Por primera vez desde que inició su explotación, la actividad de la mina Alumbrera pudo ser detenida por la acción coordinada de cuatro asambleas ambientalistas. Por primera vez, además, lograron impedir el inicio de otra explotación minera irregular, la de Agua Rica.
Pero por primera vez, también, las corporaciones mineras mostraron las uñas y presionaron para que cuerpos especiales de policía primero y proveedores locales, después, usaran la violencia para restablecer la actividad minera en la provincia de Catamarca.
La brutal represión en Tinogasta no lo logró: los vecinos volvieron a la ruta para impedir el paso de los camiones que llevaban materiales para los emprendimientos. En Belén y en Santa María, también. En Andalgalá intentaron entonces otra táctica: armaron una patota que tomó el control del acceso a la ciudad e impidió el ingreso de asambleístas, periodistas y delegaciones de derechos humanos.
Así, Andalgalá quedó desde ayer a la madrugada bajo el control de una fuerza parapolicial, con la complicidad de las autoridades locales, que se encargó de revisar autos, palpar a los vecinos, revisar sus pertenencias e impedir el ingreso, entre otros, a los delegados del Serpaj con el siguiente argumento: “Estos son de Pérez Esquivel, que financia a los antimineros”. Luego de obligarlos a abandonar la ciudad, los persiguieron durante casi 50 kilómetros para vigilar su retirada.
El Estado Minero
“Acá no hay Estado de Derecho: hay Estado Minero”, sintetiza la asambleísta de El Algarrobo en diálogo telefónico con lavaca. No fue fácil concretar la comunicación. “Es que nos interfieren los teléfonos así como las transmisiones de nuestra radio comunitaria”, explica la asambleísta.
El Estado Minero
“Acá no hay Estado de Derecho: hay Estado Minero”, sintetiza la asambleísta de El Algarrobo en diálogo telefónico con lavaca. No fue fácil concretar la comunicación. “Es que nos interfieren los teléfonos así como las transmisiones de nuestra radio comunitaria”, explica la asambleísta.
Sin embargo, la radio sigue transmitiendo gracias a la cadena de radios comunitarias que reproducen sus contenidos y la alojan en sus páginas web. En esos detalles, se notan los avances de la organización asamblearia, que fue tejiendo sus redes en base a solidaridades y batallas territoriales similares.
Esto es exactamente lo que también quedó a la vista estos días cuando el juez de minas, Raúl Guillermo Cerda autorizó que la multinacional Yamana Gold (que también participa en el consorcio que explota la Alumbrera) realice tareas menores en el proyecto Agua Rica, aún cuando les recordó que por resolución de la justicia “antes de los inicios de los trabajos, deberá contar con la declaración de impacto ambiental, para que luego la Secretaría de Minería haga un seguimiento y control de los trabajos que se vayan efectuando”.
Yamana interpretó como le convenía esta resolución e intentó avanzar con la instalación, pero los vecinos de Belén detectaron el paso de camiones cargando “unos caños enormes y tanques con líquidos que vaya a saber qué tenían”.
Fue entonces cuando decidieron hacer las dos cosas que ya aprendieron que hay que hacer en esos casos para que las mineras acaten la letra de la ley: controlar la ruta y avisar a las otras asambleas. Así se sumaron las de Andalgalá, Santa María y Tunagasta. No se dedicaron a cortar la ruta, sino a impedir el paso de los camiones mineros.
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