda y No Chains, con afecto, Francisco”, y con el agregado irónico, entre paréntesis: “¿Se acuerdan de los troskos de Dios?”.
El amigo del Papa es Gustavo Vera, un ex trotskista que preside la Fundación Alameda de lucha contra el trabajo esclavo y los talleres textiles clandestinos, y que será el candidato que encabezará la lista a legisladores porteños que el espacio Unen presentará en las elecciones distritales del 27 de octubre. A Vera se lo ve en la foto tomada a fines de junio pasado durante una audiencia en el Vaticano sosteniendo junto al Papa la remera. En 2010 el entonces cardenal Jorge Bergoglio había estado presente en el primer lanzamiento de las remeras de No Chains, una red de cooperativas textiles que, además de la Alameda, integran asociaciones de Tailandia, Indonesia, Hong Kong y Filipinas, y que el sábado pasado lanzó sus nuevos diseños con un desfile en el Mercado de Economía Solidaria ubicado en Bonpland al 1600.
La industria textil tuvo una década ganada en términos de producción y empleo, pero no en condiciones laborales. Según cifras del Ministerio de Trabajo, mientras el número de costureros que trabajan en blanco pasó de 25.000 a 50.000 desde 2003 hasta ahora, la cantidad de no registrados se triplicó de 40.000 a 120.000. Y en muchísimos casos los que están en la informalidad trabajan en situación de extrema precariedad, a veces rayana en la esclavitud.
Con la por entonces sensible conducción de Enrique Martínez, a mediados de la década kirchnerista el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a ocuparse del problema. Desde 2005 venía realizando tareas de concientización en todas las partes involucradas, pero luego de la tragedia ocurrida en marzo de 2006 cuando el incendio de un taller clandestino en la calle Luis Viale de la Capital Federal terminó con la vida de seis personas, el organismo se dispuso a desarrollar un programa de certificación de condiciones laborales y ambientales que terminó plasmada en una normativa de carácter voluntario conocida como “Compromiso Social Compartido (CSC)”.
La idea es que las empresas del sector le soliciten al INTI que certifique el cumplimiento de una serie de requisitos que demuestran la vigencia de condiciones laborales dignas (particularmente la ausencia de trabajo infantil, de trabajo forzado, de violencia laboral y de discriminación), la protección de los derechos del trabajador (en materia de remuneraciones, libertad sindical, ética laboral y capacitación profesional), el cuidado de la salud y de la seguridad ocupacional, el respeto al medio ambiente, y la lealtad comercial. El procedimiento de certificación incluye la verificación de que los requisitos también son cumplidos por los licenciatarios y por los principales proveedores, es decir los talleristas y los trabajadores a domicilio.
Según datos de la AFIP, en el país hay registradas algo más de 3.200 empresas en el rubro textil, de las cuales cerca de 2.000 son microempresas y alrededor de 900 son pequeñas firmas; pero casi el 80 por ciento de las ventas son efectuadas por las 300 y pico de tamaño mediano y las 56 grandes compañías del sector.
De todas ellas, sólo una cuenta con el certificado de Compromiso Social Compartido. Luego de una minuciosa auditoría a la empresa y a toda su cadena de valor, a fines del año pasado el INTI le otorgó el certificado de CSC a Ombú, la tradicional marca de ropa de trabajo que en su origen fue de Grafa (Bunge & Born) y que ahora es propiedad de una multinacional que surgió de la fusión de la brasileña Santista (compró Grafa a mediados de los ’90) con la española Tavex. La certificación incluye a la fabricación del hilado, a los licenciatarios que confeccionan las prendas, y a los talleres tercerizados que completan el proceso productivo.
Desde que el INTI tuvo listo el programa y convocó a las empresas del sector, más de 100 mostraron algún interés, pero finalmente desistieron todas menos Ombú. Debe haber habido variados motivos que explican el abandono, pero seguramente una de las causas principales fue la falta de voluntad o capacidad para cumplir con los requisitos exigidos.
El INTI pretende que el programa sea potenciado por presión de la demanda. La idea es que, además de la presentación voluntaria, las firmas textiles se vean inducidas a contar el certificado, ya sea porque los consumidores u ONGs lo reclaman o porque resulta indispensable para poder participar de licitaciones de compras de organismos públicos o privados.
Respecto de esto último, en su tesis para la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero, el abogado del INTI Adrián Choren señala: “Si la herramienta de la compra sustentable se utiliza desde el Estado en su conjunto (Nacional, Provincial y Municipal) se pueden lograr mayores resultados”.
En ese sentido se ha avanzado poco. El de Defensa ha sido el único ministerio nacional que se comprometió por convenio a contratar sólo a aquellas empresas que al menos hayan adherido al programa de CSC, es decir que aunque no cuenten con el certificado cumplen con cuatro requisitos mínimos (ausencia de trabajo no registrado, forzado e infantil, y adecuadas condiciones de seguridad e higiene). Y, dicho sea de paso, el ministerio se vio obligado a otorgar un período de gracia a varios de sus proveedores para no quedar desabastecido de uniformes.
Un convenio similar ya fue suscripto por la Dirección de Escuelas bonaerenses, y a nivel nacional las carteras de Justicia e Interior estarían por asumir el compromiso de condicionar sus compras a la presentación del certificado CSC o, al menos, de la adhesión al programa.
En forma paralela, el INTI está empujando para que la Oficina Nacional de Contrataciones aplique el criterio a todas las compras que realiza el Estado, que en el caso de indumentaria ascendieron en el año 2010 a más de 100 millones de pesos, según datos de esa repartición.
Los especialistas del INTI en el tema señalan que el criterio bien podría extenderse a todas las compras que realiza el sector público, e incluso fijarse como requisito para recibir algún tipo de beneficio estatal, como por ejemplo financiamiento promocional o Repro del Ministerio de Trabajo.
Porque hay que tener presente que así como en la industria textil el trabajo en negro se cuenta de a miles, en el país lo padecen millones.
POR MARCELO ZLOTOGWIAZDA para veintitresLa industria textil tuvo una década ganada en términos de producción y empleo, pero no en condiciones laborales. Según cifras del Ministerio de Trabajo, mientras el número de costureros que trabajan en blanco pasó de 25.000 a 50.000 desde 2003 hasta ahora, la cantidad de no registrados se triplicó de 40.000 a 120.000. Y en muchísimos casos los que están en la informalidad trabajan en situación de extrema precariedad, a veces rayana en la esclavitud.
Con la por entonces sensible conducción de Enrique Martínez, a mediados de la década kirchnerista el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a ocuparse del problema. Desde 2005 venía realizando tareas de concientización en todas las partes involucradas, pero luego de la tragedia ocurrida en marzo de 2006 cuando el incendio de un taller clandestino en la calle Luis Viale de la Capital Federal terminó con la vida de seis personas, el organismo se dispuso a desarrollar un programa de certificación de condiciones laborales y ambientales que terminó plasmada en una normativa de carácter voluntario conocida como “Compromiso Social Compartido (CSC)”.
La idea es que las empresas del sector le soliciten al INTI que certifique el cumplimiento de una serie de requisitos que demuestran la vigencia de condiciones laborales dignas (particularmente la ausencia de trabajo infantil, de trabajo forzado, de violencia laboral y de discriminación), la protección de los derechos del trabajador (en materia de remuneraciones, libertad sindical, ética laboral y capacitación profesional), el cuidado de la salud y de la seguridad ocupacional, el respeto al medio ambiente, y la lealtad comercial. El procedimiento de certificación incluye la verificación de que los requisitos también son cumplidos por los licenciatarios y por los principales proveedores, es decir los talleristas y los trabajadores a domicilio.
Según datos de la AFIP, en el país hay registradas algo más de 3.200 empresas en el rubro textil, de las cuales cerca de 2.000 son microempresas y alrededor de 900 son pequeñas firmas; pero casi el 80 por ciento de las ventas son efectuadas por las 300 y pico de tamaño mediano y las 56 grandes compañías del sector.
De todas ellas, sólo una cuenta con el certificado de Compromiso Social Compartido. Luego de una minuciosa auditoría a la empresa y a toda su cadena de valor, a fines del año pasado el INTI le otorgó el certificado de CSC a Ombú, la tradicional marca de ropa de trabajo que en su origen fue de Grafa (Bunge & Born) y que ahora es propiedad de una multinacional que surgió de la fusión de la brasileña Santista (compró Grafa a mediados de los ’90) con la española Tavex. La certificación incluye a la fabricación del hilado, a los licenciatarios que confeccionan las prendas, y a los talleres tercerizados que completan el proceso productivo.
Desde que el INTI tuvo listo el programa y convocó a las empresas del sector, más de 100 mostraron algún interés, pero finalmente desistieron todas menos Ombú. Debe haber habido variados motivos que explican el abandono, pero seguramente una de las causas principales fue la falta de voluntad o capacidad para cumplir con los requisitos exigidos.
El INTI pretende que el programa sea potenciado por presión de la demanda. La idea es que, además de la presentación voluntaria, las firmas textiles se vean inducidas a contar el certificado, ya sea porque los consumidores u ONGs lo reclaman o porque resulta indispensable para poder participar de licitaciones de compras de organismos públicos o privados.
Respecto de esto último, en su tesis para la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero, el abogado del INTI Adrián Choren señala: “Si la herramienta de la compra sustentable se utiliza desde el Estado en su conjunto (Nacional, Provincial y Municipal) se pueden lograr mayores resultados”.
En ese sentido se ha avanzado poco. El de Defensa ha sido el único ministerio nacional que se comprometió por convenio a contratar sólo a aquellas empresas que al menos hayan adherido al programa de CSC, es decir que aunque no cuenten con el certificado cumplen con cuatro requisitos mínimos (ausencia de trabajo no registrado, forzado e infantil, y adecuadas condiciones de seguridad e higiene). Y, dicho sea de paso, el ministerio se vio obligado a otorgar un período de gracia a varios de sus proveedores para no quedar desabastecido de uniformes.
Un convenio similar ya fue suscripto por la Dirección de Escuelas bonaerenses, y a nivel nacional las carteras de Justicia e Interior estarían por asumir el compromiso de condicionar sus compras a la presentación del certificado CSC o, al menos, de la adhesión al programa.
En forma paralela, el INTI está empujando para que la Oficina Nacional de Contrataciones aplique el criterio a todas las compras que realiza el Estado, que en el caso de indumentaria ascendieron en el año 2010 a más de 100 millones de pesos, según datos de esa repartición.
Los especialistas del INTI en el tema señalan que el criterio bien podría extenderse a todas las compras que realiza el sector público, e incluso fijarse como requisito para recibir algún tipo de beneficio estatal, como por ejemplo financiamiento promocional o Repro del Ministerio de Trabajo.
Porque hay que tener presente que así como en la industria textil el trabajo en negro se cuenta de a miles, en el país lo padecen millones.
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