Fuente: Diario Sur
El martes, por un supuesto error, la policía de la provincia allanó y destruyó la casa de una testigo que está a punto de declarar contra ellos. Para tapar el escándalo, el ministro Casal mandó a comprar muebles nuevos.
María Elena Leuzzi estaba nerviosa. Todavía le duraba el susto por la irrupción policial, y ahora se mezclaba con una excitación distinta al miedo: la que produce la movilización que viene después, cuando uno se convierte en el centro de la atención.
–Llame en un ratito –dijo a Miradas al Sur cuando atendió su teléfono celular–. Ahora estoy dando una conferencia de prensa.
La conferencia era, en rigor, una entrevista con el noticiero de un canal local, llamado Somos Norte. Y junto a la titular de Avivi (Ayuda a Víctimas de Violación), la ONG que preside Leuzzi y que ayuda a víctimas de violaciones, estaba el comisario Jorge Omar Nasrala, jefe de la Departamental de San Isidro.
–La hicimos para que me desvinculara totalmente del asunto –explicó después la mujer–. Por error pusieron mi domicilio en las órdenes de allanamiento. Por eso pasó todo lo que pasó.
El supuesto error tuvo lugar el martes último a las 6 de la mañana. Leuzzi y su hija se despertaron con un grupo de elite de la policía Bonaerense destruyendo su casa. “Abrí los ojos”, contó luego la mujer, “y había un policía todo camuflado, apuntándome con un arma. Mi hija tiene el brazo enyesado, y como no se podía levantar de la cama, la rompieron toda”.
Si bien destruir todo lo que se les cruce en el camino suele ser una práctica común en los allanamientos en territorio bonaerense, esta vez el final fue distinto. Cuando el hecho se hizo público, Ricardo Casal, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, llamó a la mujer para pedirle disculpas y ordenó hacer algo inédito: reparar todos los daños.
La propia Leuzzi hizo un inventario de lo que los hombres de azul rompieron durante la irrupción. “Trajeron carpinteros de la policía de Tigre y arreglaron todas las puertas y el escritorio. En la comisaría nos dieron una cama y un monitor nuevos, y arreglaron las dos computadoras que habían roto”, contó la mujer satisfecha.
¿Por qué la policía cometió un error tan violento, y por qué Casal se apuró a arreglarlo tan rápidamente? La respuesta quizás esté en un dato que las crónicas sobre el hecho no tomaron en cuenta: dentro de una semana, el 14 de noviembre a las 9 de la mañana, Leuzzi está citada para hacer un reconocimiento fotográfico de los policías que el 6 de mayo de 2007 dispararon contra varias personas en la puerta de su casa.
Aquella vez, los agentes de la bonaerense dejaron una docena de heridos por balas de goma, entre ellos una nena de 13 años que recibió el impacto en el cuello. En aquel entonces, Leuzzi contó a los medios que entre los heridos estaba su hija, quien tenía “una herida en la cabeza por un culatazo”, que otra sobrina suya había recibido un impacto en uno de sus pechos y que su sobrino había terminado con una lesión en el tendón de Aquiles. En sus declaraciones de aquel entonces, la mujer aseguró que tenía “una filmación de todo lo ocurrido donde se ve que la policía atacaba”.
Miradas al Sur consultó a Leuzzi por la relación entre ambos operativos policiales.
–¿No había, por casualidad, algún policía que haya participado de aquel tiroteo en el allanamiento a su casa?
Del otro lado de la línea hubo un silencio. Y, luego, una palabra:
–Macario.
Y otro silencio.
Después, un nombre completo, un cargo:
–Miguel Angel Macario. El comisario Macario.
Así se llama el jefe de la Distrital San Fernando, el hombre que encabezó el operativo que destrozó la casa de la mujer que estaba a punto de declarar por un hecho que lo involucra.
A Leuzzi, una mujer humilde que en el pasado supo apoyar a Macri y a Blumberg en su cruzada por endurecer las leyes, no le gustaron las preguntas de Miradas al Sur.
–Casal es un muy buen ministro. Un hombre de gran corazón –dijo.
Luego, cortó la comunicación.
“Romper y robar es lo común en todos los allanamientos”, explicó aMiradas al Sur un funcionario judicial a punto de jubilarse, en la zona norte del conurbano. “En los juicios orales, sobre todo, la gente cuenta cómo les destrozan la casa, les roban cadenitas y plata y todo aquello que se puedan llevar. Casi nadie denuncia porque después se pone espesa la convivencia con la policía de la zona. San Fernando es de lo peor, tierra de nadie.”
Allanar por error casas de testigos que declaran contra la policía tampoco es algo nuevo. La mayoría de las veces, igual que cuando los domicilios allanados son saqueados, son operativos que no trascienden. Un antecedente es el de Clara Britos, una periodista que a principio de la década pasada administraba un periódico barrial den San Vicente y que mantenía un enfrentamiento con el intendente local.
El primero de enero de 2000, la Bonaerense entró a su domicilio con una orden de allanamiento en la que –dirían luego– estaba mal escrita la dirección. Mientras afuera un grupo de 30 policías rodeaba la manzana, adentro, un escuadrón del Grupo Halcón –la tropa de elite de la bonaerense– destrozaba los muebles y golpeaba a la familia.
El hecho quedó en el olvido hasta dos años después, el 26 de junio de 2002. Ese día, Clara Britos miraba la cobertura televisiva de la masacre de Puente Pueyrredón, cuando una imagen la sobresaltó: aquel hombre que hablaba en televisión, el comisario inspector Alfredo Franchiotti, era el mismo que había destrozado su casa dos años antes.
Franchiotti luego sería condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Por destrozar la casa de una periodista nunca fue sancionado. Al contrario: la última de las 18 condecoraciones que acumuló en su carrera la recibió un año después de aquel hecho.
Tratar de tapar los supuestos errores con regalos y prebendas tampoco es una práctica desconocida.
A principio de esta semana trascendió un hecho que desde las filas de la Bonaerense se intentó mantener en secreto: en octubre, una mujer policía que actuaba como señuelo para atrapar a un violador, fue abusada por el sospechoso sin que sus compañeros la auxiliaran.
Según trascendió, luego del hecho los superiores de la mujer le ofrecieron dinero y hasta una casa para que no denunciara el abuso. Pero la mujer decidió seguir adelante.
El martes, por un supuesto error, la policía de la provincia allanó y destruyó la casa de una testigo que está a punto de declarar contra ellos. Para tapar el escándalo, el ministro Casal mandó a comprar muebles nuevos.
María Elena Leuzzi estaba nerviosa. Todavía le duraba el susto por la irrupción policial, y ahora se mezclaba con una excitación distinta al miedo: la que produce la movilización que viene después, cuando uno se convierte en el centro de la atención.
–Llame en un ratito –dijo a Miradas al Sur cuando atendió su teléfono celular–. Ahora estoy dando una conferencia de prensa.
La conferencia era, en rigor, una entrevista con el noticiero de un canal local, llamado Somos Norte. Y junto a la titular de Avivi (Ayuda a Víctimas de Violación), la ONG que preside Leuzzi y que ayuda a víctimas de violaciones, estaba el comisario Jorge Omar Nasrala, jefe de la Departamental de San Isidro.
–La hicimos para que me desvinculara totalmente del asunto –explicó después la mujer–. Por error pusieron mi domicilio en las órdenes de allanamiento. Por eso pasó todo lo que pasó.
El supuesto error tuvo lugar el martes último a las 6 de la mañana. Leuzzi y su hija se despertaron con un grupo de elite de la policía Bonaerense destruyendo su casa. “Abrí los ojos”, contó luego la mujer, “y había un policía todo camuflado, apuntándome con un arma. Mi hija tiene el brazo enyesado, y como no se podía levantar de la cama, la rompieron toda”.
Si bien destruir todo lo que se les cruce en el camino suele ser una práctica común en los allanamientos en territorio bonaerense, esta vez el final fue distinto. Cuando el hecho se hizo público, Ricardo Casal, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, llamó a la mujer para pedirle disculpas y ordenó hacer algo inédito: reparar todos los daños.
La propia Leuzzi hizo un inventario de lo que los hombres de azul rompieron durante la irrupción. “Trajeron carpinteros de la policía de Tigre y arreglaron todas las puertas y el escritorio. En la comisaría nos dieron una cama y un monitor nuevos, y arreglaron las dos computadoras que habían roto”, contó la mujer satisfecha.
¿Por qué la policía cometió un error tan violento, y por qué Casal se apuró a arreglarlo tan rápidamente? La respuesta quizás esté en un dato que las crónicas sobre el hecho no tomaron en cuenta: dentro de una semana, el 14 de noviembre a las 9 de la mañana, Leuzzi está citada para hacer un reconocimiento fotográfico de los policías que el 6 de mayo de 2007 dispararon contra varias personas en la puerta de su casa.
Aquella vez, los agentes de la bonaerense dejaron una docena de heridos por balas de goma, entre ellos una nena de 13 años que recibió el impacto en el cuello. En aquel entonces, Leuzzi contó a los medios que entre los heridos estaba su hija, quien tenía “una herida en la cabeza por un culatazo”, que otra sobrina suya había recibido un impacto en uno de sus pechos y que su sobrino había terminado con una lesión en el tendón de Aquiles. En sus declaraciones de aquel entonces, la mujer aseguró que tenía “una filmación de todo lo ocurrido donde se ve que la policía atacaba”.
Miradas al Sur consultó a Leuzzi por la relación entre ambos operativos policiales.
–¿No había, por casualidad, algún policía que haya participado de aquel tiroteo en el allanamiento a su casa?
Del otro lado de la línea hubo un silencio. Y, luego, una palabra:
–Macario.
Y otro silencio.
Después, un nombre completo, un cargo:
–Miguel Angel Macario. El comisario Macario.
Así se llama el jefe de la Distrital San Fernando, el hombre que encabezó el operativo que destrozó la casa de la mujer que estaba a punto de declarar por un hecho que lo involucra.
A Leuzzi, una mujer humilde que en el pasado supo apoyar a Macri y a Blumberg en su cruzada por endurecer las leyes, no le gustaron las preguntas de Miradas al Sur.
–Casal es un muy buen ministro. Un hombre de gran corazón –dijo.
Luego, cortó la comunicación.
“Romper y robar es lo común en todos los allanamientos”, explicó aMiradas al Sur un funcionario judicial a punto de jubilarse, en la zona norte del conurbano. “En los juicios orales, sobre todo, la gente cuenta cómo les destrozan la casa, les roban cadenitas y plata y todo aquello que se puedan llevar. Casi nadie denuncia porque después se pone espesa la convivencia con la policía de la zona. San Fernando es de lo peor, tierra de nadie.”
Allanar por error casas de testigos que declaran contra la policía tampoco es algo nuevo. La mayoría de las veces, igual que cuando los domicilios allanados son saqueados, son operativos que no trascienden. Un antecedente es el de Clara Britos, una periodista que a principio de la década pasada administraba un periódico barrial den San Vicente y que mantenía un enfrentamiento con el intendente local.
El primero de enero de 2000, la Bonaerense entró a su domicilio con una orden de allanamiento en la que –dirían luego– estaba mal escrita la dirección. Mientras afuera un grupo de 30 policías rodeaba la manzana, adentro, un escuadrón del Grupo Halcón –la tropa de elite de la bonaerense– destrozaba los muebles y golpeaba a la familia.
El hecho quedó en el olvido hasta dos años después, el 26 de junio de 2002. Ese día, Clara Britos miraba la cobertura televisiva de la masacre de Puente Pueyrredón, cuando una imagen la sobresaltó: aquel hombre que hablaba en televisión, el comisario inspector Alfredo Franchiotti, era el mismo que había destrozado su casa dos años antes.
Franchiotti luego sería condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Por destrozar la casa de una periodista nunca fue sancionado. Al contrario: la última de las 18 condecoraciones que acumuló en su carrera la recibió un año después de aquel hecho.
Tratar de tapar los supuestos errores con regalos y prebendas tampoco es una práctica desconocida.
A principio de esta semana trascendió un hecho que desde las filas de la Bonaerense se intentó mantener en secreto: en octubre, una mujer policía que actuaba como señuelo para atrapar a un violador, fue abusada por el sospechoso sin que sus compañeros la auxiliaran.
Según trascendió, luego del hecho los superiores de la mujer le ofrecieron dinero y hasta una casa para que no denunciara el abuso. Pero la mujer decidió seguir adelante.
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