Hay siete proyectos en Diputados y uno en el Senado. A excepción de una de las propuestas que pretende incrementar las penas, el resto coincide en dejar de criminalizar a quienes consumen estupefacientes.
La discusión por la despenalización de las drogas tuvo sus primeros debates parlamentarios y el próximo miércoles será el turno de oír a las asociaciones cannabicultoras. El debate está centrado en siete proyectos presentados en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. Sólo la propuesta presentada por la diputada Graciela Camaño busca incrementar las penas. El resto coincide en la necesidad de quitar el estigma punitivo al consumidor, sea o no un adicto, para resguardar el derecho humano y reorientar las fuerzas de seguridad a la persecución del narcotráfico.
“Estamos frente a personas con necesidades y nos tenemos que hacer cargo de ellas”, expresó el sociólogo Alberto Calabrese el pasado jueves.
A esa altura del debate, había caído el primer estigma: la propuesta despenalizadora, vista desde afuera como una acción política sin sentido aparente, incluye elevar la discusión acerca del entorno de los usuarios de drogas; habla del mismo respeto por las libertades individuales por el cual en Argentina una persona está habilitada para modificar su fisonomía (aunque no puede consumir una sustancia) y busca terminar con el negocio del narcotráfico apuntando a eslabones nunca antes perseguidos, como los laboratorios y la policía. Además, echa luz sobre una subcultura que durante años se movió, por imposición, en las sombras de la legalidad y en la nebulosa de las políticas públicas.
Ninguno de los proyectos analiza la posibilidad de legalizar las drogas. No habrá muchas diferencias si se promulga una nueva ley de drogas (como propone el senador Aníbal Fernández) o se reforma la actual 23.737. Aunque caerá por completo el paradigma penal para el tratamiento de usuarios de drogas que hoy produce 8000 detenciones anuales, de las cuales, sólo el 1% recibe condena efectiva. El ejemplo más claro está en los tratamientos de adicciones que la ley actual contempla como parte de la condena. Todos los proyectos separan la atención de la salud de la sanción penal, y muchos, incluso, contemplan el acceso al tratamiento de la población penitenciaria.
En la actualidad, si una persona es sorprendida fumando un cigarrillo de marihuana en una plaza, le cabe una condena de un mes a dos años, y si lo lleva en un bolsillo puede pasar de uno a seis años encerrado. La diputada Victoria Donda propone la eliminación de ambas figuras legales (tenencia simple y para consumo personal). Su par del radicalismo y ex juez, Ricardo Gil Lavedra, es partidario de conservar la figura de tenencia simple pero la relaciona con la cantidad, el tipo de sustancia poseída y el contexto del secuestro para establecer una pena. Por su parte, el resto de los proyectos agregan requisitos para que la tenencia para consumo no sea punible, como por ejemplo, evaluar la condición social del detenido.
Vender cualquier tipo de drogas seguirá siendo un grave delito. Tanto Aníbal Fernández como Gil Lavedra proponen distinciones en las figuras de tráfico y contrabando. El kirchnerista, incluso, busca que los “grupos delictivos organizados” reciban condenas de ocho a 20 años de prisión y todos proponen la morigeración de los delitos por menudeo o por pasar sustancias a través de las fronteras, dado que las llamadas “mulitas” pertenecen al eslabón más débil del tráfico. Por último, quien cultive marihuana para uso personal hoy recibe una condena de un mes a dos años de prisión. La mayoría de los proyectos dejan de perseguir esta actividad.
Un caso actual - Nicolás L.
Tiene 24 años y está preso desde fines de marzo en una cárcel de Campana, luego de que le secuestraran 13 gramos de marihuana y una planta.
Fuente: Tiempo Argentino
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