Tenemos un gobierno con discurso y vocación por mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Está claro que la principal metodología utilizada ha sido compensar la ausencia de ingresos o su relativa escasez, con subsidios directos (AUH, bajas tarifas de servicios) o con sistemas pseudo asistenciales que parecen trabajo pero no lo son tanto (cooperativas de servicios públicos).´
Escrito por Enrique Mario Martinez
Sin embargo, las estructuras en que cada instrumento se enmarca tienden paradojalmente a perpetuar la dependencia del apoyo público.
En efecto, si una madre cobra asignación universal por su hijo pequeño y consigue un trabajo, normalmente no tiene un jardín maternal que atienda al niño en forma gratuita o a un costo que le de sentido económico a trabajar.
Si una cooperativa de Argentina trabaja quiere cortar su cordón umbilical con el municipio y quiere presentarse a licitaciones de obras públicas, de cualquier dimensión, no puede cumplir con la normativa vigente para ser considerada proveedor del Estado.
Antes fueron los planes Trabajar; aún antes el apoyo a microemprendimientos, que debían luego competir en el mercado, con previsible destino de fracaso.
En paralelo con eso, el gobierno ha avanzado con un verdadero arsenal de derechos civiles, pero sin ninguna vinculación con las facetas económicas, lo cual en muchos casos hace casi imposible ejercer el derecho ganado.
La ley de Medios Audiovisuales intenta abrir el espacio radioeléctrico, pero eso no ha sucedido, más allá de la disputa con Clarín. No ha sucedido porque los emprendimientos comunitarios o de sector o de cualquier tipo de identidad social necesitan dinero para instalarse y dinero para mantenerse, que la ley no imagina ni quien lo pone ni quien lo genera en ningún artículo.
Las leyes de identidad de género son valiosas como derecho civil, pero no dan una sola señal sobre como una travesti puede escapar de la trampa de la prostitución.
Una y otra vez la lógica detrás de todas estas iniciativas es: Para vivir bien hay que sobrevivir – y mejor triunfar – en el mercado. Al que pierde lo compensamos con algún ingreso de subsistencia o más genérico, identificando su derecho civil, pero no con mecanismos sustentables de integración productiva. Esto es un problema de cada uno.
Este punto de vista lo he expuesto ya en varias ocasiones, pero tal vez ha faltado responder una pregunta: ¿hasta donde deben llegar los derechos económicos de un ciudadano medio?
Ningún país del mundo logra – ni busca – compensar a un desocupado o a alguien con bajas aptitudes laborales o sociales con un ingreso que le permita tener una calidad de vida equivalente a quien trabaja con adecuada eficiencia. Sería socialmente muy conflictivo que eso sucediera, por obvias razones de pérdida de motivación para el esfuerzo.
Pero todos los países desarrollados tienen facilidades para el desempeño de actividades productivas y de servicios y sistemas de protección y estímulo para las unidades más pequeñas que reconocen explícitamente la dificultad asociada a la diferencia de poder económico.
Además de eso, tienen algo que en nuestro país es casi inexistente: un intento de acordar cuales son los derechos económicos universales.
Los ingleses han tenido un enorme sistema de viviendas públicas alquiladas a precios muy bajos. Los estadounidenses durante décadas – y hasta hoy en versión reducida – contaron con la estampilla para alimentos. En los países nórdicos, el Estado es empleador de última instancia y por lo tanto cualquier desocupado puede pedir y conseguir trabajo allí por un salario básico.
Los ejemplos pueden seguir, pero con solo tres se desprende que de esos intentos no surge un criterio común.
¿Cuál es el derecho fundamental? ¿Trabajar o tener un ingreso de subsistencia?
Tal vez no sea necesario sacar punta tan fina como para optar por un camino u otro. No son equivalentes, ni como lógica social, ni como esfuerzo económico que eso le demanda a un Estado, pero propongo postergar esta discusión, que tiene entidad propia. Lo que seguramente necesita una mejor definición que la que actualmente contamos, y no puede esperar, es qué entendemos por subsistencia.
¿Es comer aunque se viva en una casa de cartón? ¿Es comer y vestirse, disponer de una vivienda con comodidades básicas, pero estar expuesto a que un episodio meteorológico atípico nos ponga el agua al cuello?
Poner la comida y la vestimenta al mismo nivel que la educación y la salud, como derechos comunitarios, necesita un largo camino todavía, pero es un reclamo de inmediata comprensión y desafía aplicar inteligencia para diseñar los caminos por los cuales eso se consigue.
La vivienda y el ambiente no agresivo, a su vez, son temas mucho más ríspidos de tratar en un país que tiene un déficit de 3 Millones de viviendas, lo cual significa que no solo los desocupados o muy pobres tienen el problema. Buena parte de los empleados públicos de cualquier estrato en la Argentina, por ejemplo, no tienen ingresos que les permitan acceder a la vivienda propia. Además de ellos, por supuesto, muchos trabajadores de 8 y más horas diarias en el sector privado.
Convertir el derecho a un techo en un valor que obligue a los gobiernos, que esté incorporado a la legislación, es un arduo pero necesario trabajo. Organizaciones como HabitarArgentina(www.habitarargentina.blogspot.com) ya han presentado proyectos de ley de ordenamiento territorial; de vivienda y producción social del hábitat; de regularización dominial; de desalojos y alquileres, que deberían tomar mucha mayor visibilidad, para interpelar al Estado, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Estos son los reales derechos básicos que se debe discutir. Comer, vestirse, acceder a una vivienda digna y sustentable. Ya hemos transitado antes – no hace nada de tiempo – por situaciones históricas donde la corrupción o el autoritarismo real o aparente de un gobernante parecían la causa de todos los males. Hoy, hay fracciones de la sociedad que vuelven a tapar el sol con una red. Y hay funcionarios de gobierno que creen que salvar esas batallas es ganar la guerra.
Como siempre, la llave del baúl la tiene quien gobierna. Si se encaran de verdad y en profundidad los temas aquí apenas esbozados se abarcará las inquietudes y hasta las angustias de buena parte de los reclamos. Quedarán aislados y frente a su propia mezquindad quienes tienen como objetivo central asumir mayor poder social para profundizar la injusticia, los que solo miran hacia atrás, repitiendo recetas que hasta el sentido común ya rechaza.
Si vamos al fondo, ganamos. Si persistimos en el juego de las acusaciones o defensas respecto de un sistema que se acepta como el adecuado, pero de ninguna manera lo es, perdemos todos. O casi todos.
Escrito por Enrique Mario Martinez Sin embargo, las estructuras en que cada instrumento se enmarca tienden paradojalmente a perpetuar la dependencia del apoyo público.
En efecto, si una madre cobra asignación universal por su hijo pequeño y consigue un trabajo, normalmente no tiene un jardín maternal que atienda al niño en forma gratuita o a un costo que le de sentido económico a trabajar.
Si una cooperativa de Argentina trabaja quiere cortar su cordón umbilical con el municipio y quiere presentarse a licitaciones de obras públicas, de cualquier dimensión, no puede cumplir con la normativa vigente para ser considerada proveedor del Estado.
Antes fueron los planes Trabajar; aún antes el apoyo a microemprendimientos, que debían luego competir en el mercado, con previsible destino de fracaso.
En paralelo con eso, el gobierno ha avanzado con un verdadero arsenal de derechos civiles, pero sin ninguna vinculación con las facetas económicas, lo cual en muchos casos hace casi imposible ejercer el derecho ganado.
La ley de Medios Audiovisuales intenta abrir el espacio radioeléctrico, pero eso no ha sucedido, más allá de la disputa con Clarín. No ha sucedido porque los emprendimientos comunitarios o de sector o de cualquier tipo de identidad social necesitan dinero para instalarse y dinero para mantenerse, que la ley no imagina ni quien lo pone ni quien lo genera en ningún artículo.
Las leyes de identidad de género son valiosas como derecho civil, pero no dan una sola señal sobre como una travesti puede escapar de la trampa de la prostitución.
Una y otra vez la lógica detrás de todas estas iniciativas es: Para vivir bien hay que sobrevivir – y mejor triunfar – en el mercado. Al que pierde lo compensamos con algún ingreso de subsistencia o más genérico, identificando su derecho civil, pero no con mecanismos sustentables de integración productiva. Esto es un problema de cada uno.
Este punto de vista lo he expuesto ya en varias ocasiones, pero tal vez ha faltado responder una pregunta: ¿hasta donde deben llegar los derechos económicos de un ciudadano medio?
Ningún país del mundo logra – ni busca – compensar a un desocupado o a alguien con bajas aptitudes laborales o sociales con un ingreso que le permita tener una calidad de vida equivalente a quien trabaja con adecuada eficiencia. Sería socialmente muy conflictivo que eso sucediera, por obvias razones de pérdida de motivación para el esfuerzo.
Pero todos los países desarrollados tienen facilidades para el desempeño de actividades productivas y de servicios y sistemas de protección y estímulo para las unidades más pequeñas que reconocen explícitamente la dificultad asociada a la diferencia de poder económico.
Además de eso, tienen algo que en nuestro país es casi inexistente: un intento de acordar cuales son los derechos económicos universales.
Los ingleses han tenido un enorme sistema de viviendas públicas alquiladas a precios muy bajos. Los estadounidenses durante décadas – y hasta hoy en versión reducida – contaron con la estampilla para alimentos. En los países nórdicos, el Estado es empleador de última instancia y por lo tanto cualquier desocupado puede pedir y conseguir trabajo allí por un salario básico.
Los ejemplos pueden seguir, pero con solo tres se desprende que de esos intentos no surge un criterio común.
¿Cuál es el derecho fundamental? ¿Trabajar o tener un ingreso de subsistencia?
Tal vez no sea necesario sacar punta tan fina como para optar por un camino u otro. No son equivalentes, ni como lógica social, ni como esfuerzo económico que eso le demanda a un Estado, pero propongo postergar esta discusión, que tiene entidad propia. Lo que seguramente necesita una mejor definición que la que actualmente contamos, y no puede esperar, es qué entendemos por subsistencia.
¿Es comer aunque se viva en una casa de cartón? ¿Es comer y vestirse, disponer de una vivienda con comodidades básicas, pero estar expuesto a que un episodio meteorológico atípico nos ponga el agua al cuello?
Poner la comida y la vestimenta al mismo nivel que la educación y la salud, como derechos comunitarios, necesita un largo camino todavía, pero es un reclamo de inmediata comprensión y desafía aplicar inteligencia para diseñar los caminos por los cuales eso se consigue.
La vivienda y el ambiente no agresivo, a su vez, son temas mucho más ríspidos de tratar en un país que tiene un déficit de 3 Millones de viviendas, lo cual significa que no solo los desocupados o muy pobres tienen el problema. Buena parte de los empleados públicos de cualquier estrato en la Argentina, por ejemplo, no tienen ingresos que les permitan acceder a la vivienda propia. Además de ellos, por supuesto, muchos trabajadores de 8 y más horas diarias en el sector privado.
Convertir el derecho a un techo en un valor que obligue a los gobiernos, que esté incorporado a la legislación, es un arduo pero necesario trabajo. Organizaciones como HabitarArgentina(www.habitarargentina.blogspot.com) ya han presentado proyectos de ley de ordenamiento territorial; de vivienda y producción social del hábitat; de regularización dominial; de desalojos y alquileres, que deberían tomar mucha mayor visibilidad, para interpelar al Estado, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Estos son los reales derechos básicos que se debe discutir. Comer, vestirse, acceder a una vivienda digna y sustentable. Ya hemos transitado antes – no hace nada de tiempo – por situaciones históricas donde la corrupción o el autoritarismo real o aparente de un gobernante parecían la causa de todos los males. Hoy, hay fracciones de la sociedad que vuelven a tapar el sol con una red. Y hay funcionarios de gobierno que creen que salvar esas batallas es ganar la guerra.
Como siempre, la llave del baúl la tiene quien gobierna. Si se encaran de verdad y en profundidad los temas aquí apenas esbozados se abarcará las inquietudes y hasta las angustias de buena parte de los reclamos. Quedarán aislados y frente a su propia mezquindad quienes tienen como objetivo central asumir mayor poder social para profundizar la injusticia, los que solo miran hacia atrás, repitiendo recetas que hasta el sentido común ya rechaza.
Si vamos al fondo, ganamos. Si persistimos en el juego de las acusaciones o defensas respecto de un sistema que se acepta como el adecuado, pero de ninguna manera lo es, perdemos todos. O casi todos.
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