Por Alfredo Zaiat
La crisis energética es el argumento que más se ha reiterado para explicar el motivo de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol.
No existe tal crisis entendida como cortes generalizados por insuficiencia de infraestructura o como problemas graves de abastecimiento de combustible para la industria y el consumo general. En estos años se pasaron inviernos de fríos polares y veranos de temperaturas muy elevadas y el sistema no colapsó, operando bajo tensión máxima.
No es casualidad que quienes enfatizan la existencia de una crisis energética sean economistas de la ortodoxia, expertos vinculados con grandes compañías del sector y ex secretarios de Energía que tienen más fracasos que logros en su haber. En realidad, lo que se ha desplegado en toda su dimensión con el déficit de la balanza comercial en el rubro combustibles es la crisis de un modelo energético que ha tenido a ese grupo de especialistas como principales abanderados.
Recién ahora, cuando ese modelo expuso sus límites en un esquema de crecimiento económico con la consiguiente demanda creciente de energía y precios internacionales muy elevados, el kirchnerismo decide cuestionarlo al poner fin a la existencia de la YPF privada y a la libre disponibilidad de los hidrocarburos que gozaban todas las petroleras, tras el objetivo del autoabastecimiento.
El relevamiento realizado por Ricardo De Dicco, del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, muestra que en el período 2004–2011 el gobierno nacional ha gestionado inversiones por 73.448 millones de pesos, equivalente a unos 22.100 millones de dólares en obras ya finalizadas de infraestructura energética. El 74 por ciento de ese total corresponde a inversiones públicas, entre las que se destacan la finalización de Yacyretá y Atucha II, la construcción de nuevas usinas termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y solares, gasoductos regionales, la interconexión eléctrica del país.
El control estatal de YPF, como así también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas y el déficit de la balanza comercial sectorial son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.
La crisis energética es el argumento que más se ha reiterado para explicar el motivo de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol.
No existe tal crisis entendida como cortes generalizados por insuficiencia de infraestructura o como problemas graves de abastecimiento de combustible para la industria y el consumo general. En estos años se pasaron inviernos de fríos polares y veranos de temperaturas muy elevadas y el sistema no colapsó, operando bajo tensión máxima.
No es casualidad que quienes enfatizan la existencia de una crisis energética sean economistas de la ortodoxia, expertos vinculados con grandes compañías del sector y ex secretarios de Energía que tienen más fracasos que logros en su haber. En realidad, lo que se ha desplegado en toda su dimensión con el déficit de la balanza comercial en el rubro combustibles es la crisis de un modelo energético que ha tenido a ese grupo de especialistas como principales abanderados.
Recién ahora, cuando ese modelo expuso sus límites en un esquema de crecimiento económico con la consiguiente demanda creciente de energía y precios internacionales muy elevados, el kirchnerismo decide cuestionarlo al poner fin a la existencia de la YPF privada y a la libre disponibilidad de los hidrocarburos que gozaban todas las petroleras, tras el objetivo del autoabastecimiento.
Antes de las privatizaciones existía un sistema energético integrado y centralizado, con dos grandes subsistemas, uno eléctrico y otro de combustibles. De un lado estaba Agua y Energía Eléctrica –que se asemejaba a una YPF de la energía eléctrica–, Hidronor (El Chocón) y Segba. Y del otro, YPF y Gas del Estado. Era un sistema que funcionaba, con sus más y sus menos, en forma ordenada y eficiente. Una vez que se determinaba la proyección del consumo anual, se establecía un plan de producción de energía desde la más barata hasta la más cara, empezando por el aporte de la hidroelectricidad, después las usinas atómicas, siguiendo el gas –que es menos contaminante y había muchas más reservas que en la actualidad– y finalmente el petróleo. No había saldos exportables porque no había reservas suficientes, y además se privilegiaba el abastecimiento interno. De esa forma, la energía estaba al servicio del desarrollo del país, con el menor costo en cada una de esas fuentes energéticas y un cuadro tarifario más equilibrado que el actual. Esa organización se destruyó con las privatizaciones. Se la cambió por la voracidad de lucro del mercado.
El modelo energético de los ’90 desestructuró ese esquema integrado. El kirchnerismo no lo reconstruyó, pero tampoco lo mantuvo del mismo modo. Lo transformó en uno híbrido, donde los privados hicieron poco y nada para expandirlo, y el Estado fue realizando intervenciones de emergencia para mantenerlo a floteEl relevamiento realizado por Ricardo De Dicco, del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, muestra que en el período 2004–2011 el gobierno nacional ha gestionado inversiones por 73.448 millones de pesos, equivalente a unos 22.100 millones de dólares en obras ya finalizadas de infraestructura energética. El 74 por ciento de ese total corresponde a inversiones públicas, entre las que se destacan la finalización de Yacyretá y Atucha II, la construcción de nuevas usinas termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y solares, gasoductos regionales, la interconexión eléctrica del país.
El control estatal de YPF, como así también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas y el déficit de la balanza comercial sectorial son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.
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