Tengo la sensación de estar viendo la misma película otra vez, sólo que ahora se traslada al Poder Judicial. Así como el kirchernismo impulsó y sancionó una nueva ley de servicios de comunicación arropado en la bandera de la "democratización" de los medios, ahora levanta el mismo concepto para promover cambios en el funcionamiento de la Justicia.
Por: María O'Donnell
Llegó la hora -nos dicen- de "democratizar" el funcionamiento de los Tribunales.
Como había ocurrido ya con la discusión sobre los medios, el kirchnerismo alimenta su discurso con el trabajo de muchos académicos, en este caso juristas, de prestigio, progresistas, que vienen hace años planteando fuertes críticas (diríamos por izquierda) al funcionamiento interno del Poder Judicial.
Estos debates, que antes sólo se daban en círculos reducidos, por fuera delmainstream (del público en general) pasan a ser alentados desde la Casa Rosada y en todos sus medios de propaganda y afines. De manera inevitable, en el proceso, estos debates se transforman y adquieren otros sentidos, porque empiezan a jugar otros intereses.
¿Cristina Fernández de Kirchner quiere democratizar a la Justicia o sólo busca una excusa para extinguir focos de rebeldía al Poder Ejecutivo?. Con los medios, la pregunta equivalente era si pretendía terminar con el Grupo Clarín y las posiciones dominantes del mercado de cable o barrer también con cualquier expresión de periodismo crítico.
Uno y otro son procesos emparentados: la Casa Rosada posó la lupa sobre los Tribunales a partir del enojo con las medidas cautelares y el lento trámite que la ley de medios ha tenido en la Justicia (que aún dirime un planteo del Grupo Clarín en contra del artículo que lo obligaría a desprenderse de parte de sus medios y un centenar de licencias de cable para adecuarse a la normativa sancionada en el año 2009).
Deben haber colaborado también los disgustos que ocasiones con sus fallos le depara la Corte Suprema de Justicia co al Ejecutivo, aún cuando su actual composición, que la convierte en la de mayor credibilidad de esta etapa de la democracia, es mérito de las designaciones y los procedimientos que puso en marcha Néstor Kirchner. La causa que compromete al vicepresidente Amado Boudou y a su socio comercial en las gestiones para sacar de la quiebra y entregar a manos amigas la imprenta Ciccone Calcográfica marcó también un punto de inflexión en la relación con el Poder Judicial.
El Procurador General, Esteban Righi, pagó con su cargo el no haber impedido que le allanaran un departamento a Boudou y el fiscal Carlos Rívolo se quedó sin la causa. Así y todo, el caso de Boudou es una excepción, porque el expediente aún camina, lento, pero camina. Los jueces federales no suelen hurgar en el poder, los fiscales no tienen autonomía para investigar, faltan recursos para combatir delitos complejos y los funcionarios y ex funcionarios aprovechan las ventajas que ofrece el código procesal para alargar las causas hasta el punto de la prescripción.
La reforma que propone el kirchnerismo, por lo que escuchamos hasta ahora, no busca apuntalar las debilidades del sistema judicial para perseguir casos de corrupción, ni pone el foco en las trayectorias dudosas y las vidas ostentosas de ciertos de jueces federales. Por ahora se trata de un concepto que el Gobierno no tradujo en medidas o propuestas concretas, pero la presidenta podría darle contenido a la "democratización de la justicia" cuando presente mañana sus prioridades para el año legislativo 2013.
Pero ya conocemos ciertos rasgos del discurso que va tomando forma. Cristina Fernández de Kirchner postula que ciertas corporaciones económicas y los medios comunicación ejercen una enorme influencia sobre las decisiones los jueces, fiscales y camaristas. Alega que, si bien siempre se denuncian presiones del Poder Ejecutivo, tanto medios como jueces responden, en realidad, a intereses concentrados de grupos de poder que no aceptan la voluntad de las mayorías. La independencia del Poder Judicial o la libertad de expresión se deprecian en ese movimiento discursivo hasta transformarse en consignas del antiguo régimen.
Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales que (justo) ayer se lanzó en la Biblioteca Nacional, expresaba esta misma idea con las siguientes palabras:
"Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho. (…)
"Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una “justicia legítima”. (…)
Justicia Legítima -liderada entre otros por la nueva jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez- propone entre otros puntos: "discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quienes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles", para eliminar un sistema de designaciones dominado por parentescos y amistades que ha sabido construir la así llamada familia judicial.
(Sólo un paréntesis para enfatizar una de las incoherencias típicas del kirchnerismo: el mismo grado de discrecionalidad, con alta dosis de nepotismo, impera en las contrataciones de los otros dos poderes, de modo que sería deseable que las nuevas reglas a todos abarquen. Lo mismo vale para regalos, viajes y pago de ganancias. No resulta defendible el privilegio auto-concedido por el Poder Judicial a sus integrantes para que no paguen ganancias, pero debemos apuntar que los legisladores no se aplican a sí mismos ningún código de ética, y que la mitad del salario de bolsillo que cobran está exceptuado del pago de ganancias, porque lo perciben en concepto de viáticos y gastos de representación).
Como ocurrió ya en otros ámbitos con la ley de medios, entre los académicos y juristas y empleados del Poder Judicial que venían bregando por una mayor democracia se está produciendo un quiebre. Están quienes prestan sus voces y su trayectoria para legitimar los planes del Poder Ejecutivo y quienes alertan que la maniobra resulta demasiado peligrosa como para ser avalada.
Entre los más críticos de los críticos se ubica el académico Roberto Gargarella. Describió en el blog de su cátedra como "repulsiva" la cercanía "que muchos integrantes de Justicia Legítima muestran en relación con el poder político", enumeró sus "peros" a las propuestas de la agrupación recién nacida y destacó la siguiente como su objeción más importante:
"Está perfecto que tomen partido en los asuntos públicos (frente a la bobada del "prejuzgamiento"), que tengan ideología, que sientan simpatía por el gobierno de turno. Pero nunca, nunca, nunca, ello debe empañar del modo en que lo hace el contenido de la agenda, para forzar el ocultamiento de problemas de escándalo, la protección de los corruptos amigos, la puesta de la justicia al servicio del mismo poder político que debe ser controlado. Aquí no vale la zoncera de que "poder también es el poder económico": ya lo dije antes, el récord de nuestras cárceles habla bien de qué selección han hecho ustedes entre pobres y ricos (cárcel para los primeros, cobijo feliz para los últimos)."
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