El sacerdote Julio César Grassi fue detenido este lunes por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal de Morón. Ya había sido condenado en tres instancias a 15 años por abuso sexual y corrupción de menores, sin embargo no había pasado ni un solo día preso. La primera denuncia fue realizada en el año 2000.
Esta semana se realizó la primera audiencia del juicio por la detención ilegal y posterior muerte del adolescenteWalter Bulacio cuando trataba de asistir a un recital de los Redonditos de Ricota en 1991. Está imputado el ex comisario Miguel Ángel Espósito por el delito de privación de la libertad pero no por el homicidio del chico de 17 años que quedará sin resolverse.
Esta semana se realizó la primera audiencia del juicio por la detención ilegal y posterior muerte del adolescenteWalter Bulacio cuando trataba de asistir a un recital de los Redonditos de Ricota en 1991. Está imputado el ex comisario Miguel Ángel Espósito por el delito de privación de la libertad pero no por el homicidio del chico de 17 años que quedará sin resolverse.
La causa tardó 22 años en tramitarse y pasó por las manos de 27 jueces. “Darle a cada uno lo que cada uno merece”. La definición más sencilla de Justicia parece una consigna revolucionaria.
Hemos señalado, a riesgo de cansar, que el problema más serio de Argentina no está en la desigualdad social, lainseguridad o la corrupción. El mayor problema que tiene el país es la pésima administración judicial.
En términos generales es ineficaz –una ínfima cantidad de las causas abiertas llega a sentencia–, es lenta –los ejemplos que abren esta nota son elocuentes– y casi nunca afecta a los poderosos. Rara vez un dirigente político en actividad recibe algún castigo y ni hablar de empresarios y banqueros. Con los contactos adecuados y los abogados indicados la impunidad está al alcance de la mano.
Hay que sumar la falta de recursos humanos y materiales, la mora en la designación de jueces y la cantidad dedemandas acumuladas. Así en las últimas semanas prescribieron por el paso del tiempo causas contra Carlos Menem y María Julia Alsogaray y hay otras tantas en vías de extinción. Entre los seis Tribunales Orales Federales de la Capital Federal (que entienden en denuncias contra funcionarios, casos de narcotráfico y delitos de lesa humanidad entre otros temas) tienen 2.387 juicios pendientes.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura merecen un párrafo aparte. Insumen gran parte de la atención y los recursos de los fueros federales. El juez de La Plata Carlos Rozansky, quien condenó a varios represores, lo explicó claramente: “a este ritmo necesitaremos cien años para terminar con los juicios”.
Debatir alguna forma de acortar y acotar los procesos, tal vez delimitando la zona de acción de los represores, esimprescindible. Los familiares de las víctimas y los organismos defensores de los derechos humanos deberíancomprender que de esta manera la búsqueda de memoria, verdad y justicia no llega a cumplirse.
Por otro lado, más allá de las chicanas políticas, una reforma judicial es indispensable. Para eso hace falta elconsenso de las fuerzas políticas democráticas. Se debe iniciar un proceso similar al que transitan los proyectos de modificación de los Códigos Civil y Comercial. Reunir a los mejores especialistas para que elaboren una solución viable a esta verdadera emergencia judicial. De lo contrario seguiremos asistiendo a escenas deprivilegio e impunidad.
Hemos señalado, a riesgo de cansar, que el problema más serio de Argentina no está en la desigualdad social, lainseguridad o la corrupción. El mayor problema que tiene el país es la pésima administración judicial.
En términos generales es ineficaz –una ínfima cantidad de las causas abiertas llega a sentencia–, es lenta –los ejemplos que abren esta nota son elocuentes– y casi nunca afecta a los poderosos. Rara vez un dirigente político en actividad recibe algún castigo y ni hablar de empresarios y banqueros. Con los contactos adecuados y los abogados indicados la impunidad está al alcance de la mano.
Hay que sumar la falta de recursos humanos y materiales, la mora en la designación de jueces y la cantidad dedemandas acumuladas. Así en las últimas semanas prescribieron por el paso del tiempo causas contra Carlos Menem y María Julia Alsogaray y hay otras tantas en vías de extinción. Entre los seis Tribunales Orales Federales de la Capital Federal (que entienden en denuncias contra funcionarios, casos de narcotráfico y delitos de lesa humanidad entre otros temas) tienen 2.387 juicios pendientes.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura merecen un párrafo aparte. Insumen gran parte de la atención y los recursos de los fueros federales. El juez de La Plata Carlos Rozansky, quien condenó a varios represores, lo explicó claramente: “a este ritmo necesitaremos cien años para terminar con los juicios”.
Debatir alguna forma de acortar y acotar los procesos, tal vez delimitando la zona de acción de los represores, esimprescindible. Los familiares de las víctimas y los organismos defensores de los derechos humanos deberíancomprender que de esta manera la búsqueda de memoria, verdad y justicia no llega a cumplirse.
Por otro lado, más allá de las chicanas políticas, una reforma judicial es indispensable. Para eso hace falta elconsenso de las fuerzas políticas democráticas. Se debe iniciar un proceso similar al que transitan los proyectos de modificación de los Códigos Civil y Comercial. Reunir a los mejores especialistas para que elaboren una solución viable a esta verdadera emergencia judicial. De lo contrario seguiremos asistiendo a escenas deprivilegio e impunidad.
0 comentarios :
Publicar un comentario