Conviene empezar por lo obvio: a toda sociedad le debe interesar que cada ciudadano/a en condiciones de trabajar lo haga, aportando sus capacidades para transformar el entorno, de modo de mejorar la calidad de vida general.
Escrito por Enrique Mario Martinez
El sistema económico vigente, con el capital como condicionante principal de casi cualquier actividad, se ha encargado por siglos de construir una densa trama de causas y efectos, que a su vez son causa de otros efectos, que terminan por oscurecer aquel objetivo. Sin embargo, a pesar de estar oculta detrás de la búsqueda del lucro o de la necesidad de cada uno de subsistir vendiendo su fuerza de trabajo, la justificación social para que todos trabajemos sigue siendo la arriba escrita.
En tal marco, medir la desocupación de la población económicamente activa o mejor: medir la inactividad laboral de todo adulto entre 18 y 65 años en condiciones de trabajar, es un parámetro razonable. Lo que necesita ser motivo de análisis más profundos que los habituales es la densa gama de causas que pueden estar detrás de cada adulto que no trabaja.
La tradición política lo simplifica totalmente: Vincula la ocupación a la demanda de trabajo de las empresas. En consecuencia, si crece la producción, crece el volumen de trabajo y viceversa. El crecimiento de la producción, a su vez, se postula que depende de las inversiones que realicen aquellos que disponen de capital, a quienes por lo tanto hay que mantener interesados y hasta seducirlos especialmente. Eso es habitualmente todo. Principio y fin del trabajo y su contra cara, la desocupación.
El sistema capitalista, sin embargo, se encarga de hacer mucho más denso el tema. Esencialmente, por dos razones:
a) Muchos emprendimientos se dedican a lo mismo, por lo que compiten frente a los consumidores.
b) Entre los productores y los consumidores se instalan intermediarios necesarios algunos y prescindibles otros, que oscurecen el vínculo y se apropian de parte del valor generado.
Tanto por la competencia entre fuerzas económicas desparejas como por el bloqueo de la relación con el consumidor, los más débiles, primero ven deteriorados sus ingresos y en el límite no pueden seguir trabajando.
Hasta los estudiantes de primer año de Economía, argumentarán aquí que esas son las reglas de funcionamiento y que en definitiva la oferta se ajusta a la demanda, por lo que lo importante es expandir la demanda y dejar que se puje libremente por ver quien es el oferente. En teoría, la ocupación debería ser la misma, para una dada demanda.
No obstante, una mirada más cuidadosa sobre este mundo global lleva a conclusiones diferentes.
La competencia frente al consumidor debería ser ganada por quien satisfaga mejor sus necesidades o expectativas. En un mundo con comunicación concentrada, donde “solo existe” lo que aparece por televisión y luego se lo encuentra en una góndola bien visible del hipermercado, aquella meta de la competencia perfecta murió de muerte mediática. Todos lo sabemos y asumimos.
En tal contexto, la construcción de escenarios que mejoren el acceso de los productores a los consumidores constituye por un lado una paradojal meta de progreso y por otro lado, una faceta interesante, en que se ejerce el derecho a trabajar, que se ve violentado por la falta de vínculo con quien necesita lo que alguien puede ofrecer.
En tal marco, medir la desocupación de la población económicamente activa o mejor: medir la inactividad laboral de todo adulto entre 18 y 65 años en condiciones de trabajar, es un parámetro razonable. Lo que necesita ser motivo de análisis más profundos que los habituales es la densa gama de causas que pueden estar detrás de cada adulto que no trabaja.
La tradición política lo simplifica totalmente: Vincula la ocupación a la demanda de trabajo de las empresas. En consecuencia, si crece la producción, crece el volumen de trabajo y viceversa. El crecimiento de la producción, a su vez, se postula que depende de las inversiones que realicen aquellos que disponen de capital, a quienes por lo tanto hay que mantener interesados y hasta seducirlos especialmente. Eso es habitualmente todo. Principio y fin del trabajo y su contra cara, la desocupación.
El sistema capitalista, sin embargo, se encarga de hacer mucho más denso el tema. Esencialmente, por dos razones:
a) Muchos emprendimientos se dedican a lo mismo, por lo que compiten frente a los consumidores.
b) Entre los productores y los consumidores se instalan intermediarios necesarios algunos y prescindibles otros, que oscurecen el vínculo y se apropian de parte del valor generado.
Tanto por la competencia entre fuerzas económicas desparejas como por el bloqueo de la relación con el consumidor, los más débiles, primero ven deteriorados sus ingresos y en el límite no pueden seguir trabajando.
Hasta los estudiantes de primer año de Economía, argumentarán aquí que esas son las reglas de funcionamiento y que en definitiva la oferta se ajusta a la demanda, por lo que lo importante es expandir la demanda y dejar que se puje libremente por ver quien es el oferente. En teoría, la ocupación debería ser la misma, para una dada demanda.
No obstante, una mirada más cuidadosa sobre este mundo global lleva a conclusiones diferentes.
La competencia frente al consumidor debería ser ganada por quien satisfaga mejor sus necesidades o expectativas. En un mundo con comunicación concentrada, donde “solo existe” lo que aparece por televisión y luego se lo encuentra en una góndola bien visible del hipermercado, aquella meta de la competencia perfecta murió de muerte mediática. Todos lo sabemos y asumimos.
En tal contexto, la construcción de escenarios que mejoren el acceso de los productores a los consumidores constituye por un lado una paradojal meta de progreso y por otro lado, una faceta interesante, en que se ejerce el derecho a trabajar, que se ve violentado por la falta de vínculo con quien necesita lo que alguien puede ofrecer.
No es solo la calidad o el precio lo que discrimina entre oferentes, lo cual sería coherente con el fundamento capitalista, sino también la falta de visibilidad, que así se convierte en una negación de derecho.
Hay situaciones aún más complejas. Existe una política de formación de doctores y post doctores en diversas disciplinas, que recae centralmente sobre las espaldas del Concejo de Investigación Científicas y Técnicas (CONICET). En este momento se ha expandido enormemente el ingreso de becarios, siendo unos 1600 por año. El mismo CONICET absorbe luego – entre 5 y 7 años de trabajo para doctorarse – a unos 600 egresados por año. El resto, en su gran mayoría, no es absorbido por la actividad privada o por el resto del sector público y emigra. Son profesionales del máximo nivel académico alcanzable, que no pueden ejercer su derecho a trabajar en el país. Lo mejor que se hace por ellos es difundir sus antecedentes y unas cuantas corporaciones toman una fracción, beneficiándose de la mucha mayor oferta que demanda.
Se trata de un sin sentido comunitario, que solo puede resolverse con una mirada abarcadora, que defina donde son más útiles esos recursos y facilite allí su aplicación. La ausencia de este marco, no solo bloquea el derecho al trabajo de los directamente interesados, sino que además bloquea el derecho de muchos otros, porque la ausencia de su conocimiento incorporado a la producción nacional, inhibe nuestra capacidad de sustituir variadas importaciones o desarrollar productos innovadores.
La tesis que está detrás de éste y otros documentos similares que se produjeron y seguirán formulando, es contra cultural. Cuestiona la competencia en el mercado como el eje ordenador de una economía, ya que postula que esa confrontación se ha hecho tan desigual, que de manera insólita, intentar volver a la competencia perfecta se ha convertido en una imagen de progreso. Es pertinente, en consecuencia, la intervención del Estado con los reglamentos y subsidios de capital que sean necesarios para asegurar, caso por caso y sector por sector, el derecho a trabajar.
Hay situaciones aún más complejas. Existe una política de formación de doctores y post doctores en diversas disciplinas, que recae centralmente sobre las espaldas del Concejo de Investigación Científicas y Técnicas (CONICET). En este momento se ha expandido enormemente el ingreso de becarios, siendo unos 1600 por año. El mismo CONICET absorbe luego – entre 5 y 7 años de trabajo para doctorarse – a unos 600 egresados por año. El resto, en su gran mayoría, no es absorbido por la actividad privada o por el resto del sector público y emigra. Son profesionales del máximo nivel académico alcanzable, que no pueden ejercer su derecho a trabajar en el país. Lo mejor que se hace por ellos es difundir sus antecedentes y unas cuantas corporaciones toman una fracción, beneficiándose de la mucha mayor oferta que demanda.
Se trata de un sin sentido comunitario, que solo puede resolverse con una mirada abarcadora, que defina donde son más útiles esos recursos y facilite allí su aplicación. La ausencia de este marco, no solo bloquea el derecho al trabajo de los directamente interesados, sino que además bloquea el derecho de muchos otros, porque la ausencia de su conocimiento incorporado a la producción nacional, inhibe nuestra capacidad de sustituir variadas importaciones o desarrollar productos innovadores.
La tesis que está detrás de éste y otros documentos similares que se produjeron y seguirán formulando, es contra cultural. Cuestiona la competencia en el mercado como el eje ordenador de una economía, ya que postula que esa confrontación se ha hecho tan desigual, que de manera insólita, intentar volver a la competencia perfecta se ha convertido en una imagen de progreso. Es pertinente, en consecuencia, la intervención del Estado con los reglamentos y subsidios de capital que sean necesarios para asegurar, caso por caso y sector por sector, el derecho a trabajar.
0 comentarios :
Publicar un comentario