La economía de mercado ha expandido la producción global en sus 200 años de hegemonía, pero a la vez ha quebrado el tejido social en varias direcciones. La asimetría en la producción y sobre todo en la distribución de la riqueza es la norma y no la excepción y además, se ha perpetuado de generación en generación.
Escrito por Enrique Mario Martinez
El reconocimiento de esa dura condición nos ha llevado a hablar de incluidos y excluidos y a sostener como una meta de justicia social que los últimos dejen de serlo.
Como es habitual con estas definiciones tan abarcativas, su interpretación está más asociada a las imágenes colectivas que a frases muy precisas.
¿Qué es la inclusión?
Cada uno que lea esto podría ensayar su respuesta, pero me animo a decir que una mayoría diría – pensaría – que estar incluido es contar al menos con los recursos suficientes para comprar los bienes que satisfagan las necesidades de subsistencia. Sería esto estar incluido por ingresos.
A esa condición apuntan desde la asignación universal por hijo hasta los subsidios al transporte o el aumento del salario mínimo. Se trata del mayor esfuerzo hecho en tiempos de globalización en toda Latinoamérica por conseguir que cada miembro de la comunidad tenga un peso en el bolsillo para al menos alimentarse y vestirse.
Sin embargo, se debe formular una pregunta incómoda: quien depende de la asignación universal por hijo, complementada con alguna changa o esta incorporado a cualquiera de las varias alternativas para tener un ingreso subsidiado, ¿se siente incluido?
Mi experiencia personal, siempre insuficiente para quienes peleamos por la justicia social para los compañeros, pero desde un ámbito familiar de clase media, me dice que no.
Esa diferencia entre lo que dicen las estadísticas y lo que sienten los involucrados, puede tener una explicación “de mercado” y otra más vital.
Desde “el mercado” no habrá subsidio alguno posible que permita que el subsidiado acceda a un confort básico de la vida moderna. Comer y vestirse puede ser, pero desde allí, empezando por un pedazo de tierra para construir una vivienda, aunque sea en una generación y siguiendo por todos los demás elementos que quedan detrás de la vidriera, imposible.
Esta insuficiencia, no obstante, no es reclamo generalizado de los subsidiados, más allá de cierta mirada perversa de quienes ni conocen un pobre ni comparten que la justicia social es un deber colectivo, que sostienen que el subsidiado pretender vivir de arriba.
No es reclamo porque, en esencia, todos – “ellos” y “nosotros” – compartimos el concepto básico que deberíamos ganarnos el pan con el sudor de la frente.
El punto es que la economía de mercado le niega a millones de compatriotas dos cosas:
a) El derecho al trabajo en condiciones dignas.
b) Algo más sutil y enteramente decisivo para dejar de sentirse excluido: el reconocimiento de algún otro – algún “incluido” – del valor del trabajo que podamos realizar.
El primer componente es un hecho objetivo, por el que un gobernante con vocación social normalmente brega, dentro de los laberintos de la economía de mercado.
El segundo componente es, en cualquier condición, el determinante duro de la inclusión o de su fracaso.
De tal modo, no solo los jóvenes que ni estudian ni trabajan o las madres solteras que dependen de la AUH se consideran a sí mismos excluidos, tengan o no un piso de ingresos.
Los cartoneros; los artesanos combatidos por los comerciantes; los miembros de la agricultura familiar muchas veces perseguidos por los apropiadores de tierra y nunca incorporados a sistemas de abastecimiento popular de alimentos; los cooperativistas de Argentina Trabaja con planes de labor difusos. Todos ellos son trabajadores; casi todos ellos no alcanzan ingresos básicos; pero más que eso, ninguno de ellos cuenta con el reconocimiento social que avale la necesidad de su trabajo.
Desde fuera de ese universo, alguien podrá poner en una estadística que estos compatriotas, sumando los ingresos que generan, más algunos subsidios que reciben, están por encima de niveles de indigencia y hasta por encima de niveles de pobreza. Y se los considerará incluidos.
Desde dentro, sin embargo, la dependencia del presupuesto público y la ajenidad en que el resto de la sociedad los coloca, hace que se consoliden todas las lógicas de un excluido, de alguien que siente que está fuera del interés del Estado y de la gran mayoría de sus compatriotas.
La inclusión tiene como condiciones categóricas, reitero:
. Identificación de roles sociales o productivos mal cubiertos o que deben ser democratizados, ya que han ido convirtiéndose en ámbitos con control monopólico u oligopólico.
. Identificación de bienes o servicios cuya prestación corregiría esas falencias y cuya tecnología está al alcance de trabajadores preparados en corto plazo. Validación social de estas iniciativas, desde el Estado y desde la comunidad, a través de difusión, debate, hasta incorporar el concepto en el conciente colectivo.
. Capacitación de grupos de excluidos – definición ésta desde la subjetividad de los compatriotas – para que puedan desempeñar estas tareas.
. Promoción amplia y generalizada de esos emprendimientos.
Allí está el camino.
El reconocimiento de esa dura condición nos ha llevado a hablar de incluidos y excluidos y a sostener como una meta de justicia social que los últimos dejen de serlo.
Como es habitual con estas definiciones tan abarcativas, su interpretación está más asociada a las imágenes colectivas que a frases muy precisas.
¿Qué es la inclusión?
Cada uno que lea esto podría ensayar su respuesta, pero me animo a decir que una mayoría diría – pensaría – que estar incluido es contar al menos con los recursos suficientes para comprar los bienes que satisfagan las necesidades de subsistencia. Sería esto estar incluido por ingresos.
A esa condición apuntan desde la asignación universal por hijo hasta los subsidios al transporte o el aumento del salario mínimo. Se trata del mayor esfuerzo hecho en tiempos de globalización en toda Latinoamérica por conseguir que cada miembro de la comunidad tenga un peso en el bolsillo para al menos alimentarse y vestirse.
Sin embargo, se debe formular una pregunta incómoda: quien depende de la asignación universal por hijo, complementada con alguna changa o esta incorporado a cualquiera de las varias alternativas para tener un ingreso subsidiado, ¿se siente incluido?
Mi experiencia personal, siempre insuficiente para quienes peleamos por la justicia social para los compañeros, pero desde un ámbito familiar de clase media, me dice que no.
Esa diferencia entre lo que dicen las estadísticas y lo que sienten los involucrados, puede tener una explicación “de mercado” y otra más vital.
Desde “el mercado” no habrá subsidio alguno posible que permita que el subsidiado acceda a un confort básico de la vida moderna. Comer y vestirse puede ser, pero desde allí, empezando por un pedazo de tierra para construir una vivienda, aunque sea en una generación y siguiendo por todos los demás elementos que quedan detrás de la vidriera, imposible.
Esta insuficiencia, no obstante, no es reclamo generalizado de los subsidiados, más allá de cierta mirada perversa de quienes ni conocen un pobre ni comparten que la justicia social es un deber colectivo, que sostienen que el subsidiado pretender vivir de arriba.
No es reclamo porque, en esencia, todos – “ellos” y “nosotros” – compartimos el concepto básico que deberíamos ganarnos el pan con el sudor de la frente.
El punto es que la economía de mercado le niega a millones de compatriotas dos cosas:
a) El derecho al trabajo en condiciones dignas.
b) Algo más sutil y enteramente decisivo para dejar de sentirse excluido: el reconocimiento de algún otro – algún “incluido” – del valor del trabajo que podamos realizar.
El primer componente es un hecho objetivo, por el que un gobernante con vocación social normalmente brega, dentro de los laberintos de la economía de mercado.
El segundo componente es, en cualquier condición, el determinante duro de la inclusión o de su fracaso.
De tal modo, no solo los jóvenes que ni estudian ni trabajan o las madres solteras que dependen de la AUH se consideran a sí mismos excluidos, tengan o no un piso de ingresos.
Los cartoneros; los artesanos combatidos por los comerciantes; los miembros de la agricultura familiar muchas veces perseguidos por los apropiadores de tierra y nunca incorporados a sistemas de abastecimiento popular de alimentos; los cooperativistas de Argentina Trabaja con planes de labor difusos. Todos ellos son trabajadores; casi todos ellos no alcanzan ingresos básicos; pero más que eso, ninguno de ellos cuenta con el reconocimiento social que avale la necesidad de su trabajo.
Desde fuera de ese universo, alguien podrá poner en una estadística que estos compatriotas, sumando los ingresos que generan, más algunos subsidios que reciben, están por encima de niveles de indigencia y hasta por encima de niveles de pobreza. Y se los considerará incluidos.
Desde dentro, sin embargo, la dependencia del presupuesto público y la ajenidad en que el resto de la sociedad los coloca, hace que se consoliden todas las lógicas de un excluido, de alguien que siente que está fuera del interés del Estado y de la gran mayoría de sus compatriotas.
La inclusión tiene como condiciones categóricas, reitero:
. Identificación de roles sociales o productivos mal cubiertos o que deben ser democratizados, ya que han ido convirtiéndose en ámbitos con control monopólico u oligopólico.
. Identificación de bienes o servicios cuya prestación corregiría esas falencias y cuya tecnología está al alcance de trabajadores preparados en corto plazo. Validación social de estas iniciativas, desde el Estado y desde la comunidad, a través de difusión, debate, hasta incorporar el concepto en el conciente colectivo.
. Capacitación de grupos de excluidos – definición ésta desde la subjetividad de los compatriotas – para que puedan desempeñar estas tareas.
. Promoción amplia y generalizada de esos emprendimientos.
Allí está el camino.
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